La investigación sobre las irregularidades del programa Techo Digno amenaza con golpear a los adversarios de Alberto Weretilneck. Dirigentes en la cuerda floja.
Ciudad Judicial de General Roca, uno de los edificios que más audiencias se registran por la causa Techo Digno en Río Negro.
La megacausa Techo Digno volvió a moverse en Río Negro tras la feria judicial y el calendario empezó a marcar los tiempos de la política. Dirigencia vinculada al peronismo, el partido del gobernador Alberto Weretilneck y La Libertad Avanza transitan las dependencias públicas para aclarar su situación.
Con algunos juicios en proceso y otros ya definidos, como el de Gustavo Gennuso en San Carlos de Bariloche, la dirigencia observa la avanzada de las fiscalías de diversas circunscripciones sobre presuntas irregularidades en la ejecución Programa Federal de Viviendas ideado en el final del período kirchnerista, entre 2013 y 2015.
Aquella política pública canalizó millones de pesos y la hipótesis de la Justicia no es otra que administración fraudulenta y peculado en convenios firmados con la Nación, obras pagadas y cuestionadas, controles fláccidos o inexistentes. Los acusados, en su mayoría, son opositores a Juntos Somos Río Negro (JSRN), el sello del jefe provincial.
El 3 de marzo aparece ahora como una fecha subrayada en el Partido Justicialista (PJ), que acumula sinsabores. Ese día será la audiencia de la intendenta de Cervantes, Claudia Montanaro, una jugadora del tablero provincial muy cercana al kirchnerismo residual.
Montanaro es una de las referencias territoriales que conserva el exsenador Martín Doñate, parte del organigrama de intendencias justicialistas. Su caso vuelve a poner en el centro a una generación de dirigentes que enfrenta acusaciones. Otro de los acusados es su padre, Gilberto Montanaro, un cacique del PJ que supo llevar las riendas del municipio.
Lo que cambia ahora es el ritmo. Esta semana hubo audiencias clave para varios exintendentes.
En los tribunales de General Roca, la última semana comenzó el control de acusación contra el exjefe comunal de Río Colorado, Carlos Pilotti. La fiscalía expuso los hechos, la calificación legal y su pretensión punitiva. La defensa respondió con objeciones y el juez fijó un cuarto intermedio hasta el 9 de marzo para resolver. Si la acusación queda firme, el caso irá a juicio.
En General Fernández Oro, el proceso contra Juan Reggioni entró en su tramo decisivo. Ya hubo juicio oral y alegatos, y el veredicto se espera en breve. Reggioni supo atornillarse en el municipio de Fernández Oro apalancado en el peronismo ortodoxo, sobre todo en la referencia de Miguel Ángel Pichetto. Su nombre fue uno de los primeros en quedar asociado a la megacausa y su situación judicial marcó el pulso inicial del expediente.
En Cinco Saltos también se movió el tablero. Liliana Alvarado (Frente Grande) y Germán Epul (exJSRN) enfrentaron audiencia y la Justicia rechazó planteos de prescripción. Eso implica que la causa sigue viva y encamina su recorrido hacia el juicio. La discusión técnica, que durante años funcionó como paraguas defensivo, empieza a perder peso frente a un Ministerio Público decidido a llevar los expedientes a debate oral.
En Sierra Grande hubo movimientos en etapas anteriores y el municipio forma parte del mapa original de investigaciones. Todos los distritos involucrados compartían una característica: estaban gestionados por el justicialismo cuando se firmaron y ejecutaron los convenios bajo la lupa. Renzo Tamburrini (PJ) y el radical amarillo de Cambiemos Nelson "El Loco" Iribarren figuran en la grilla de acusaciones.
Ese dato no es menor. Techo Digno no es sólo un expediente judicial. Es también una radiografía política de una etapa del PJ rionegrino, atravesado por tensiones internas, disputas de liderazgo entre Miguel Pichetto, los herederos del fallecido gobernador Carlos Soria, y realineamientos posteriores. La causa impactó en trayectorias, cerró puertas y reconfiguró alianzas, mientras el senador Martín Soria -uno de los que no tuvo participación en la causa- robustecía su camino político en la Patagonia.
La megacausa tiene, además, un capítulo que trasciende al peronismo. En el tramo de Cipolletti, el expediente salpica al diputado Aníbal Tortoriello, exintendente de esa ciudad. Su situación fue durante años uno de los ejes del debate jurídico, sobre todo cuando lanzó su candidatura a la gobernación por su sello CREO Río Negro y luego se alineó con el espacio libertario.
Tortoriello está imputado por el manejo de fondos en su gestión municipal y su defensa también ensayó planteos de nulidad y prescripción. El expediente se convirtió en un obstáculo político en momentos clave de su proyección provincial. La Fiscalía insiste en su responsabilidad y pretende a toda costa, como a otras figuras de la vida pública, llevarlo a juicio.
El contraste es evidente. Mientras las causas contra exintendentes del PJ avanzan hacia juicio, el capítulo que involucra a Tortoriello sigue siendo observado con lupa por el oficialismo y la oposición. En el fondo, Techo Digno funciona como un espejo incómodo para casi todo el arco político rionegrino.
Luego de una serie hechos inéditos, que fueron dilatando definiciones, se espera que una nueva audiencia este 20 de febrero (donde finaliza el cuarto intermedio) podría definirse su situación.
Con todo, el oficialismo provincial mira de reojo. Juntos Somos Río Negro logró construir poder diferenciándose de los ciclos anteriores, pero la red de relaciones institucionales de aquella etapa sigue teniendo efectos. La oposición, fragmentada, tampoco queda al margen. Las causas cruzan partidos, trayectorias, ambiciones y ponen en juego relaciones institucionales históricas.
El Ministerio Público avanzó con la estrategia de ordenar los casos por municipio, sostener las acusaciones y llevar a debate oral aquellos expedientes que superen el filtro del control de acusación. Las defensas, en cambio, apuestan a la discusión empantanada, al paso del tiempo y a eventuales debilidades probatorias. Hasta algunos abogados, para estirar tiempos, presentaron certificados psicológicos.
Tortoriello en su momento había planteado que se trataba de un plan para sacarlo del medio, pero la discusión no pasó a mayores. Fuentes de JSRN consultadas por Letra P ratificaron “que nadie se mete” en el accionar de la Justicia y hasta recordaron que algunas administraciones aliadas tienen que dar respuestas.
Los aliados, hasta el inicio de 2024, fue el sector del peronismo que promovió el "gran acuerdo” que le permitió a Weretilneck ganar la gobernación en 2023.
Otro caso relevante es el de María Eugenia Martini, en Bariloche. La encargada de asumir luego de la destitución de Omar Goye en el Centro Cívico fue la antecesora de Gennuso. El juicio es inminente, tiene fecha en la segunda semana de marzo.
Como en otros casos, es acusada de fraude en perjuicio de la administración pública, administración fraudulenta y peculado “por presuntas irregularidades “en el pago de certificaciones a empresas .
Techo Digno vuelve así al centro de la escena. Ya no como eco de campaña, sino como expediente en marcha. Y con un detalle que ningún dirigente pasa por alto cuando las audiencias empiezan a fijar fechas concretas, la política deja de mirar hacia otro lado.