El intendente giró al Concejo Deliberante dos pedidos que oxigenarán las cuentas con $29.000 millones. El mano a mano con la UCR. Un pase de factura electoral.
Guillermo de Rivas acude a la emisión de Letras, mecanismo ya empleado en la ciudad de Córdoba.
Guillermo de Rivas emplearía el 80% de la nueva deuda para dar continuidad al plan de obra pública.
Exactamente 45 días después de haber asumido como intendente de Río Cuarto, Guillermo de Rivas decidió echar mano a dos medidas que reflejan una temprana preocupación por el estado de las cuentas municipales que heredó de Juan Manuel Llamosas.
También, claro, por la proyección de una crisis económica, ya rotulada como recesión, que impacta de lleno en la recaudación de municipios a los que los ingresos no les permiten siquiera afrontar los gastos corrientes. En el caso de la capital alterna, el cierre del primer trimestre arrojó un déficit de $1.900 millones. La proyección del rojo podría cuadruplicar la cifra.
Con tales cálculos sobre la mesa, y mediante sendos proyectos enviados al Concejo Deliberante de la ciudad, el titular del Ejecutivo solicitó autorización para tomar deuda por $5.000 millones, medida que se complementaría con una ampliación del 30% sobre el presupuesto general aprobado para el año en curso.
Ambas iniciativas tomaron estado parlamentario este lunes, con el ingreso a la comisión de Economía, dando inicio formal a las discusiones con la representación legislativa.
Por el momento predomina la cautela entre los concejales opositores, que han expresado su voluntad de “conocer a fondo” cada proyecto antes de emitir una opinión. No obstante, algunos ya anticipan un severo cuestionamiento a la administración de Hacemos Unidos por Córdoba, considerando la continuidad de De Rivas con los ocho años de Juan Manuel Llamosas.
La emisión de deuda prevista por el Ejecutivo municipal escalaría hasta los $5.000 millones. De ellos, un 80% correspondería a la emisión de Letras del Tesoro. Los mil millones restantes provendrían de un crédito solicitado al Banco de Córdoba.
Según la justificación del pedido, la mayor parte del dinero extra se destinaría a la continuidad de proyectos de obra pública ya en marcha y el sostenimiento de programas de asistencia social, esenciales en el mismo marco crítico.
La misma solicitud lleva la firma de Pablo Antonetti, quien va por su tercer período como secretario de Economía, señalado como artífice del superávit fiscal que obró como carta brava para impulsar a De Rivas. Aunque éste se haya despegado de un rol de continuador, tomó bajo su responsabilidad la continuidad de los “éxitos” en materia económica.
Para hallar un rojo en los informes de Río Cuarto hay que remontarse a la época de la pandemia. Desde entonces cada presentación había llevado tilde verde. La consistencia fiscal ha sido también un atributo innegociable para las administraciones que estacionan en el Partido Cordobés.
“Se cae el cuento del superávit. Ahora Guillermo deberá asumir que la situación no es como describía en campaña”, espolea una voz opositora.
La opción por Letras del Tesoro es un camino recorrido ya por otras administraciones golpeadas por la crisis. Entre ellas la capital provincial, que acudirá a la herramienta por segunda vez en el año.
La pasada semana De Rivas participó del III Congreso de Participación Ciudadana y Descentralización. Además de experiencias de gestión, los alcaldes de las principales ciudades de la provincia compartieron sus inquietudes por la caída en la recaudación, correlato de la poda de fondos desde las administraciones centrales.
El panorama general no oculta, mucho menos para la oposición, componentes endógenos para la administración riocuartense. Algunos gozan de mayor comprensión. Según informan fuentes oficiales, el Gobierno destina $300 millones por mes en seguridad y una cifra similar para el transporte (mayormente subsidios al boleto urbano, que desde el fin de semana cuesta $900).
Pero otra parte del déficit corresponde a un incremento del gasto por las elecciones municipales realizadas en junio. Desde el oficialismo apuntan a la organización de los comicios como explicación; desde la UCR y el peronismo de Adriana Nazario señalan a las acciones proselitistas para levantar al candidato oficialista (entre obras públicas y publicidad) como la vía del drenaje.
El bloque radical también apunta omisiones en la narrativa del oficialismo riocuartense, que ubica en 2017 el último antecedente de toma de deuda, por casi 15 millones de dólares, cancelada cuatro años después.
“La última fue en junio de 2023, por $800 millones. La cancelaron en abril de este año. También pidieron $350 millones en concepto de adelanto de coparticipación y $80 millones para pagar el descubierto con el Banco de Córdoba”, precisa una calificada fuente.
Junto al requerimiento por mayor endeudamiento, De Rivas ha pedido una ampliación presupuestaria del 30%. El monto equivale a casi $24.000 millones, sobre el cálculo original, aprobado en noviembre del pasado año, cuando el ahora intendente revistaba como secretario de Gobierno de Llamosas.
De encontrar curso favorable en el Concejo Deliberante, el presupuesto para el 2024 llegará a los $103.000 millones. El oficialismo ha instruido a sus ediles para que impulsen un tratamiento prioritario a esta iniciativa.
Las razones responden al mismo panorama descripto: recesión económica, caída en la recaudación impositiva y marcada merma en la coparticipación provincial. La ampliación presupuestaria, argumentan, permitiría la continuidad en la prestación de servicios esenciales en un contexto de creciente demanda social.
Como carta de negociación, el mismo Ejecutivo podría ofrecer números de los recortes ya realizados en los gastos de “la política”. El pedido de ajustar el cinturón atañe a todas las áreas del Gobierno, en el marco de una “profunda revisión de la estructura de gastos” en el municipio.
Como contara Letra P, tal revisión también ha incluido el cese de unos 48 contratos en la nómina de empleados municipales. Tal decisión implica otro temprano foco de conflicto para una flamante gestión.