El gobernador quiere asumir el mantenimiento de rutas nacionales en la zona portuaria. Piensa financiar obras con lo que los municipios le cobran a cada camión.
Maximiliano Pullaro en San Lorenzo, a fines de febrero. El primero desde la izquierda es el intendente radical Leonardo Raimundo.
El gobernador de Santa Fe Maximiliano Pullaro tiene decidido quedarse con una tasa vial millonaria que hasta ahora cobran las localidades portuarias del Gran Rosario a cada camión que ingresa. La movida requiere un expreso aval de Nación y será tema del cónclave que el radical tendrá este jueves con el ministro de Economía Luis Toto Caputo.
El gobierno santafesino elaboró el borrador de un acuerdo para que el Gobierno nacional le ceda a la la Casa Gris la potestad de hacer obra pública en las rutas de la región. Es una suerte de continuidad del traspaso, aunque más específico, que ya se firmó con 20 provincias. Es que Pullaro pretende administrar ciertos tramos de las rutas nacionales que rodean al cordón industrial, definido como un polo agroexportador de los más grandes del mundo.
Pullaro está en Buenos Aires desde el miércoles y este jueves se encontrará, junto con los ministros Gustavo Puccini (Desarrollo Productivo), Pablo Olivares (Economía) y Lisandro Enrico (Obras Públicas), con Caputo y el flamante titular de Vialidad Nacional, Marcelo Campoy. La reunión tiene varios temas en agenda, pero uno no menor es la propuesta con la que Santa Fe busca ordenar y resolver los problemas de infraestructura que arrastra desde hace décadas el principal polo de exportación del país.
La Casa Gris no tiene certezas de cuándo recibirá el ok de Caputo, pero el plan ya se le entregó al ministro. Si prospera, ambos niveles de gobierno sellarán un contrato de concesión de obra pública para la construcción y mantenimiento de la red de accesos a las terminales portuarias del Gran Rosario.
Como contó Letra P más de una vez, los accesos a puertos están detonados, por lo que la provincia pretendía, desde el primer día que asumió el gobierno, definir de dónde sacar fondos para su reparación y mantenimiento.
Ahora se apresta a definir el esquema. Un movimiento que le permitirá, por un lado, hacerse cargo del tema y garantizarse el mantenimiento de las rutas, pero abrirá –por el otro– un frente de tormenta con intendentes de la región, algunos aliados y con peso dentro de Unidos para Cambiar Santa Fe. Desde el gobierno provincial, no obstante, se atajan: "El acuerdo es con los municipios adentro", confió una fuente del Ejecutivo a Letra P.
El gobierno santafesino se compromete ante Nación a encargarse de todo el proceso administrativo y operativo de las obras. Lo hará a través del área de Vialidad Provincial, siempre a instancias e informando de la actuado a su homónimo nacional.
Las obras, obviamente, se compensarán con la tarifa de peaje que actualmente administran los gobiernos locales. Para dichas intendencias y comunas es un golpe durísimo, aunque –desde la Casa Gris– aducen que prima el descontrol y la desprolijidad entre el cobro de la tasa y lo que efectivamente se destina al mantenimiento de rutas.
La tasa vial es de 10 mil pesos por cada camión que ingresa al corredor. Si bien hay puertos en otros puntos de la región, el mayor peso específico lo aportan los municipios de San Lorenzo y Puerto San Martín y la comuna de Timbués. Para dimensionar, en la cosecha récord de 2020 ingresaron 1,9 millones de vehículos de gran porte, lo que significó 19 mil millones de pesos para las localidades. En 2023 entraron 900 mil camiones, el monto no fue el mismo, pero no dejó de ser significativo.
El bloque de tres no es homogéneo. Prima la consideración de que en Timbués la cosa no cierra. El pueblo que no llega a los diez mil habitantes cobija cinco grandes terminales que, en concepto de Derecho de Registro e Inspección (DReI), aportan cien millones de pesos por mes al municipio. Cada una. Es mucho, más aún cuando las rutas no tienen mantenimiento.
El dardo a nivel local cae, no tanto sobre el presidente comunal actual Antonio Fiorenza, sino en su antecesor Amaro González, al que nadie procura defender en la zona. En San Lorenzo reina la perplejidad, el intendente Leonardo Raimundo es radical y no se esperaba que, de su propio partido, partiera una movida así. No obstante, ya tuvo más de un encuentro con la Casa Gris para conocer de primera mano el alcance de la modificación. En Puerto, en tanto, gobierna el peronista Carlos De Grandis, quien desde siempre estuvo en la vereda de enfrente de Pullaro.