El intendente de la capital alterna reorganizó las partidas presupuestarias. Un recorte de contratos inauguró la fase de tensión. La baja impositiva, en pausa.
Guillermo de Rivas promueve una revisión general del gasto en la Municipalidad de Río Cuarto.
Desde el gobierno municipal matizan el resultado económico del segundo cuatrimestre del año, último de la gestión de Juan Manuel Llamosas.
Las primeras seis semanas en el Palacio de Mojica no han dado tregua a Guillermo de Rivas. El intendente de Río Cuarto afronta un inicio de gestión conflictivo. Presumibles algunos, crecientes otros, todos los problemas tienen la misma raíz: una recesión que obliga a las administraciones municipales de Córdoba a revisar promesas de campañas que rápidamente caen en obsolescencia.
En el caso de la capital alterna son tres los focos que concentran la atención. El más urgente es la caída en déficit de las arcas riocuartenses. El más reciente se activó con la decisión del Sindicato de Empleados Municipales de comenzar un plan de lucha, tras el corte de unos 50 contratos. Más lejos, sin fecha cierta, se difumina el compromiso de recortar impuestos al sector productivo.
El reciente Informe Trimestral de Gestión Financiera, elaborado por la Secretaría de Economía de Río Cuarto para el segundo trimestre del 2024, refleja “un decrecimiento real del 207% respecto del mismo período del año anterior”.
Según el mismo documento, el déficit primario alcanzó los $1.900 millones para el período computado. Es decir, los ingresos corrientes del municipio no fueron suficientes para cubrir los gastos operativos que debe afrontar cotidianamente.
El dato, anticipado por el diario Puntal, corresponde a la última etapa de la gestión de Juan Manuel Llamosas como intendente. Primer rojo en siete años y medio de administración del peronismo en la ciudad, marca un corte en la narrativa superavitaria que sirviera para promocionar la continuidad del secretario de Gobierno de aquel y buena parte de su equipo de gestión.
Las nuevas autoridades prefieren matizar interpretaciones agoreras. No sólo remarcan que se trata de una herencia; también hablan de una caída previsible por dos razones. Por un lado, las erogaciones a que obligaron las elecciones municipales realizadas el 23 de junio. Según estiman, debieron desembolsar más de $400 millones en la organización de los comicios, desde capacitación de autoridades hasta logística.
Por otro lado, asumen como inevitable una caída en la recaudación impositiva, consecuencia directa del estancamiento económico. Explicación recurrente, los contribuyentes suelen posponer el pago de sus obligaciones con el fisco en épocas de crisis.
También ponderan las consecuencias de un verano en que la inflación superó exponencialmente los registros de temperatura, especialmente para la adquisición de bienes e insumos esenciales.
“En los meses de abril, mayo y junio de 2024, que corresponden al segundo trimestre del año, los ingresos corrientes del municipio ascendieron a $20.066,8 millones, mostrando un decrecimiento real del 10% frente a igual trimestre del 2023”, rubrica el citado informe.
Fuentes consultadas también relativizan la relevancia del déficit. Según analizan, los casi $2.000 millones tienen una ínfima representación para un presupuesto anual de $100.000 millones. “Es muy manejable”, sintetizan.
En simultáneo, remarcan la decisión de De Rivas de impulsar una revisión integral de la estructura de gastos municipales. El centro de la lupa está puesto en las erogaciones en personal. Sospechas consuetudinarias sobre nombramientos por favores conviven con discursos de moda sobre el tamaño ideal del Estado.
El primer capítulo de este examen culminó con el corte de 48 contratos. De diferentes antigüedades (aseguran que algunos provienen de la gestión de Juan Jure), representan el 10% del total de personal bajo tal modalidad.
La amenaza de poda se cierne específicamente sobre este colectivo, tal como entiende la dirección del Sindicato de Trabajadores Municipales. Su conducción evita eufemismos y habla de despidos. Su alerta se extiende sobre las 1.200 personas que conforman la planta permanente.
Bajo alerta también, comunicaron un plan de lucha que por ahora contempla asambleas. Para una lucha que prevén larga cuentan ya con un aval de peso: Rubén Daniele, el histórico líder de los municipales de la ciudad de Córdoba.
Desde la intendencia cambian la frecuencia de la discusión. Deslizan responsabilidad hacia contratados y contratadas, a quienes adjudican conciencia plena sobre la caducidad de sus vínculos laborales. También afirman que la discusión planteada por el gremio se reduce a la mitad de los contratos mochados.
“La principal discontinuidad es para cargos políticos. La decisión se tomó con criterios de administración. También en función de sus desempeños”, dicen a Letra P. Enfatizan que, pese a todo, el diálogo con el STM “sigue siendo muy bueno”.
El panorama en que se desenvuelve la nueva gestión también obliga a la continuidad del gasto público en temas sensibles.
Según explican, la intendencia mantiene una inversión mensual de $180 millones para evitar un incremento astronómico en el valor del boleto para el transporte urbano, un problema que se extiende por la región central del país de manera proporcional a la quita de subsidios nacionales.
También unos $400 millones mensuales en materia de seguridad, incluyendo el despliegue de las guardias urbanas, viva imagen de la trascendencia de la problemática para quienes se integren al Partido Cordobés de Martín Llaryora.
De igual manera, remarcan que deben afrontar una duplicación en la demanda de los comedores populares en la ciudad. “Creció el 100%”, subrayan.
Sin menciones explícitas, los datos grafican la dureza del impacto de las políticas recesivas, promovidas por el gobierno de Javier Milei, en la economía de una ciudad con gran potencial económico y productivo.
Sin giros desde la Nación, tampoco es suficiente el cobijo que brinda el gobierno de la provincia. “Hay menos aportes, sin dudas. En algunos ítems es notable. Pero entendemos. El gobierno provincial tiene que arreglarse como puede”, sentencian.
El repaso de las variables arroja dudas sobre la factibilidad de una de las principales promesas proselitistas: la rebaja de impuestos para los ciudadanos en general y el sector productivo en particular. Según adelantara en su campaña, la detracción llegaría al 40 por ciento, con un plan progresivo sobre Ingresos Brutos.
A poco más de un mes del inicio, voces oficiales mantienen el concepto de revisión, pero evitan ponerle fecha al compromiso, concepto básico del manual de la política. "Nunca dijimos que lo haríamos de manera urgente. Sí será más justo, más equitativo. Pero primero tenemos que hacer analizarlo minuciosamente", admiten a este medio.
La admisión opera como referencia de la preocupación por el estado de las arcas municipales. Peronistas disidentes dicen olfatear un pase de facturas entre el alcalde y su antecesor. Por el momento, los funcionarios le quitan entidad y mantienen un balance positivo de la continuidad del cordobesismo. El mismo movimiento que, su año cero, tuvo en la rebaja impositiva su primer rasgo distintivo.