La cámara alta trataría boleta única el miércoles, idea auspiciada por la Casa Rosada. Al día siguiente, la oposición irá por el presupuesto universitario y contra el DNU de la SIDE.
Victoria Villarruel, con el secretario parlamentario Agustín Giustinian y el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala.
Victoria Villarruel volverá a jugar al ajedrez este fin de semana para no ser la cara de posibles derrotas legislativas en el Senado. Planea llamar a sesión para el miércoles con el objetivo de aprobar la reforma de boleta única y dejar para el jueves una agenda opositora en la que el Gobierno sufriría más derrotas.
Los traspiés podrían llegar con la sanción de la ley que aumenta el presupuesto universitario y la derogación del DNU que aumentó en $100 mil millones de pesos los fondos reservados de la SIDE.
El plan de la vicepresidenta es que, si no hubiera ninguna posibilidad de evitar esas derrotas, estos temas se traten en una sesión el jueves y no eclipsen la victoria por el proyecto de Boleta Única, que si bien no sería sancionado, podría ser enviado con correcciones a Diputados para ser convertida en ley.
Como explicó Letra P, Guillermo Francos mandó el último borrador de BUP el martes con modificaciones pedidas por partidos provinciales y la UCR. Con esos retoques, el vicejefe de Gabinete, Lisandro Catalán, desfiló por los medios para pedir que el tratamiento del proyecto no se demorara otra semana.
En el Senado son más cautos, porque no hay margen de error. Con el rechazo del bloque de Santa Cruz y de Unión por la Patria, hay un máximo de 37 votos, lo justo para la mayoría simple y también para aprobar leyes electorales.
En la cámara alta, las fuentes libertarias no comparten la seguridad de la Casa Rosada sobre el futuro de la BUP. Cuentan que no todos los bloques anunciaron su predisposición a sesionar, como presumen en la jefatura de Gabinete.
Una duda es la UCR, por un pedido de Maximiliano Abad, presidente del comité bonaerense, para contemplar los casos de simultaneidad de los comicios locales con nacionales, como ocurre en su provincia. El último borrador estipula que en esos casos “la oficialización de las boletas únicas de papel y su distribución quedarán a cargo del juez federal con competencia electoral”.
En la Casa Rosada creen que la UCR y al PRO bonaerense cedieron ante otro reclamo de los partidos provinciales (Río Negro y Misiones) plasmado en otra corrección: la exclusión del casillero para votar lista completa, que forma parte del proyecto aprobado en Diputados en 2022. Sólo así aceptan el sistema cordobés, que incluye toda la oferta electoral en una misma papeleta. Es el que prefiere el Gobierno.
El plan del Gobierno era sancionar la BUP en enero, pero se trabó ante la resistencia de las fuerzas locales y la inacción del Gobierno, que en esos meses entendió que lo mejor era poner todas las fichas en la ley Bases, finalmente sancionada en junio.
Las correcciones se negociaron recién después del receso invernal e incluyen el adelanto de la fecha de las elecciones primarias y el inicio de la campaña, para que el Gobierno tenga tiempo de imprimir las boletas.
La tensión en el Senado pasará por dos posibles derrotas para el Gobierno, que hasta ahora la Casa Rosada no parece muy preocupada en evitar.
De ahí surge la molestia de Villarruel: sospecha que el Gobierno la obliga a poner la cara en derrotas que podría impedir si negociara con la oposición dialoguista salidas intermedias.
Pasó con la reforma previsional, sancionada la semana pasada: la vicepresidenta congeló el proyecto dos meses y no quiso participar de la votación. Para la semana próxima, planea que si prosperan temas hostiles para el Gobierno se traten en una sesión aparte, que sería el jueves.
El DNU de los fondos reservados de la SIDE es uno de ellos: con el apoyo de Unión por la Patria, el PRO, un sector de la UCR y de la dupla que responde al gobernador de Chubut, Ignacio Torres, sobrarían los votos para su derogación.
El oficialismo sólo podría evitar una derrota con una fractura grande de Unión por la Patria que nadie imagina. Villarruel frenó dos meses en el verano el tratamiento del DNU 70/23, pero cedió cuando vio que había una mayoría dispuesta a rechazarlo.
Con el decreto de inteligencia, la vice esperará un pedido de sesión que no llegó y si observa un escenario desfavorable, también podría ceder.
De producirse, la derogación de un DNU -para lo que se requiere el rechazo de las dos cámaras- sería un hecho inédito, porque ha sido habitual que los presidentes lo eliminen con otro decreto ante un escenario desfavorable en el Congreso. No está siendo el caso.
El proyecto para aumentar el presupuesto universitario e indexar las partidas a la inflación fue aprobado en Diputados a partir de un acuerdo entre UP, la UCR y el resto de la oposición dialoguista, que se replicará en el Senado.
De hecho, fue el senador radical Flavio Fama, docente universitario en Catamarca, quien durante la última sesión propuso tratar el proyecto para subir el presupuesto en la casa de altos estudios cuando vuelva a abrirse el recinto.
La votación de la preferencia fue con dos tercios y para la oposición la iniciativa quedó incluida en el temario, sin necesidad de repetir una mayoría especial en el recinto.
El oficialismo se muestra dispuesto a embarrar la cancha e impedir que la ley de presupuesto universitario sea sancionada. El jefe del bloque libertario Ezequiel Atacuhe, se negó a convocar este jueves a la comisión de presupuesto para junto a la de Educación para bloquear el dictamen.
Prometió hacerlo el martes, para que el despacho no tenga siete días previos a la sesión, una recomendación del reglamento que en el Senado se respeta a rajatabla. Son maniobras dilatorias.
Atauche no reporta a Villarruel: define la hoja de ruta en la Casa Rosada, donde suele ser convocado por Francos, Catalán, José Rolandi o Lule Menem, cercano a Karina Menem. Este viernes, el jujeño fue a la Casa Rosada a pedir instrucciones. Pronto las llevará al Senado.