Negocia a dos manos con el Gobierno, pero busca desmarcarse del ajuste mileísta “a ciegas”. Control político, ola libertaria y el debate por la re-reelección.
Gustavo Sáenz
La política de Salta ya se ordena en clave 2027. Aunque la Constitución provincial reformada en 2021 fija un límite de dos mandatos para quien ocupa la gobernación, la posibilidad de que Gustavo Sáenz busque un tercer periodo ya comenzó a estructurar el debate político, jurídico y partidario en la provincia.
No hay anuncios formales ni definiciones públicas y el saencismo repite que “no es un tema de agenda”. Sin embargo, la acumulación de poder territorial, el control del armado legislativo, la relación transaccional con la Casa Rosada y la centralización de decisiones en el Ejecutivo provincial configuran un escenario que se piensa explícitamente hacia 2027.
El debate por un eventual tercer mandato no es nuevo en Salta. Juan Carlos Romero gobernó tres períodos consecutivos, entre 1995 y 2007, y Juan Manuel Urtubey hizo lo propio entre 2007 y 2019, ya que la carta magna salteña permitía la doble reelección. Sin embargo, Sáenz se enfrenta a esa posibilidad luego de haber impulsado una reforma constitucional que limitó la reelección a un solo mandato.
Esa tensión entre la letra de la Constitución y la práctica política atraviesa hoy a oficialismo, oposición y al propio campo jurídico, donde las interpretaciones se dividen. En foco está el argumento de que el actual mandato pueda ser considerado como el primero con el nuevo texto, un ardid al que apelaron otros mandatarios, no siempre con suerte. El escenario que se proyecta hacia 2027 retoma esa tradición salteña de liderazgos prolongados, pero en un contexto político mucho más fragmentado e incierto.
El reordenamiento político posterior a las elecciones legislativas de 2025 terminó de acelerar el debate. La irrupción de La Libertad Avanza modificó el mapa de fuerzas en toda la provincia, sobre todo con triunfos consecutivos en la Capital tanto en los comicios provinciales como en los nacionales. Sin embargo, en octubre, Primero los salteños, la fuerza que impulsó Sáenz, quedó segunda, a corta distancia del oficialismo libertario, manteniéndolo dentro de un escenario competitivo.
En ese sentido, el gobernador se muestra como un actor con capacidad de disputar poder en un contexto fragmentado, sin hegemonías claras y con un sistema político que volvió a polarizarse. Por ello, la posibilidad de que Sáenz vuelva a presentarse –o al menos intentarlo- empezó a ordenar las estrategias de propios y ajenos.
Uno de los pilares de la estrategia hacia 2027 está fuera de la provincia. Sáenz apuesta a llegar al final de su mandato con capacidad real de negociación a nivel nacional. En ese sentdo, el Congreso se consolidó como la herramienta principal para ese objetivo.
En Diputados le responden Pablo Outes, Bernardo Biella y Yolanda Vega. En el Senado, Flavia Royón. Así consolida una pieza clave en un escenario de negociación legislativa del oficialismo libertario, que no tiene cuórum propio. La lógica es clara desde que asumió Javier Milei: acompañamiento condicionado a cambio de recursos, obras y espacios institucionales, como el reciente nombramiento de Pamela Calleti en la Auditoría General de la Nación.
Lo cierto es que mientras el discurso oficial provincial marca distancia del ajuste aplicado “a ciegas” por la Casa Rosada, en la práctica los votos salteños sostienen la gobernabilidad libertaria. Lo que hay es una relación de conveniencia mutua que le permite a Sáenz llegar al fin de su mandato con recursos asegurados y presencia en ámbitos estratégicos de poder.
La proyección hacia 2027 también se construye en el plano simbólico. El Ejecutivo provincial trabaja sobre un relato que busca diferenciarse del modelo nacional sin romper el vínculo político. Equilibrio fiscal, eficiencia del Estado y “orden sin motosierra” aparecen como los ejes discursivos de una eventual campaña.
La primera conferencia de prensa de este año, encabezada por la vocera Paula Benavides, fue una muestra de ese encuadre. El mensaje no estuvo dirigido al pasado, sino a fijar las condiciones del debate que viene, con déficit cero como piso, gasto social sostenido y un Estado provincial que se presenta como garante frente al ajuste nacional.
Ese discurso se complementa con una creciente centralización del poder. La nueva ley de ministerios, la reducción de secretarías y la concentración de decisiones en un núcleo reducido del Ejecutivo apuntan a un objetivo claro: llegar a 2027 con control político pleno y sin fisuras internas.
En esa línea, la gestión económica funciona como respaldo político. Minería, agroindustria, turismo y empleo aparecen como los pilares sobre los que el saencismo busca construir legitimidad futura.
El impulso a los proyectos mineros bajo el paraguas del RIGI, la insistencia en la “seguridad jurídica” y la contratación de mano de obra local no solo responden a una estrategia productiva, sino a la necesidad de mostrar resultados concretos en términos de empleo y recaudación antes de la próxima contienda electoral.
La misma lógica atraviesa las políticas de alivio fiscal, modernización tributaria y acompañamiento a emprendedores, pensadas como herramientas para sostener alianzas con sectores económicos clave en un escenario electoral competitivo.