A un día del cierre, la unidad está empantanada. Bancada por Gustavo Sáenz, la senadora quiere al hijo de un exgobernador y Rivarola propone a un exministro.
Carolina Moisés quiere quedarse con la presidencia del PJ de Jujuy.
A tan solo un día del cierre de listas, nada parece cerca de arreglarse en el Partido Justicialista de Jujuy. Carolina Moisés, bancada por el salteño Gustavo Sáenz, clama la presidencia para su espacio. Sin embargo, el resto de las tribus se niegan a ceder, incluso ante una oferta más que tentadora de la senadora.
Las negociaciones por una hipotética unidad están empantanadas y todo podría dirimirse en las urnas. El plazo para presentar candidaturas se vence este jueves 30 de julio, ya que el cronograma establece una semana para el proceso de impugnaciones de cara a su oficialización el 8 de agosto. El punto final del cronograma es el domingo 30 de agosto, fecha para la cual están convocadas las elecciones internas.
No hubo fumata blanca en la última reunión. La negociación tiene enfrentada a Moisés con el resto de las tribus del atomizado peronismo jujeño. La senadora ofreció entregar la mayoría de los cargos a cambio de encabezar la lista de unidad, pero su propuesta no tuvo eco. Frente a esa situación, puso sobre la mesa el nombre de Carlos de Aparici para la presidencia, un abogado hijo del exgobernador Ricardo de Aparici, pero tampoco prosperó.
Enfrente confluyen casi todos los espacios y nombres destacados del peronismo jujeño. La cara de esa cooperativa es Rubén Rivarola, el empresario dueño del diario El Tribuno y con pasos por el Congreso y la Legislatura jujeña. Rivarola presidió el PJ entre 2017 y 2023, cuando la conducción nacional de Alberto Fernández decretó la intervención por su cercanía fatal con Gerardo Morales. Ese espacio quiere hacer pesar su estructura, clave en términos de personas y recursos, para llevar adelante el día a día del partido.
Detrás de Rivarola aparecen todos. Allí reportan La Cámpora; la tribu del exgobernador Eduardo Fellner; el exvicegobernador de Morales, Carlos Haquim; y el único diputado peronista de Jujuy, Guillermo Snopek. Esa cofradía de voluntades quiere postular a la presidencia a Facundo Figueroa Caballero, un abogado y diputado provincial del peronismo, quien suele patrocinar las presentaciones judiciales de los afiliados cercanos a Rivarola y fue, además, ministro de Desarrollo Social durante el gobierno de Fellner.
El grueso de los apoyos de Moisés son un puñado de dirigentes y concejales en San Pedro, su ciudad de origen. Sin embargo, encuentra su principal apoyo fuera de las fronteras provinciales, el gobernador de la vecina provincia de Salta, Gustavo Sáenz. El jefe del norte pone una ficha en la interna del PJ jujeño en el marco de su plan de juntar figuras peronistas que nutran a un armado federal, dialoguista y profundamente pragmático que negocie directamente con la Casa Rosada y se desmarque de la conducción nacional impregnada de kirchnerismo.
Con ese plafón, Moisés juega. Tras votar el Presupuesto 2026, los interventores del PJ jujeño le abrieron un proceso disciplinario por “grave inconducta partidaria”. En esa tanda de sanciones también cayeron el propio Rivarola y Guillermo Jenefes, un viejo cacique peronista, por formar parte de listas de otros partidos en las elecciones de 2025. Habían sido pedidas por La Cámpora luego de que la lista apoyada por los dos dirigentes mencionados partiera el voto peronista e impidiera que la camporista Leila Chaher renueve en la cámara baja.
Como respuesta, Moisés amenazó con romper el bloque de Unión por la Patria en el Senado y llevarse cinco votos del peronismo. Lo hizo un mes después, pero sólo la acompañaron el catamarqueño Guillermo Andrada y la tucumana Sandra Mendoza, ambos leales a sus gobernadores Raúl Jalil y Osvaldo Jaldo. Se trata de los justicialistas del Norte Grande que, con idas y vueltas, más afinidad han mostrado con Javier Milei. En el camino quedaron el riojano Fernando Rejal y el puntano Fernando Salino, que se quedaron en el bloque del PJ.
El problema de la atomización venía de hace tiempo en el peronismo jujeño, pero terminó quedando expuesto después de la intervención decretada en 2023 por Alberto Fernández. Esa vez, designó como interventores a Gustavo Menéndez y Aníbal Fernández. Ese dúo fue el que inició el proceso sancionatorio contra Moisés, Rivarola y Jenefes.
Casi como una revancha por la decisión tomada en contra de su protegida, Sáenz operó judicialmente y logró que el juez federal Esteban Eduardo Hansen descabece la intervención de Menéndez y Fernández. Para que no queden dudas de quién estuvo detrás de ese movimiento, el magistrado designó como nuevo interventor a Ricardo Villada, quien acompañó a Sáenz a cargo de la cartera de gobierno tanto en la Municipalidad de Salta como en su paso como gobernador.
La designación de Villada causó una presentación judicial de la conducción nacional que consiguió que la Cámara Nacional Electoral lo corriese a Villada y ordenase que finalmente y de una vez, haya elecciones para normalizar el partido. Lo que presiona es lo que pone en juego el peronismo el año que viene. De once diputados provinciales, ocho deben renovar su mandato, lo que amenaza su condición de segunda fuerza en el esquema de poder jujeño.
