Las dificultades financieras llevaron la tensión a la calle, pero la encerrona del gobernador es política: no tiene diputados para buscar una salida.
Claudio Vidal, gobernador de Santa Cruz y el ministro de seguridad Pedro Prodromos.
El conflicto con la Policía de Santa Cruz dejó de ser una discusión exclusivamente salarial para transformarse en el principal problema político que enfrenta Claudio Vidal. El reclamo de los efectivos terminó exponiendo la dificultad del gobierno provincial para encontrar canales de diálogo y alternativas para conseguir recursos en tiempos de vacas flacas.
La Provincia necesita acceder a nuevas herramientas financieras para afrontar las obligaciones presentes y sostener un plan de inversiones que, a largo plazo, permita recuperar capacidad económica. Esa explicación terminó vinculando de manera inevitable el conflicto salarial con el proyecto para tomar deuda que ingresa en una etapa decisiva dentro de la Legislatura, un lugar en el que el gobernador no cuenta con los votos necesarios para avanzar con sus iniciativas.
La semana pasada, el Ejecutivo convocó a una sesión extraordinaria para tratar el proyecto que autoriza a la provincia a contraer financiamiento por hasta 600 millones de dólares. La decisión se interpretó como una señal de la urgencia con la que el Gobierno necesita resolver uno de los temas centrales de su gestión y, al mismo tiempo, como un intento por recuperar la iniciativa política en medio del conflicto con las fuerzas de seguridad.
Desde la administración de Vidal sostienen que el endeudamiento permitirá financiar obras de infraestructura, proyectos energéticos, desarrollo productivo y mejorar la capacidad financiera de la provincia. Sin embargo, el contexto modificó completamente la lectura política de la iniciativa.
Para la oposición, lo que hace apenas unas semanas aparecía como una discusión sobre inversiones estratégicas quedó inevitablemente asociado a la incapacidad del Estado provincial para atender los reclamos salariales de sectores como la seguridad y la educación.
Para el gobernador, la negativa opositora a bridar esas herramientas a la gestión responde a "una clara intención de derrocar a este gobierno provincial". "Si hay cordura y realmente hay amor por el pueblo de Santa Cruz, los diputados van a dejar las expectativas políticas de octubre del 2027 y se van a animar a votar algo que nos va a permitir cambiar la triste realidad de esta provincia", dijo el día en el que el financiamiento se discutió en la Legislatura. No logró convencer a quienes terminaron tumbando el proyecto.
La crisis salarial también modificó el escenario político dentro de la Legislatura. Los bloques opositores comenzaron a cuestionar no sólo el contenido del proyecto de endeudamiento sino también la oportunidad elegida por el oficialismo para impulsarlo. En distintos sectores sostienen que resulta difícil discutir una autorización para tomar deuda por semejante magnitud mientras el propio Gobierno argumenta que no dispone de recursos suficientes para responder a las demandas salariales de los trabajadores estatales. "Se esta terminando la paciencia y se necesitan medidas urgentes del Ejecutivo", dice Carlos Godoy, legisaldor opositor de Río Turbio consultado por el conflicto policial por Letra P.
El clima leído desde el prismo opositor es central para comprender la magnitud del problema político que enfrenta el oficialismo. La toma de la deuda necesitan dos tercios del recinto legislativo para ser aprobada. El oficialismo cuenta con 11 de los 24 legisladores, a los que suele sumar tres bancas aliadas independientes. De los 10 opositores, 8 son de Unión por la Patria presidido por José Bodlovic, los opositores más duros. Los números, entonces, no dan.
Los opositores nucleados son 10 nucleados por el peronismo, 8 de UxP y 2 de ellos responde en un monobloque con Daniel Peralta y otro con Carlos Alegría que responde al intendente de El Calafate, Javier Belloni. En cuanto al oficialismo, 11 responde directamente a Claudio Vidal y 3 independientes con Piero Boffi, Segundo Pedro Muñoz del ARI y Fernando Martínez.
"No dicen para quá van a utilizar la deuda en un contexto en el que hay reclamos salariales y los ingresos están por debajo de la linea de la pobreza. No se hacen cargo del problema de la policía y por eso pedidos ya dos veces interpelar al ministro de Seguridad", agrega Godoy. El tema es que la oposición tampoco cuenta con los números para poder avanzar con esa maniobra legislativa.
La protesta policial terminó convirtiéndose en el hecho político más relevante para la administración provincial. No sólo porque puso en tensión la relación entre el Ejecutivo y las fuerzas, sino porque dejó al descubierto las limitaciones financieras que atraviesa Santa Cruz luego de la caída de los recursos nacionales y de una economía que todavía no logra recuperar dinamismo.
Diego Rodríguez, referente de policías retirados que lleva al frente el reclamo en acampes frente a la Casa de Gobierno de Santa Cruz, explicó a este medio que el aumento exigido tiene como base los 2 millones 200 mil pesos, pero "el Gobierno lo quiere pagar en cuotas". "Hoy estamos por debajo de la linea de la pobreza, por eso vamos a seguir con el acampe el tiempo que sea necesario y si no hay respuesta vamos a ir subiendo la escala del reclamo", advierte.
Esta semana ingresaron a Casa de Gobierno y hay un acatamiento del 95% de la policía en general según fuentes de seguridad provincial. Los policías retirados llevan este reclamos unos 31 días y los activos unos 21 días consecutivos. Un dato no menor es que el Gobierno esta semana a través de la Fiscalía de Estado plantó una denuncia penal formal a raíz de una manifestación y toma de los accesos de la Casa de Gobierno provincial ocurrida el martes.