Una reunión acercó posturas, pero la tensión sigue latente. El pedido de los alcaldes. Detalles que asoman del proyecto para el acceso a las terminales.
Los intendentes de cordón industrial en la reunión con el gobierno de Maximiliano Pullaro.
En medio de un fuerte hermetismo, hubo avances en la negociación que los intendentes del cordón industrial de Santa Fe mantienen con el gobierno de Maximiliano Pullaro por el reparto de la tasa de acceso a los puertos. El acercamiento se produjo tras un encuentro que se concretó hace un mes, cuyo contenido recién empezó a conocerse ahora.
Según pudo reconstruir Letra P, el avance más importante del encuentro se dio en los números. Los alcaldes habrían acercado un cálculo del monto que cobran por tasa de acceso portuario: US$0,40 por tonelada. Los representantes del gobierno tomaron el número y prometieron tenerlo en cuenta para el cálculo del monto final del nuevo arancel, que coparticiparía un porcentaje entre los municipios que cedan el cobro de su tasa vial. “Nos vamos a poner de acuerdo, no hay algo contra los intendentes”, anticiparon en la Casa Gris.
Con la seguridad de que los alcaldes no perderán la fuente de recursos que hoy tienen bajo el brazo, aún queda por definir cómo será esa coparticipación. Lo más probable es que cada municipio reciba un monto de acuerdo a los camiones que ingresen a las terminales portuarias de su jurisdicción. Sin embargo, surgen incógnitas con los vehículos que pasen por la localidad, usando sus caminos sin descargar en sus puertos, o con las ciudades que los camiones atraviesan para llegar, pero no tienen terminales portuarias, como Ricardone.
La reunión también sirvió para que los alcaldes puedan conocer los detalles del proyecto del Circuito de Ingreso Portuario (CIP), que aún está en etapa de estudio y confección, y hacer sus aportes. La iniciativa -la más importante del año para el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico- implica una movida más que audaz para Pullaro: quedarse con la tasa de acceso portuario que cada municipio involucrado cobra por camión ingresado a su territorio. Una fortuna que en los casos más extremos, como Timbúes, implica casi la mitad de los recursos municipales.
En la charla se supo, por ejemplo, que el gobierno pretende que el cobro sea virtual y se controle a través de lectores de patentes en los accesos. El pago podría hacerse en conjunto con la solicitud de la carta de porte o mediante el STOP, el sistema de turnos de descarga en los puertos implementado en 2018 para el que también se están estudiando modificaciones.
Otra de las cuestiones sobre la mesa es cómo el gobierno piensa organizar las tareas que tendrá a cargo el CIP. La idea es concesionarlo, en un esquema similar al de AUSA en las autopistas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Una de las opciones es dividir las concesiones: una sería para la empresa a cargo del mantenimiento de la infraestructura y otra para la firma responsable de realizar las “grandes obras” de las que dependerá el monto final que deberán pagar los camiones. El cobro del peaje también estaría a cargo de los concesionarios.
Hay una última incógnita: qué sucederá con las rutas nacionales -como la A012 o la 11- que atraviesan el complejo portuario y que son muy utilizadas por los camioneros. Pullaro viene luchando casi desde su asunción para que la Casa Rosada se las ceda, pero la negociación no logra llegar a buen puerto. Sin esa cesión, luce complejo que el proyecto pueda materializarse, pero en la Casa Gris no se amilanan y avisan que se hace igual.
El encuentro, que tuvo lugar en la semana entre Navidad y Año Nuevo, sirvió para que los alcaldes tengan el primer contacto formal con el proyecto que el gobierno de Maximiliano Pullaro bautizó Circuito de Ingreso Portuario.
Por esa razón, los intendentes y los funcionarios venían en un tenso tira y afloje que incluyó fuertes declaraciones on the record y off the record. La reunión de fin de año sirvió para desescalar -aunque no eliminar- esa tensión. “Hay mucho hermetismo, están negociando, pero los intendentes salieron algo más tranquilos”, reconoció una fuente de uno de los municipios involucrados. Según esta garganta, los alcaldes valoraron que se haya abierto el diálogo. Sin embargo, aún quedan cosas por negociar y, por eso, la guardia aún sigue alta en ambos lados.
Eso se notó en la comunicación. Hubo fotos de rigor, pero el parte de prensa no abundó en detalles de la discusión. Estuvieron presentes siete intendentes: Leonardo Raimundo, de San Lorenzo; Carlos de Grandis, de Puerto General San Martín; Antonio Fiorenza, de Timbúes; Daniel Tonelli, de Arroyo Seco; Carlos Pighin, de Alvear; Alberto Ricci, de Villa Gobernador Gálvez; y Esteban Ferri, de General Lagos. Por parte del gobierno de Santa Fe estuvieron el propio Enrico, el ministro de Desarrollo Productivo Gustavo Puccini y el secretario de Vinculación Institucional Julián Galdeano.
Si bien el encuentro calmó las aguas, la desconfianza continúa. Entre los intendentes señalan la “paradoja” de haber sancionado una Constitución que consagra la autonomía y pocos meses después querer modificar el cobro de tasas por ley. En el gobierno santafesino lo saben y por eso aclaran que “la reforma constitucional también estableció criterios de razonabilidad en el aspecto tributario”. “Tienen autonomía, es cierto, pero no significa que puedan cobrar lo que quieren y cómo quieren”, sentenciaron.