El Senado tiene 28 pliegos judiciales con dictamen de comisión y sin fecha definida para ser aprobados en el recinto, debido a la resistencia a tratarlos de Juntos por el Cambio y a la imposibilidad del Frente de Todos de reunir una mayoría desde que perdió cuatro de sus miembros en febrero. Si las negociaciones no se reactivan, los nombramientos seguirán pendientes hasta el recambio de gobierno en diciembre con la redefinición de las mayorías parlamentarias.
Se trata de juzgados, defensorías y fiscalías que la comisión de Acuerdos definió quienes deben ocupar con el voto del oficialismo y en algunos casos de Juntos por el Cambio, pero continúan vacantes. Son 20 de Capital Federal, dos de Comodoro Rivadavia (Chubut) y el resto de Tartagal (Salta), Concepción del Uruguay (Entre Ríos), San Martín y Lomas de Zamora (Buenos Aires).
En igual situación había tres pliegos para nombrar jueces de Córdoba y la misma cantidad en Santa Fe, pero se aprobaron el 13 de abril por pedido de la oposición, tras el ataque al comercio del suegro de Lionel Messi. Ese día, las autoridades del FdT intentaron incluir los otros 28, pero no tuvieron éxito.
Fue la única vez que el Senado sesionó este año, paralizado por la incapacidad de alcanzar el cuórum de todas las fuerzas, que impidió que hubiera una sola reunión de comisión o esté prevista otra sesión para tratar leyes. La única cita en la agenda es el informe de gestión del jefe de Gabinete, Agustín Rossi, el jueves 11.
Los puentes están rotos, porque JxC no quiere tratar ni los magistrados que avaló en comisión y el oficialismo no logra retomar el diálogo con quienes fueron sus compañeros hasta febrero: el correntino Carlos Espínola, el jujeño Guillermo Snopek, la puntana María Eugenia Catalfamo y el entrerriano Edgardo Kueider. Formaron un nuevo bloque con la cordobesa Alejandra Vigo y habilitaron la última sesión, a cambio de incorporar los pliegos de Córdoba.
Los 28 que restan parecen destinados a estar cajoneados hasta el próximo gobierno, porque la oposición no quiere ceder. "Es un poco más complejo: el oficialismo retiró pliegos que tenían audiencia y no giran a la firma. Necesitamos una conversación global", aclararon a Letra P fuentes del interbloque opositor. Además, los 20 cargos porteños son mirados de reojo por el PRO, porque varios pertenecen a la justicia ordinaria y entienden que pronto deberían ser traspasados a la Ciudad.
Durante su discurso en el recinto, la kirchnerista Anabel Fernández Sagasti, presidenta de la comisión de Acuerdos y vice del bloque del Frente de Todos, acusó a JxC de haberse negado a nombrar magistrados en el último semestre del año pasado. Reaccionó ante una acusación de Guadalupe Tagliaferri, del PRO, por la demora en tratar los pliegos de Santa Fe, claves para el combate contra el narcotráfico.
Fuentes del oficialismo aseguraron a Letra P que además de la resistencia de JxC, en diciembre no fue posible nombrar jueces por la rebelión de Espínola, quien se molestó porque en la sesión del 16 de noviembre, sin la oposición en el recinto, sólo se aprobaron los pliegos de la Cámara de Apelaciones de la localidad de Piedra Buena, en Santa Cruz. Ese día casi se retira antes de votar y empezó a gestionar su salida del bloque.
El caso de Tartagal
La falta de diálogo entre las fuerzas políticas que predominan en el Senado mantiene vacantes cargos elementales para combatir el narcotráfico como la defensoría oficial ante el juzgado de primera instancia de Tartagal, la ciudad salteña cercana a la frontera con Bolivia y donde hay dictamen para designar a Luis Francisco Valencia.
"Los principales delitos son de trata, de contrabando, de narcotráfico, de secuestros extorsivos. Esta es una terna que el Poder Ejecutivo tiene la terna desde 2017 y cuando faltan defensores en la justicia federal, los trámites se ralentizan", se lamentó Fernández Sagasti.
El pliego de Valencia tuvo la firma del oficialismo y la de Tagliaferri y el cordobés Luis Juez, ambos del PRO, quienes también suscribieron con la radical Carolina Losada y sus colegas del Frente de Todos el nombramiento de María José Bonifacino como defensora ante los Juzgados Federales de Concepción del Uruguay, donde se tramitan con frecuencia causas por lavado de activos y violaciones al Código aduanero.
Para Comodoro Rivadavia está listo el dictamen que designar a Enrique Baronetto como juez de cámara ante tribunal oral en lo criminal y a Verónica Escribano como fiscal general ante la Cámara de Apelaciones.
En la Defensoría de San Martín espera el nombramiento del Senado Alejandro Arguilea, un pliego firmado por los oficialistas junto a Tagliaferri, Losada y Juez. El mismo consenso logró en comisión Agustín Carrique para asumir en la defensoría de Lomas de Zamora. Pero ninguno sabe si será designado alguna vez.
