El proyecto se dictaminó en el Senado con modificaciones que no contienen al sector dialoguista. Glaciares, también aplazado. El 26, sesión por el presupuesto.
Ezequiel Atauche y Patricia Bullrich, de La Libertad Avanza, durante el debate de la reforma laboral.
La protesta de la CGT tuvo al menos un triunfo parcial: la reforma laboral que debate el Senado no llegará al recinto al menos hasta febrero, porque Patricia Bullrich no logró negociar con la oposición dialoguista la totalidad de las modificaciones. La jefa de La Libertad Avanza (LLA) consiguió el dictamen y retomará las gestiones el martes 10.
Esa fue la fecha que anunció Bullrich este jueves para una eventual sesión, durante el último plenario de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y la de Presupuesto del Senado, donde presentó los despachos. Tuvo adhesión de aliados como la UCR, PRO y algunos partidos provinciales, suficiente para llegar a la mitad más uno. Al cierre de esta nota buscaban la rúbrica de algunas fuerzas locales, como la cordobesa Alejandra Vigo o la salteña Flavia Royón.
Como anunció Letra P, este miércoles Bullrich recibió propuestas de modificaciones de todas las bancadas, aceptó muchas, pero no las suficientes para consensuar un texto que conformara a todos. Además, influyó el efecto del fracaso que significó para el gobierno no aprobar todo el presupuesto en diputados. "Queremos que sea ley con los 44 votos que hay sin el peronismo", explicaron.
La misma situación sucedió con la reforma de la ley de glaciares, que este jueves tuvo su última jornada de tratamiento con la visita de los gobernadores Marcelo Orrego (San Juan) y Raúl Jalil (Catamarca). El proyecto fue despachado, pero no llegará al recinto hasta 2026. "Llamaríamos el primer día hábil de febrero hasta el 27", precisó Bullrich.
La senadora realizó sus anuncios luego de la reunión que mantuvo en la Casa Rosada con la mesa política, para definir una hoja de ruta luego de la aprobación parcial del presupuesto este miércoles. El Senado sólo tratará la ley de leyes e inocencia fiscal este viernes. El resto a febrero.
El proyecto de reforma laboral contiene reformas a la ley de contratos de trabajo que apuntan a reformar las relaciones de empleo, con el diagnóstico de que, con las reglas actuales, a las empresas les complica generar empleo, por sus costos impositivos y judiciales.
Para aliviarlos, el proyecto prevé cambios como un fondo para financiar indemnizaciones (FAL), con dinero de ANSES, la flexibilización de los convenios colectivos (con el fin de la ultraactividad), el banco de horas, reducción de los aportes sociales y fuertes restricciones a la recaudación de los sindicatos, como cobrar afiliados sólo con consentimiento.
Tampoco se permiten renovar los aportes solidarios, que paga todo el personal por derecho a paritaria. Algunos de estos temas merecen una revisión de la oposición dialoguista, que no en dos los casos encontraron eco en la Casa Rosada.
Sostener la FAL es uno de los objetivos más difícil de Bullrich, quien fundamenta su existencia en que el 60% de las jubilaciones se pagan con IVA. Una propuesta en estudio es que las grandes empresas queden excluidas del beneficio.
Una modificación del dictamen respecto al texto original fue en las indemnizaciones, que el proyecto prevé que se paguen en 12 cuotas -18 en el caso de mipymes-. El pago en especie fue eliminado. Sólo se incluyeron las billeteras virtuales habilitadas en el Banco Central.
Tampoco se tocó el capítulo sobre plataformas de trabajadores independientes, quienes son considerados por fuera del contrato de trabajo. En la UCR habían pedido que sea tratado en un proyecto aparte. Otro reclamo de la oposición que no fue considerado es el orden de prelación, que habilita a convenios por empresa.
La ultractividad es otro de los puntos conflictos. El proyecto permite continuar los convenios en su aspecto normativo (salarios y condiciones), pero caen las obligacionales (cuota solidaria), motivo de choque de frente con los gremios. Bullrich está dispuesta a pelear por sostener el espíritu del proyecto, pero también a negociar lo que sea necesario para aprobar un texto de consenso.
"Decir que venimos rápido es falso. Es lento: desde 1973 se abrieron muchos intentos de cambios", sostuvo Bullrich, quien identificó tres tipos de empleo: "el formal, el informal, que no tiene beneficios sociales; y el semiformal, que cobra un sueldo mínimo. Todo esto es por lo que se llama costo fiscal, que es exceso de impuesto de cargas. En la Ciudad de Buenos Aires, la tasa de mortalidad de empresas llega al 60%", sostuvo la senadora.
La última jornada de debate tuvo invitados de Unión por la Patria (UP) que fueron a despotricar contra la reforma. Uno fue Guillermo Crespo de la Asociación de Abogados Laboralistas (AAL), quien calificó la iniciativa como “absolutamente negativa, no solo para los trabajadores sino para el conjunto de la población. Es un retroceso y una pulverización evidente de los derechos de los trabajadores”, denunció.
Marcelo Mazzón, director ejecutivo de la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (ABAPPRA), le puso reparo al uso de las billeteras virtuales. “No creemos un nuevo cisne negro porque hace décadas existen cuentas sueldo que son gratuitas, seguras y le dan al usuario bancario la plena disponibilidad de sus ahorros”.
El actor Pablo Echarri cerró la mañana con un pedido para impedir la reforma o al menos revisar el tratamiento impositivo a las plataformas, que siguen eximidas. “Eliminar la cultura nacional es patearnos en contra. Es una reforma regresiva y ruinosa para todos los trabajadores en un marco de pobreza extrema. Esto no es una salida, es un sometimiento de los empleadores", denunció.
La central obrera encabeza una movilización a Plaza de Mayo mientras el proyecto se debate en el Senado. Peronismo, izquierda y movimientos sociales, presentes.