La entidad a cargo de Daniel Tillard judicializó la tasa comercial. Con un fallo adverso, el intendente perdería el 13% de los recursos. El plan preventivo.
Guillermo de Rivas, intendente de Río Cuarto.
Guillermo De Rivas diagrama el segundo ajuste de su gestión para contrarrestar un déficit mensual de cientos de millones de pesos y cubrirse frente a una batalla judicial con el Banco Nación que puede diezmar los ingresos de la Municipalidad de Río Cuarto por más de $22.500 millones. El intendente del sur de Córdoba se alista para enfrentar meses complejos.
En el Palacio de Mójica, como se conoce al edificio estatal, le apuntan al gobierno de Javier Milei, tanto por los fondos que dejaron de llegar para el transporte público como por la caída de la recaudación y la coparticipación. Mientras tanto, se plantean el desafío de achicar el gasto a lo largo y ancho del organigrama municipal sin podar la asistencia social y la atención primaria de salud.
El contexto de las nuevas medidas de austeridad es el desplome en los ingresos propios y por coparticipación del Gobierno provincial, que para Río Cuarto implican resignar $1.400 millones menos mensuales a valores actuales. Pero también el riesgo de perder el 13% de los recursos previstos para este año si prospera el planteo judicial del Banco Nación contra la tasa de Comercio e Industria.
Uno de los objetivos centrales del presupuesto municipal de este año, que incluyó un aumento en los tributos del 119%, había sido la “autonomía financiera” para enfrentar un escenario complejo sin ayuda de la Nación y con la Provincia atravesada también por dificultades. Por eso, el desequilibrio en las cuentas municipales, que alcanzó los $700 millones mensuales, encendió las luces de alerta en el tablero del gobierno local.
Dentro de ese marco general, el propio intendente aclaró que no están pensando en aplicar recortes en las áreas más sensibles en medio de la crisis. De Rivas sugirió que no habrá poda para las partidas de asistencia social ni para la atención primaria de la salud, fundamentales para contener a los segmentos de la población más afectados por la coyuntura económica.
Algo similar había adelantado a comienzos de este año, durante la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante, cuando planteó la consigna “equilibrio fiscal sin desequilibrio social”. Hay funcionarios que también incluyen a la obra pública en esa lista de áreas “lejos de la motosierra”.
La estrategia se plantea un abordaje transversal de todo el organigrama municipal, pero el análisis y el tratamiento se llevaría adelante a escala micro. Es decir que no se afectarían secretarías, subsecretarías o áreas completas, sino que las clavijas se apretarían luego de una revisión del gasto ítem por ítem. Dentro de ese esquema, entran en análisis desde el gasto de personal que depende directamente del municipio hasta los servicios de terceros.
En paralelo, apuntan a mejorar los ingresos a las arcas locales, también con una táctica abarcativa pero pellizcando el gasto a pequeña escala. Bajo esa consigna piensan en engrosar la recaudación tributaria en Comercio e Industria donde todavía es viable, mejorar la cobrabilidad por la prestación de servicios, el uso del espacio público y el recupero del gasto, entre otros.
Aunque no se habló abiertamente de un objetivo cuantificable para esta nueva etapa de ajuste, parece razonable usar como referencia el horizonte más cercano, que es achicar el déficit mensual de $700 millones declarado por la cartera de Economía local.
No es extraño que los términos del plan resulten familiares. Es que, no mucho tiempo atrás, el gobierno de Río Cuarto tuvo que aplicar un torniquete similar sobre las cuentas locales para frenar un déficit que a finales del 2024 le generó un rojo de $1.500 millones en el año.
Más allá de los números, frente al escenario de turbulencia económica, la gestión de De Rivas le apuntó por primera vez en forma abierta al gobierno nacional, achacándole no sólo que le cerró las cajas, sino también que cada vez le traslada más responsabilidades.
La bronca con la administración del presidente libertario, que se masticaba desde hace tiempo, tuvo una primera manifestación durante la primera Cumbre Regional sobre Democracia Participativa a fines de marzo pasado, cuando el tema se planteó como una preocupación transversal a todas las administraciones locales.
Sin embargo, terminó de explotar y tomar forma cuando el Banco Nación fue al Juzgado Federal de Río Cuarto con la pretensión de que se declare la inconstitucionalidad de la tasa de Comercio e Industria, principal fuente de ingresos del Estado local.
El secretario de Economía, Pablo Antonetti, anticipó que esa demanda tiene poder de fuego suficiente para hacerle un hueco al financiamiento del Municipio, si es que prospera en los tribunales federales. “Si la normalización del sector financiero se va a dar en estos términos, estamos hablando de una potencialidad de pérdida recaudación de casi 13 puntos del total del presupuesto. Es un montón de dinero”, advirtió.
Tomando en cuenta que el presupuesto de este año es de $173.619 millones, lo que el municipio estima que puede perder rondaría los $22.500 millones sólo por este concepto. El dinero que se esfumaría de las arcas municipales alcanzaría para pavimentar más de 300 cuadras, de acuerdo al costo informado por el municipio, de alrededor de $6.500 millones para 10 mil metros de calles.
Antonetti explicó además que buena parte de las políticas de austeridad que se aplicarán son de carácter preventivo, pensando en la factibilidad del peor escenario.
Este mes, el gobierno local colocará deuda por $2.500 millones de pesos en el mercado de capitales, con la idea de conseguir liquidez para hacer frente al gasto desde ahora y hasta nuevo aviso. Es que se cree que ésta podría ser la primera de una serie de emisiones de Letras de Tesorería, si es que la coyuntura no mejora.
Por si todo esto no fuera suficiente, hay un dato político detrás del conflicto: el litigio en la Justicia Federal enfrenta a dos vertientes del cordobesismo. Es que la demanda judicial contra la Municipalidad de Río Cuarto fue planteada por el banco que conduce Daniel Tillard, expresidente de Bancor durante el gobierno de Juan Schiaretti.
El próximo 25 de abril se tendrán que ver las caras en la Cámara Federal de Apelaciones de la ciudad de Córdoba, instancia a la que llegan después de que el juez federal de Río Cuarto, Carlos Ochoa, rechazó la medida cautelar planteada por el Banco Nación en febrero pasado.
Pero la judicialización es sólo uno de los frentes de tormenta que tiene Milei. Es que, en el Palacio de Mójica, aseguran que la actividad bancaria misma se vino abajo en el último tiempo, a medida que se fue desinflando la fiebre por los títulos públicos y los volúmenes operados se achicaban.
Esto derivó en que las entidades financieras empezaron a tributar los mínimos declarados ante el municipio, situación que posteriormente es sometida a fiscalización por el propio Estado local. En los hechos, esto significa que los bancos pasaron a tributar en concepto de Comercio e Industria solo la cuarta parte de los 400 millones de pesos que pagaban por mes, hasta poco tiempo atrás.