El municipio más poblado de la provincia reclama $17.800 millones. Un periodista denunció al gobernador en la Legislatura. Síndrome del pato rengo.
Tierra del Fuego: la deuda de Melella con Río Grande sigue creciendo y agita el fantasma del juicio político
El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, tiene metida bajo la alfombra una multimillonaria deuda con la Municipalidad de Río Grande, por la que no da respuestas. La situación agita el fantasma de un posible juicio político, en un contexto de crisis institucional y financiera en la provincia.
Melella le debe fondos coparticipables por $17.800 millones al municipio más poblado de la provincia, donde gobierna el intendente Martín Pérez, que denunció que el retaceo de recursos obedece a intenciones de “disciplinamiento político” por su posicionamiento crítico.
La oposición más fuerte al jefe del Ejecutivo agita el fantasma del juicio político, aunque el número en la Legislatura clausura la posibilidad real de un avance en ese rumbo. Sí hay una nueva presentación formal en ese sentido. Y un antecedente: en 2005 el entonces gobernador Jorge Colazo, del radicalismo kirchnerista, fue destituido por retención indebida de fondos coparticipables e irregularidades en la ejecución del Presupuesto.
La deuda con Río Grande, que sigue creciendo, equivale para el municipio a su presupuesto completo del área de Salud del año que viene y representa el 95% de la inversión en obra pública. Además de los reclamos públicos y administrativos, el gobierno de Pérez envió cartas documento de notificación a las autoridades provinciales. Pero la provincia no tiene un plan para empezar a devolver lo que debe, o dar alguna previsión.
La comuna asistió a las convocatorias del equipo provincial del área económica, pero lejos de percibirse algún avance, la Provincia hasta naturaliza la retención de los fondos. “Volvimos con un panorama desalentador”, redondeó la secretaria de Finanzas de la comuna, Valeria Capotorto tras un encuentro con el ministro de Economía provincial Alejandro Barrozzo.
El castigado intendente de Río Grande es muy crítico de la gestión provincial, aunque forma parte del panperonismo fueguino. Referente de Provincia Grande, ya demostró el año pasado potencial electoral jugando por su cuenta y trama pisar fuerte el año que viene.
Su responsable de Finanzas le recordó a Melella que “la coparticipación no es un gasto, es una obligación”. Lamentó el incumplimiento de promesas oficiales y el escenario de “incertidumbre”. El gobierno espera con ansiedad el desembarco de los fondos nacionales que Melella pactó con el ministro Toto Caputo y con el jefe de Gabinete Diego Santilli.
En ese marco, apareció este miércoles un pedido de juicio político al gobernador. La presentación la formalizó ante la Legislatura Carlos Roberto Muzón, un periodista. Invocó los artículos 114, 115 y 135 de la Constitución provincial. En el escenario legislativo actual, no hay posibilidad de que avance esa petición, pero es otro ruido que suma inestabilidad a la gestión.
El antecedente de Colazo es parte de la historia fueguina: en 2007 la Sala Acusadora lo destituyó por 7 votos contra 1 por retenerle fondos de la coparticipación a Río Grande.
Melella afronta estas acusaciones debilitado como nunca y afrontando la cuenta regresiva de una gestión que no tiene reelección posible. El gobernador no maneja la Legislatura, mucho menos después del portazo de Federico Sciurano al bloque de FORJA. No pudo sacar a su antojo el “fondo educativo” y además aparentes aliados en primer término se le dieron vuelta.
Por otro lado, la situación financiera lo forzó a un acuerdo con el gobierno nacional de Javier Milei, por el que paga costos políticos e incluso se granjea ruidos y contradicciones en su pretendida alianza con el intendente de Ushuaia, Martín Vuoto.
El Poder Judicial ya le impidió a Melella convocar a la Constituyente con la que pretendía sostener su poder de incidencia. La respuesta de su riñón político fue reinstalar como última carta la idea de que pueda ser candidato a intendente en Río Grande, tan luego el municipio al que le está retaceando los fondos que le corresponden.
Ahora en el ámbito tribunalicio le apareció una derrota también a Vuoto. El tirón de orejas llegó desde el Superior Tribunal de Justicia, que le ordenó responder requerimientos de información pública, de manera completa y oportuna, según confirmó el concejal de Somos Fueguinos, Valter Tabarone.
En medio de la batalla política, Vuoto cosechó otro revés en Tolhuin. El sector del presidente del PJ no pudo imponer a Francisco Javier Lerario Sánchez Menú como juez de Competencia Integral. La definición del concurso lo dejó fuera de juego y seleccionó a Luis Norberto Vestidelli, quien se desempeñaba como secretario del juzgado, con cinco votos de los integrantes del Consejo de la Magistratura.
En un contexto donde está jaqueado por el síndrome del “pato tengo” y da manotazos en afán de sostener su poder, a Melella se le animó también el Tribunal de Cuentas, que impuso sanciones a dos de sus funcionarias, a partir de situaciones irregulares y falta de transparencia en el Ministerio de Bienestar Ciudadano y Justicia y en la Agencia de Innovación Fueguina.
La ministra María Emilia Lucía Rossi fue apuntada por el organismo de contralor en el marco de una auditoría sobre el Régimen Único de Pensiones Especiales (RUPE), que descubrió documentación incompleta, sistemas informáticos fragmentados y dificultades para determinar deudas entre organismos. Le cayó un apercibimiento por incumplir la presentación de un plan de acción. A la ministra de Salud, Judit Jésica Rosana Di Giglio, le había sido rechazado en ese mismo expediente un planteo en que pidió la ampliación del plazo para responder un requerimiento.
Por otro caso, a la presidenta de la Agencia de Innovación Analía Cubino se le aplicó una multa de $364.710,51 porque no respondió dentro de los plazos establecidos a requerimientos que se le formularon en el análisis de de una contratación directa por $91.981.829,11.
Esa operación fue una adquisición de licencias de mantenimiento y soporte de soluciones de seguridad informática por un período de tres años. La adjudicataria fue ACSYS S.A., revendedora autorizada de Fortinet.
