Fueron a las PASO con candidatos fallecidos o sin consentimiento. Dos sellos cobraron $552,8 millones por aportes de campaña e impresión de boletas.
Los apoderados de cuatro partidos políticos fueron procesados por defraudación en la provincia de Buenos Aires: en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias ( PASO) de 2023 presentaron candidatos fallecidos o que no habían dado su consentimiento para integrar las listas. Dos sellos, considerados pymes electorales, llegaron a cobrar $552,8 millones en concepto de aportes de campaña e impresión de boletas.
La resolución fue dictada por el juez electoral Alejo Ramos Padilla contra quienes buscaban con candidatos falsos el financiamiento del Estado para imprimir sus boletas, con el objetivo de cobrar el dinero que el Estado otorga por ley a las fuerzas políticas que participan del proceso electoral.
Según la resolución judicial, se trató de “maniobras fraudulentas desplegadas por un conjunto de apoderados y autoridades partidarias que consistió en la conformación de partidos políticos sin representación ni vocación política real”, para “acceder a las herramientas de financiamiento que legítimamente corresponden a las agrupaciones para su funcionamiento y participación en la contienda electoral”.
En el escrito judicial de 180 páginas se dispuso el procesamiento de los apoderados de los partidos Encuentro Republicano Federal, Justicia y Dignidad Patriótica, Proyecto Joven y Esperanza del Pueblo, se les prohibió la salida del país y se embargaron sus bienes.
A Ernesto Raúl Habra, apoderado del partido “Encuentro Republicano Federal”, se lo señala como organizador de gran parte de las maniobras ilícitas en los cuatro partidos investigados y se lo procesó por “defraudación a la administración pública en concurso ideal con falsedad ideológica” en cuatro oportunidades.
Sergio Jesús Medrano, Yamil Eloy Salerno y Matías Mauricio Burgos, apoderados de “Justicia y Dignidad Patriótica”, “Proyecto Joven” y “Esperanza del Pueblo”, respectivamente, fueron procesados bajo las mismas figuras penales, aunque sólo con relación a sus propios partidos.
Sobre los miembros de las juntas electorales que fueron indagados y desconocieron sus firmas en las actas, por el momento se les dictó la falta de mérito y se ordenaron pericias caligráficas y otras medidas para corroborar sus descargos.
La pesquisa, según detalla la resolución judicial, demostró que “un grupo de apoderados y autoridades partidarias utilizaban datos de ciudadanos para conformar el cuerpo de afiliados y los órganos partidarios, y así constituir agrupaciones políticas”. La mayoría de los precandidatos no solamente desconocían su inclusión en las nóminas, sino que algunos ya estaban fallecidos.
Con el dinero obtenido ilegítimamente por dos de las agrupaciones -las dos restantes no llegaron a cobrarlo porque sus listas fueron rechazadas por las autoridades electorales-, habrían mandado a imprimir las boletas a una imprenta de la ciudad de Santa Fe, de la que es socio el propio Habra. “Se lograron determinar vínculos entre dichos apoderados y autoridades partidarias con la imprenta que era seleccionada para la impresión de boletas por los partidos involucrados en esta investigación”, explica la resolución.
Millones asignados por la DINE
En la investigación se detalló el dinero asignado por la Dirección Nacional Electoral (DINE) a estas agrupaciones y el que efectivamente recibió cada una.
A Proyecto Joven se le asignó un total de $352.050.020,32 en concepto de aportes de campaña e impresión de boletas para las categorías diputados nacionales, parlamentarios del Mercosur distrito regional y senadores nacionales. Además, se dispuso un nuevo aporte para imprimir boletas para los partidos que presentaran listas internas y por cada categoría se otorgó $76.566.885,12.
A Justicia y Dignidad Patriótica se le asignaron $124.224.124,30, también por aportes de campaña e impresión de boletas, por las categorías diputados, parlamentarios del Mercosur distrito regional y senadores nacionales.
Esperanza del Pueblo y Encuentro Republicano Federal no lograron cobrar el dinero asignado por haber sido rechazadas las listas con las pre candidaturas presentadas, aunque la DINE ya había designado cifras millonarias a ambos partidos.