Tienen una arquitectura jurídica permeable a manejos opacos de fondos. Opción de aporte a los partidos. Proyecto de reforma: ¿trampa para la representatividad?
Javier Milei y la Fundación Faro
Como quien intenta neutralizar a un caníbal comiéndolo, Javier Milei anunció la profundización de su lucha contra “la casta” creando una fundación; una figura jurídica opaca relacionada con el financiamiento espurio de la política. La Fundación Faro nació al tiempo que el Gobierno busca eliminar el aporte público para campañas electorales y sacar los topes al tributo privado.
“Son fáciles de truchar. Se entregan los balances anuales y se archivan, sólo se revisan ante una denuncia concreta”, explicó a Letra P un jurista especialista en Derecho Administrativo y recordó: “Quienes donan a una fundación, reducen su carga fiscal”.
Respeto de la reforma política, entre expertos en financiamiento electoral hay consenso en cuanto a que, al sacarle el aporte del Estado a los partidos políticos, puede dejarlos rehenes de las élites económicas y debilitar la representatividad del total de la sociedad.
“Los que aportan, quieren recuperar la inversión. La paga puede ser un contrato o una resolución a medida de sus intereses”, advirtieron las fuentes consultadas.
En la misma semana que La Libertad Avanza presentó la Fundación Faro rodeada del Círculo Rojo empresarial dispuestos a hacer transferencias en dólares al CBU que le indiquen, el oficialismo envió al Congreso el proyecto Reforma para el Fortalecimiento Electoral, en el que propone “reducir el aporte estatal para actividades electorales y promover la transparencia en el financiamiento de los partidos”.
Las fundaciones son entidades “sin fines de lucro y organizadas para el bien común”, no pagan ningún tipo de impuestos, necesitan la autorización del Estado para funcionar y son controladas a ejercicio vencido por la Inspección General de Justicia (IGJ) en la Ciudad de Buenos Aires y por la Dirección de Personas Jurídicas si están inscriptas en la Provincia de Buenos Aires.
Actualmente la ley electoral prohíbe hacer donaciones anónimas a los partidos políticos. Esto contribuyó a que las fundaciones fueran el camino alternativo para el financiamiento. Los casos son innumerables.
En la campaña que llevó a Mauricio Macri a la Casa Rosada surgieron sospechas sobre los fondos que manejaban las fundaciones SUMA, de la exvicepresidenta Gabriela Michetti; Fundar Justicia y Seguridad, del ex secretario de Seguridad Eugenio Burzaco; y Formar, cuyo titular era el ministro de Transporte Guillermo Dietrich. Entonces, ninguna presentó balances ante la IGJ.
Milei, quien arrancó su carrera política desde los márgenes y con la bandera anticasta, recibió el apoyo explícito de una red de fundaciones, desde las que salieron cuadros políticos.
Algunos, incluso, ostentan espacios de poder como el diputado Alberto Benegas Lynch (h), presidente del Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso, en el que también figura el vocero presidencial con rango de ministro, Manuel Adorni.
En la Fundación Atlas, como coordinador de Asuntos Institucionales aparece el secretario de Prensa de la Presidencia, Eduardo Serenellini. Esta organización es encabezada por Martín Simonetta, un economista que apoyó a Milei desde los albores de la carrera política del libertario.
El proyecto de reforma política que el Ejecutivo envió al Congreso propone modificar la ley 26.215, para que las campañas electorales dejen de ser financiadas por el Estado y permitir un financiamiento privado para solventar actividades partidarias, con “controles más estrictos” a fin de garantizar la transparencia.
La iniciativa plantea eliminar el pago con aportes públicos de las campañas y boletas electorales. Sólo quedará un aporte anual a través del Fondo Partidario Permanente, que se repartiría en un 20% en partes iguales entre todos los partidos políticos reconocidos. El 80% restante se asignaría de manera proporcional a los votos que haya obtenido cada partido en la elección anterior.
A favor de la transparencia, los aportantes deberán completar una declaración jurada a través de una plataforma digital de acceso público, garantizando la legalidad de los fondos. También se implementará una plataforma digital para registrar y publicar todos los aportes recibidos por los partidos.
El gobierno de Milei sostiene que el sistema actual de financiamiento “no logró sus objetivos de equidad”. Las cifras informadas revelan que, en 2023 , se destinaron aproximadamente u$s1,3 millones a aportes anuales públicos, más u$s5 millones en aportes de campaña para las PASO y más de u$s10 millones para las elecciones generales.