El gobernador no consigue los votos para aprobar el endeudamiento y denuncia a los jefes territoriales. La crisis política anticipa la pelea electoral de 2027.
Claudio Vidal, gobernador de Santa Cruz.
El desafío político que Claudio Vidal enfrenta en Santa Cruz dejó de discutirse en los despachos para instalarse en el centro de la escena pública. El proyecto para autorizar un endeudamiento de hasta 600 millones de dólares quedó frenado por la falta de votos en la Legislatura y detonó una crisis institucional que amenaza con complicar aún más las cosas.
De un lado, está el gobierno provincial. Del otro, un grupo de intendentes opositores que desde hace rato cuestionan la gestión del petrolero.Todo escaló cuando después del fracaso legislativo, Vidal acusó públicamente a algunos jefes comunales de haberle pedido dinero en efectivo para acompañar la iniciativa. La denuncia, de enorme gravedad política, cambió el eje de la discusión.
Ya no se hablaba solamente de una deuda multimillonaria, sino de presuntos condicionamientos para aprobar una de las leyes más importantes de la gestión. “Hay intendentes de la oposición que pidieron dinero para que salga la ley de financiamiento”, expresó el gobernador y los jefes comunales estallaron.
El intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, mandó una carta documento intimando al gobernador a identificar con nombre y apellido a quienes hacía referencia o retractarse. Hasta ahora, Vidal no difundió públicamente los nombres de los supuestos involucrados, lo que alimentó todavía más la tensión entre la Casa de Gobierno y los municipios.
La política santacruceña se resume hoy en un número: 16. Esa es la cantidad de votos que necesita el oficialismo para habilitar el endeudamiento. Sobre un total de 24 diputados, la Constitución provincial exige una mayoría agravada de dos tercios para autorizar operaciones de crédito de esta magnitud.
El problema para Vidal es que esa mayoría hoy aparece fuera de su alcance. El oficialismo no reúne los votos suficientes y depende inevitablemente de acuerdos con sectores de la oposición. Del otro lado se consolidó un bloque de rechazo integrado por el peronismo, que reúne diez legisladores y alcanza para bloquear cualquier intento del Ejecutivo.
La derrota parlamentaria expuso una dificultad mayor, porque el gobernador mantiene altos niveles de centralidad política, pero todavía no logró construir una mayoría legislativa estable que le permita avanzar con las leyes estructurales de su administración.
Detrás de la discusión financiera comenzó a consolidarse otro fenómeno político, que es la coordinación entre los principales intendentes opositores. Grasso, desde Río Gallegos, volvió a ubicarse como el principal articulador del peronismo provincial. Recientemente elegido presidente del Partido Justicialista de Santa Cruz, calcula movimientos coordinados con Javier Belloni , el intendente de El Calafate que amagó con enfrentarlo en la interna, y Darío Menna, un kirchnerista de Río Turbio, que también salió al cruce de las declaraciones del gobernador Vidal.
"Los 600 millones de dólares que en un primer momento era para obra pública, después eran para resolver las cuestiones paritarias de los diferentes entes provinciales; entonces tampoco se sabe para qué se van a utilizar”, dijo Menna para justificar parte de su postura contra la inicitaiva del gobernador.
Con matices, es la postura de los intendente opositores respecto al endeudamiento. A lo largo del debate reclamaron mayor información sobre el destino de los recursos. Además de su incidencia sobre el grueso de los opositores en la Legislatura, controlan territorios estratégicos y concentran buena parte del poder político que todavía conserva el peronismo después de perder la gobernación en 2023.
En ese listado de opositores se suma el último desprendimiento del armado que llevó a Vidal a la gobernación. Se trata de la pata que responde al senador José Carambia, Movere, que rompió el espacio en la Legisaltura y dejó al oficialismo santacruceño sin votos en la cámara alta. Su hermano, Antonio, es el intendente de Las Heras, el lugar desde donde el mayor de los Carambia proyecta su candidatura a gobernador.
En la vereda oficialista permanecen intendentes como Pablo Anabalón, de Pico Truncado; el radical de Perito Moreno, Matías Treppo; la peronista Carina Bosso, en Gobernador Gregores; y Analía Farías, de Comandante Luis Piedra Buena. Respaldan la estrategia del Ejecutivo y sostienen que la provincia necesita financiamiento para recuperar infraestructura y reactivar inversiones, pero chocan contra la falta de voluntades en la Legislatura.
La discusión por los 600 millones de dólares también encuentra explicación en la delicada situación financiera que atraviesa Santa Cruz. Mientras intenta conseguir autorización para salir al mercado internacional, el Gobierno provincial debió gestionar recientemente asistencia financiera ante la Nación para fortalecer su caja y afrontar compromisos inmediatos.
Ese auxilio, cercano a los 20.000 millones de pesos, dejó al descubierto una realidad que se discute en la provincia, ya que la administración necesita recursos para atravesar el segundo semestre en un contexto de fuerte caída de ingresos, restricciones presupuestarias y conflictos por el reclamo de la policía que hace semanas se encuentra acampando frente a Casa de Gobierno y con los docentes a través del gremio ADOSAC.
Desde la Provincia sostienen que ambas situaciones no deben confundirse. Argumentan que una cosa es un adelanto financiero para atender necesidades transitorias y otra muy distinta un programa de endeudamiento destinado a infraestructura y desarrollo. Sin embargo, para la oposición ambas decisiones forman parte del mismo cuadro económico y explican la urgencia con la que el Ejecutivo busca aprobar la ley.
La pelea también revela un movimiento político de mayor alcance. Vidal profundizó durante los últimos meses su acercamiento con la administración de Javier Milei, especialmente a partir del vínculo construido con el ministro de Economía, Toto Caputo, interlocutor central en las negociaciones financieras entre la provincia y la Nación. Ese alineamiento responde tanto a una necesidad económica como a una estrategia política. El gobernador entiende que sostener un canal directo con la Casa Rosada puede convertirse en una herramienta clave para fortalecer su gestión en medio de un escenario fiscal complejo y no descarta una posible alianza para el 2027.
La disputa abierta con los intendentes amenaza con alterar ese plan. La denuncia sobre supuestos pedidos de dinero, la judicialización del conflicto y la imposibilidad de reunir los votos necesarios en la Legislatura terminaron adelantando una discusión que parecía reservada para dentro de un año.
En Santa Cruz ya casi nadie habla solamente de una ley de endeudamiento. Lo que empezó como una negociación parlamentaria terminó convirtiéndose en la primera gran batalla por el poder, con un gobernador que busca consolidar su liderazgo y una oposición que encontró en el rechazo a la deuda el punto de encuentro para volver a ordenar su estrategia.