Intervenido judicialmente, el peronismo quiere acomodarse para evitar que LLA hegemonice la oposición a Carlos Sadir. El golpe colateral a Gustavo Sáenz.
El PJ de Jujuy busca sobrevivir a una crisis que lleva una década y podría cambiar el mapa político provincial
La confirmación de la intervención judicial del PJ de Jujuy irrumpió en medio de una discusión que excede a la pelea por la conducción partidaria. Después de una década de retroceso electoral, el peronismo enfrenta el desafío de administrar una estructura cada vez más reducida y evitar que La Libertad Avanza le arrebate la condición de principal oposición de la provincia.
La Cámara Nacional Electoral confirmó la intervención judicial del Partido Justicialista de Jujuy, pero ordenó reemplazar al interventor Ricardo Villada, un hombre del salteño Gustavo Sáenz. El fallo describe un escenario atravesado por postergaciones electorales, sanciones internas, amnistías y conflictos que desde hace tiempo afectan el funcionamiento partidario. La resolución busca ordenar la estructura formal pero la discusión política de fondo es otra: cómo frenar la caída de la influencia del peronismo en la discusión provincial.
Antes del fallo existían avances hacia un esquema de unidad para evitar una nueva fragmentación. Según fuentes partidarias que participan de las conversaciones, el principal obstáculo seguía siendo la relación entre los sectores referenciados en Leila Chaher y Carolina Moises, aliada con el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz.
La intervención judicial aparece como la expresión institucional más visible de un proceso más largo. Durante los últimos diez años el peronismo perdió representación legislativa, capacidad de articulación interna y centralidad política dentro del sistema provincial.
La evolución de las bancas muestra esa tendencia. En 2015 las distintas expresiones peronistas obtuvieron diez de las 24 bancas en disputa. En 2017 bajaron a siete. En 2019 alcanzaron once escaños repartidos en distintas ofertas electorales. Desde entonces comenzó una nueva caída: seis diputados en 2021, seis en 2023 y apenas tres en 2025.
El peor resultado de la década coincidió con la consolidación de La Libertad Avanza como nueva referencia opositora y con la aparición de una disputa por sectores del electorado históricamente vinculados al peronismo.
Esa estructura en retroceso explica buena parte de las tensiones actuales. El peronismo ya no debate cómo distribuir más poder, sino cómo administrar menos, y los distintos sectores llegarán a 2027 para pelear por una renovación legislativa especialmente exigente.
La situación se repite en el plano territorial. De los municipios donde conserva influencia política, los más relevantes son Palpalá y Humahuaca, ambos bajo conducción de sectores vinculados al peronismo, pero amenazados por las ofertas opositoras.
Moisés ya anunció públicamente su intención de presidir el PJ. La senadora nacional mantiene diferencias con La Cámpora y en los últimos meses reforzó vínculos con Sáenz, y lo sgobernadores del norte más críticos con La Cámpora, Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca).
Del otro lado, Rubén Rivarola conserva la principal estructura legislativa y territorial que mantiene el peronismo provincial y aparece como uno de los actores centrales de cualquier negociación futura. Fue el hombre al que su cercanía con Gerardo Morales le costó la intervención del partido y que mantiene una relación pendular con el kirchnerismo, que busca la forma de sobrevivir en el norte del país.
Chaher, identificada con La Cámpora y uno de los principales respaldos locales de la conducción partidaria impulsada por Cristina Fernández de Kirchner, llega a la discusión después de haber protagonizado una de las principales ofertas peronistas en la elección legislativa de 2025. Sin una estructura territorial afianzada, apenas superó el 15% de los votos.
Guillermo Snopek, Carlos Haquim y Guillermo Jenefes completan un escenario donde ningún dirigente concentra simultáneamente volumen electoral, estructura territorial y representación institucional. Esa dispersión ayuda a explicar por qué la búsqueda de una conducción común lleva años sin resolverse.
Un sector integrado por Rivarola, Jenefes y Haquim explora conversaciones y escenarios de entendimiento electoral con sectores del oficialismo provincial. No es la primera vez que pasa. La hipótesis es que la combinación de estructuras territoriales y electorales permitiría contener el crecimiento libertario y preservar representación institucional.
Moisés, Snopek y Chaher rechazan esa alternativa. Consideran que una convergencia con el radicalismo podría profundizar la pérdida de identidad del peronismo y acelerar nuevas migraciones de votantes hacia La Libertad Avanza.
Incluso dentro del oficialismo existen reparos. Cerca del gobernador Carlos Sadir entienden que una alianza de ese tipo podría terminar restando más votos de los que aportaría.
En el fondo, la principal dificultad para alcanzar un acuerdo no es ideológica. Es de representación. La estructura política que hoy conserva el peronismo resulta sensiblemente menor a la que administraba una década atrás. Sin embargo, las aspiraciones de los distintos sectores siguen vigentes y ya no hay lugar para todos.
Por esa razón, nadie parece entusiasmado con una elección interna. La desconfianza es demasaido grande y todos los sectores coinciden en que una compulsa partidaria sería costosa y no garantiza que quienes resulten derrotados acompañen después una estrategia común.
Sucede que si el peronismo repite la performance electoral de 2025 y deja de ser la principal oposición provincial, podría perder algo más que bancas en la Legisaltura y el Congreso. La Constitución provincial reserva al bloque opositor más numeroso la facultad de proponer al Defensor del Pueblo y al presidente de la Auditoría General de la Provincia, dos cargos que no sólo tienen una vita importancia para la estructura institucional sino que abren caminos de exposición relevantes de cara a la proyección política en la provincia.
Entre los efectos colaterales del fallo aparece también el impacto sobre la estrategia política de Sáenz. La salida de Villada supone la pérdida de una posición de influencia en una disputa clave para el peronismo del norte argentino.
Hombre de máxima confianza del gobernador salteño, exministro de Gobierno y actual funcionario de su gabinete, Villada se había convertido en una pieza de peso dentro del proceso de reorganización del PJ jujeño. Su desplazamiento deja al saencismo sin un lugar privilegiado en una instancia que excedía la vida interna de un partido y que también funcionaba como un espacio de acumulación política regional.
La decisión de la Cámara llega además en un momento en que Sáenz viene desplegando una estrategia de construcción de alianzas y articulaciones con distintos actores del NOA. Por eso, más allá de los argumentos jurídicos, el apartamiento de Villada tiene consecuencias políticas concretas, pues debilita una presencia que el gobernador había logrado proyectar sobre una provincia vecina y reconfigura los equilibrios de poder alrededor de una interna que ya trascendió largamente las fronteras de Jujuy.