El incremento será retroactivo a diciembre. La iniciativa tuvo el voto de la UCR, UP, la izquierda y fuerzas locales. El oficialismo sólo tuvo el respaldo del PRO.
El bloque UP festeja el proyecto que obliga a Javier Milei a aumentar el presupuesto universitario.
Tras celebrar la aprobación del proyecto que restringe las huelgas docentes, Javier Milei tuvo un duro golpe en la Cámara de Diputados: la UCR se alió a Unión por la Patria para aprobar una iniciativa que garantiza un incremento en los gastos de funcionamiento de las universidades e indexa los salarios a la inflación, retroactivos a diciembre.
Como anticipó Letra P, el debate fue impulsado por la UCR, que en junio, cuando se dictaminaron proyectos sobre presupuesto universitario, había preferido relegar esta discusión salarial a las paritarias, que finalmente nunca se iniciaron.
La inacción de Milei para apurar las negociaciones colectivas, que impidió el inicio del segundo cuatrimestre en las casas de estudios superiores, obligó al partido centenario a cambiar de estrategia. Pesó fuerte la presión de los rectores durante el receso invernal. La izquierda y el resto de la oposición dialoguista avalaron el proyecto, sólo rechazado por el PRO y LLA.
"Los docentes universitarios no sólo pierden contra la inflación, sino con los salarios de los empleados del resto del Estado nacional. ¿Por qué un docente universitario doctorado gana lo mismo que el jefe de despacho de cualquiera de ustedes", interpeló a sus pares la radical Danya Tavela, a cargo de negociar el proyecto definitivo, que se aprobó con votos a favor.
El único contrapunto entre los aliados fue el sistema de distribución de recursos en las universidades: UP no aceptó un reparto por los criterios habituales, como la cantidad de alumnos. Sí logró que se incorporaran entre los gastos de funcionamiento el financiamiento de la ciencia y de las extensiones universitarias.
El proyecto tomó como base el dictamen de la UCR, luego de que fueran rechazados los de UP (que establecía subas salariales) y de LLA-PRO (restringido a gastos de funcionamiento). Se aprobó con 143 a favor, reunidos con el radicalismo, el peronismo, la Coalición Cívica, Encuentro Federal y partidos provinciales. Sólo hubo 77 votos en contra, que surgieron del oficialismo (con aliados del MID y Buenos Aires Libre) con el macrismo.
"No podemos permitirnos una ley de fantasía, que vaya en contra del déficit cero, por un razón simple: es el instrumento para mantener a raya la inflación, que hoy nos indicó que fue del 4% durante julio", explicó José Luis Espert (LLA), quien defendió el aumento del 270% que el Gobierno anunció para los gastos de funcionamiento a las universidades.
Le respondió Itaí Hagman, de UP: "No puede decir que otorga una aumento por encima de la inflación y decir que es incongruente nuestro dictamen, que plantea recomponer salarios docentes y no docentes por IPC". En la misma línea, el radical Julio Cobos también cruzó a Espert al considera que "hay que actuar en esta emergencia para garantizar el normal funcionamiento de las universidades en lo que queda del año".
El texto aprobado le encomienda al Gobierno aumentar los gastos de funcionamiento de las universidades en forma bimestral por el Índice de Precios al consumidor (IPC). Milei había anunciado este año una suba del 270%, pero no hay promesas a futuro.
En el artículo quinto, incorporado en la sesión, es el más polémico: se obliga al Gobierno a "recomponer los salarios docentes y no docentes del sistema universitario nacional a partir del 1 de diciembre de 2023 y hasta el mes de sanción de la presente ley por la variación acumulada de la inflación". La indexación por IPC se sostiene hasta el último día del año.
El artículo sexto habilita al Gobierno a no aplicar este aumento en caso de acordar "paritarias a nivel general del sector docente y no docente" para los salarios universitarios. O sea, lo invita al Gobierno a negociar o pagar por inflación.
Unión por la Patria frustró el artículo séptimo, que establecía los criterios de distribución del presupuesto universitario. El dictamen de la UCR sostenía los parámetros que usa el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que toma en cuenta la cantidad de estudiantes y las carreras ofrecidas.
El peronismo, en su dictamen, proponía que se usen esos guarismos para la mitad del presupuesto y el resto sea gire en forma equitativa entre las casas de altos estudios. No hubo acuerdo y los fondos seguirán negociados en forma discrecional cada año.
El artículo ocho ratifica la facultad de la Auditoría General de la Nación (AGN) de controlar los gastos de las universidades: se aprobó con 157 votos, una parte del PRO y LLA. El proyecto cierra con una ampliación "anual y progresiva" del monto y número de beneficiarios de becas estudiantiles.