Los partidos políticos que anotaron precandidatas y precandidatos para competir en las PASO en la provincia de Buenos Aires fueron obligados a presentarse ante la Justicia Federal con competencia electoral y mostrar las boletas impresas que repartirán en los centros de votación el domingo 13 de agosto, además de exhibir toda la información fiscal del pago a las imprentas donde las obtuvieron, facturas y declaraciones juradas. Así lo dispuso el juez federal Alejo Ramos Padilla a través de una resolución que apunta a desarticular posibles maniobras de "pymes electorales" en territorio bonaerense, es decir, sellos partidarios vacíos que se presentan con el único objetivo de cobrar los hasta 123 millones de pesos que el Estado le da a los partidos políticos para que solventen el operativo de impresión de la papeleta.
La resolución -a la que los partidos comenzaron a responder este miércoles- se conoció poco después de que la Junta Electoral bonaerense encendiera la alarma y avisara al gobierno bonaerense y al juzgado de Ramos Padilla sobre el "kiosco" de las pymes electorales, que se puso de relieve cuando se revisaron las listas que presentaron varios de esos partidos plagadas de "candidatos ilusorios", como los definió el organismo.
El negocio de los partidos políticos cuasi fantasmas se multiplicó en este turno electoral en Buenos Aires, donde para el cierre de listas se presentaron 26 precandidatos a gobernador en 24 frentes políticos diferentes, dos de ellos con interna (Juntos por el Cambio y el Frente de Izquierda). Es una cantidad récord en la historia bonaerense. Una oferta electoral desproporcionada, incluso para la provincia con la mayor cantidad de votantes del país, 14 millones, el 38% del padrón electoral nacional.
Tienen nombres como "Encuentro Republicano Federal”, “Esperanza del Pueblo”, “Frente Federal de Acción Solidaria” y “Justicia y Dignidad Patriótica” y muchos de ellos ni siquiera llegarán a estar en las urnas el día de las elecciones. Pero en el medio cobrarán los fondos para imprimir material para el cuarto oscuro, que este año fueron establecidos en un cálculo de 2,92 pesos por cada tramo de los ocho que tendrá la boleta.
Con un total de 14.059.936 personas habilitadas para votar, eso significa que para cubrir al menos un juego de boleta por cada elector, un partido político que presente solo el tramo de precandidatura a la gobernación se llevará a sus arcas 41.055.013,12 pesos. Si presenta, como en el caso de los frentes más conocidos, además de postulante a la gobernación, aspirantes en todos los distritos de la provincia y para la Legislatura, el monto total que cobrará es de 123.165.039,36.
Desfile de apoderados
El desfile de apoderados con paquetes enormes termosellados de boletas comenzó este miércoles en los galpones que la Justicia Electoral tienen en el barrio Meridiano V de La Plata, el lugar que fijó Ramos Padilla en la resolución para que los apoderados lleven físicamente todas las boletas impresas en fajos de hasta 50 boletas por envoltorio, para cada una de las mesas de votación, en plástico termosellado o con papel film. Tienen que estar dobladas en dos para que se vean todos los tramos impresos.
La maniobra sospechada más común es la de los partidos que cobran los fondos, solo imprimen un diez por ciento de las boletas, consiguen recibos falsos de impresiones y los presentan a la Justicia. Por eso, ahora se les pide que presenten todas las boletas, en días sucesivos desde el miércoles pasado y hasta el miércoles de la semana próxima.
Además, las personas apoderadas tienen que presentar facturas, cómo lo pagaron y declaraciones juradas.
El juzgado de Ramos Padilla informó la semana pasada que 124 listas que presentaban precandidaturas a cargos municipales en distritos bonaerenses fueron desistidas por sus partidos y no participarán de las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, luego de que se requiriera que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) controle las operaciones vinculadas a la impresión de boletas.
Las bajas se notificaron después de que el juez por primera vez diera a la AFIP intervención para que haga los controles del operativo de impresión de boletas.
