La Legislatura recibe a la Corte y a los ministerios públicos tras meses de pausa en el tratamiento. El filtro hacia adentro y lo que sigue en la discusión.
La Legislatura de Santa Fe recibe a los ministerios públicos y a la Corte Suprema.
El paquete de leyes de seguridad impulsado por Maximiliano Pullaro vuelve a tomar temperatura en la Legislatura de Santa Fe. Después de varios meses de relativa quietud, en los que la reforma electoral se llevó buena parte de la atención política, Unidos reactivará este miércoles la discusión con una convocatoria a las principales autoridades judiciales de la provincia.
La cita será a las 13.30 en la Cámara de Diputados. Un plenario de las comisiones de Seguridad Pública, que preside el radical Martín Rosúa, y de Asuntos Constitucionales y Legislación General, a cargo de la socialista Lionella Cattalini, recibirá a representantes del Ministerio Público de la Acusación (MPA), del Ministerio Público de la Defensa (MPD) y de la Corte Suprema de Justicia. Según pudo confirmar Letra P, las tres instituciones estarán representadas, aunque con algunas particularidades en la conformación de sus delegaciones. Las diferencias internas dentro del oficialismo, en tanto, siguen sin resolverse.
Por compromisos asumidos con anterioridad no asistirá la titular del MPA, María Cecilia Vranicich. Los fiscales estarán representados por Carla Cerliani, fiscal coordinadora para la Gestión Estratégica y Persecución Penal por Objetivos Priorizados, y por Víctor Moloeznik, subdirector de Investigaciones Criminales del Organismo de Investigaciones.
Por la Defensa Pública estará presente su máxima autoridad, Estrella Moreno Robinson. Se espera que su intervención se centre en las objeciones a algunos artículos vinculados con el derecho de defensa.
La Corte Suprema también tendrá representación. Según confiaron fuentes legislativas a Letra P, al menos dos de sus ministros, Daniel Erbetta y Jorge Baclini, participarán del encuentro. La definición formal terminará de resolverse durante la mañana del miércoles, aunque las fuentes consultadas dan por descontada la presencia institucional del máximo tribunal.
La convocatoria reactivará el debate sobre once iniciativas que este medio adelantó en exclusiva en mayo pasado y que el gobierno provincial presentó como una herramienta para profundizar su política de seguridad. La discusión, sin embargo, no se limitará a escuchar las posiciones de los distintos organismos judiciales. También servirá para comenzar a ordenar las diferencias que persisten dentro de la propia coalición gobernante.
En la Legislatura descartan que durante el paréntesis de los últimos meses se haya alcanzado algún acercamiento o acuerdo. Por el contrario, aseguran que todavía resta una discusión integral de las iniciativas y que no existe consenso sobre artículos que puedan avanzar sin modificaciones ni tampoco de aquellos que eventualmente deban quedar en el camino.
En Unidos insisten en que el tratamiento legislativo no será un mero trámite de convalidación de los mensajes enviados por la Casa Gris. La intención es revisar la redacción de cada artículo y evaluar sus implicancias antes de construir una posición común.
No sería una novedad en la dinámica legislativa del oficialismo. Desde el inicio de la gestión de Pullaro, buena parte de las reformas estructurales enviadas por el Ejecutivo atravesaron negociaciones internas y modificaciones antes de convertirse en ley. “Cada una de las leyes salió mejor de lo que entró”, defienden.
Tanto Pullaro como el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, defendieron reiteradamente la constitucionalidad del paquete y la necesidad de ampliar las facultades de las fuerzas de seguridad y los organismos de investigación.
La lectura en distintos sectores es que el Ejecutivo lleva sus propuestas al límite para luego lograr una victoria más acotada. “El tema es que en seguridad muchas veces algunos se suben al discurso y terminan aprobando todo”, dice una voz experimentada en el ámbito judicial.
En ese contexto, la convocatoria de este miércoles tampoco aparece como la última instancia de consultas. Fuentes legislativas aseguraron que existe un extenso listado de instituciones y personas interesadas en participar del debate, entre ellas colegios de abogados, universidades, especialistas y familiares de víctimas de delitos.
Por eso no descartan que durante las próximas semanas se organicen nuevos encuentros. En la Legislatura consideran que la trascendencia de las modificaciones obliga a escuchar distintas posiciones antes de avanzar con los dictámenes. “No vamos a armar un show sin sentido. Es importante escuchar a todos”, sostienen. Las fuentes descartan que esos movimientos puedan dilatar la discusión. "Para nada, pueden convocarse a todos rápidamente", descartan.
La expectativa de algunos sectores oficialistas es agotar la discusión durante octubre para intentar llevar las iniciativas al recinto en noviembre. Sin embargo, ese cronograma dependerá de la posibilidad de construir los acuerdos internos que, por ahora, siguen pendientes.
Uno de los artículos que concentra mayores cuestionamientos es el que habilitaría declaraciones en determinadas instancias de una investigación penal sin la presencia inmediata de un abogado defensor. La propuesta recupera la figura de la declaración informativa y abre interrogantes sobre las garantías de las personas investigadas.
En el Ministerio Público de la Defensa evitaron anticipar públicamente cuál será la posición que llevarán al encuentro. No obstante, se espera que se ponga el foco sobre aquellas modificaciones que puedan afectar el ejercicio efectivo del derecho de defensa y el equilibrio entre las facultades de investigación y las garantías constitucionales.
No es el único punto sensible. También aparecen bajo análisis las modificaciones en materia de allanamientos, requisas, exclusión probatoria, juicios en ausencia y condiciones de detención de presos de alto perfil. Se trata de disposiciones que, en caso de aprobarse, alterarían aspectos centrales del funcionamiento del sistema penal santafesino.
“No pasan un filtro constitucional”, repiten las voces disonantes. “Por eso la política va a ordenar la letra antes de que después terminen, en caso de ser aprobadas, siendo judicializadas”, resaltan.
El debate abierto es hasta qué punto la discusión pasa por lo técnico y cuánto por lo político, empoderando al MPA y a la policía. El vínculo entre Pullaro y Vranicich atraviesa uno de sus momentos de mayor sintonía, con un respaldo explícito del gobernador a la fiscal general y a la conducción del MPA.
En ese marco, algunas voces legislativas interpretan que parte de las modificaciones responde también a una decisión de fortalecer institucional y políticamente al organismo acusador, más allá de las necesidades operativas que argumenta el Ejecutivo.
La Casa Gris rechaza esa mirada y sostiene que las nuevas atribuciones son necesarias para enfrentar modalidades delictivas cada vez más complejas. El oficialismo deberá encontrar un punto de equilibrio entre esa pretensión y las observaciones que surjan del debate legislativo.
Un ejemplo concreto aparece en la política de derribo de búnkeres utilizados para la venta de drogas. La propuesta del Ejecutivo contempla flexibilizar la intervención judicial previa en determinadas circunstancias y ampliar las posibilidades de actuación de los fiscales.
Sin embargo, quienes cuestionan esa modificación señalan que el gobierno provincial ya concretó alrededor de 200 derribos con autorización judicial. El argumento que plantean es que, al menos en esos procedimientos, la intervención de los jueces no impidió llevar adelante la política pública.
Con ese escenario, el encuentro de este miércoles marcará el regreso formal de una discusión que promete extenderse durante las próximas semanas. Pullaro mantiene su decisión de avanzar con las reformas, pero en la Legislatura advierten que todavía queda mucha negociación por delante. Antes de discutir los votos para aprobar las leyes, Unidos deberá resolver internamente qué paquete está dispuesto a votar.
