José Mayans.
Anabel Fernández Sagasti.
El jefe del interbloque Frente de Todos en el Senado, José Mayans, quiere sesionar el miércoles próximo para aprobar pliegos judiciales y negocia el cuórum con los exintegrantes de su bancada que se fueron en febrero.
El formoseño convocó a una reunión de sus actuales dirigidos para el martes a la noche, con la expectativa de abrir el recinto al día siguiente. “Si nos llama a todos, es porque tiene el número”, especulaban este viernes algunos senadores que recibieron la citación.
Su expectativa está en el retorno, al menos por un día, de tres de los cuatro exintegrantes del oficialismo en el Senado que abandonaron la bancada para armar el bloque Unidad Federal, junto a la cordobesa Alejandra Vigo, esposa del gobernador Juan Schiaretti.
Se trata del jujeño Guillermo Snopek, el entrerriano Edgardo Kueider y la puntana María Eugenia Cataflamo. El primero es candidato a diputado por Unión por la Patria y los demás apoyaron la postulación presidencial de Sergio Massa. No así el cuarto migrado, el correntino Carlos Espínola, quien se sumó a la campaña de Schiaretti.
Kueider recibió un gesto de sus excompañeros: el martes la Comisión de Minería, Energía y Combustibles que preside José Uñac se reunirá para tratar el proyecto del entrerriano que propone rebajar las tarifas eléctricas. Fue la condición que había puesto para volver a pisar el recinto.
De producirse estos retornos, el Frente de Todos llegaría a 34 votos propios y podría alcanzar los 37 necesarios para abrir una sesión con los tres monobloques asociados que tuvo durante 2022: el gobernador electo de Río Negro Alberto Weretilneck, la misionera Magdalena Solari Quintana (ambos de partidos provinciales) y la riojana Clara Vega, que se quedó afuera de las listas, pero se define massista.
Tras la ruptura oficialista, el Senado quedó virtualmente paralizado: sólo hubo una sesión el 13 de abril y la visita del jefe de Gabinete Agustín Rossi un mes después. Para la semana que viene hay hasta ahora cinco reuniones de comisión convocadas. Algo cambió.
Como explicó Letra P, JxC aprovechó la ruptura oficialista para mantener el recinto cerrado, evitar que se aprueben pliegos judiciales dictaminados e impedir el ingreso de otros 17 que fueron enviados por el Poder Ejecutivo. Sin una sesión, no se le puede dar entrada formal y convocar a las audiencias públicas.
Mayans confía en que la semana próxima podrá sesionar y nombrar decenas de magistrados que expusieron en la Comisión de Acuerdos, presidida por la kirchnerista Anabel Fernández Sagasti.
Del año pasado restan tratar en el recinto 28 pliegos que fueron dictaminados, muchos con respaldo de todas las fuerzas políticas. En mayo, hubo 47 audiencias con nuevos postulantes a jueces, defensores y fiscales. La más polémica fue la de Ana María Figueroa, candidata a continuar en la Cámara de Casación Penal en agosto, cuando cumpla 75 años de edad.
Alberto Fernández propuso que permanezca cinco años, cómo habilita la Constitución, pero JxC se opone. Le cuestiona a Figueroa una supuesta dilación en la causa Hotesur y Los Sauces, que investiga por presunto lavado de dinero a Cristina Fernández de Kirchner.
La jueza negó cualquier relación con la vicepresidenta. "Si hay algo que nadie me puede objetar es mi imparcialidad. No conozco ni dónde funciona el Instituto Patria, ni he tenido conversaciones con el Poder Ejecutivo de ninguna índole”, respondió a las críticas de JxC durante su audiencia.
En el oficialismo aseguran que para reabrir el recinto será necesario contentar con algunos pliegos a quienes se fueron del bloque. Ya hubo algunos gestos en las audiencias, cómo la inclusión de Carina Gregoraschuk, candidata a jueza federal de Jujuy, con pasado en la justicia de San Luis, donde en 2008 pidió la detención del ministro de Seguridad Guillermo López.
Durante su exposición en el Senado, Gregoraschuk reconoció que estuvo armada para defenderse de posibles ajustes de cuentas en la provincia que por entonces lideraban los hermanos Adolfo y Alberto Rodríguez Saá. Catalfamo, que no seguirá en diciembre en el Senado, estaría interesada en su nombramiento, resistido por la UCR jujeña.
Entre los 17 pliegos que tendrán ingreso formal si hay sesión hay juristas afines al Gobierno como María Laura Manin, cercana al ministro del Interior Eduardo Wado De Pedro y propuesta en la sala especializada en defensa de la competencia la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Capital. Es hermana de María Soledad Manin, exinterventora del Ente Regulador de la Electricidad (ENRE).
Para el juzgado federal 7 en lo contencioso y administrativo fue elegido Juan Rafael Stinco, un abogado que la oposición vincula a Axel Kicillof. Se trata de una oficina sensible, que recibe denuncias contra los gobiernos de turno.
Hay un caso curioso como el de Tomás Rodríguez Ponte, propuesto para el juzgado federal 2 de Lomas de Zamora. Fue el titular de la Dirección de Escuchas Judiciales durante la presidencia de Mauricio Macri, cuando se filtraron conversaciones de Cristina y el senador Oscar Parrilli. Al parecer, al Gobierno le interesa que siga. Necesita que haya una sesión.