La Cámara revirtió los recursos presentados por la intendenta de Mendiolaza. El PRO llevará la causa al Tribunal Superior. La semana negra del macrismo.
Adela Arning, una de las principales referencias de Mauricio Macri para la renovación dirigencial del PRO en Córdoba, sufrió un nuevo revés judicial que deja sólo un postrero recurso a la estrategia con que intenta evitar la revocatoria de su mandato como intendenta de Mendiolaza.
Este jueves, la Cámara en lo Contencioso Administrativo de esta provincia decidió confirmar el dictamen de la Fiscalía de Cámara, emitido hace un mes, quien ya había rechazado sendas acciones interpuestas por la dirigente que se desempeña como vicepresidente de la Asamblea Nacional del partido amarillo.
Por un lado, el cuerpo colegiado ratificó que la corroboración de firmas recolectadas para iniciar el proceso de revocatoria debe realizarse sobre el padrón completo, no sobre el total de personas que sufragaron hace sólo dos años, depuración que pedía la representación legal de Arning.
La misma conclusión se aplica para las personas habilitadas para votar: serán todas las empadronadas, no sólo aquellas que efectivamente hayan sufragado en 2023.
Por otra parte, al rechazar apelaciones previas presentadas por la intendenta, ratificó la validez del proceso que iniciara en febrero con la recolección de firmas de vecinos y vecinas disconformes con la gestión amarilla, a la que achacaron incumplimiento de las prestaciones básicas para un municipio.
Según establece la Ley 8.102, conocida como el Régimen de Municipios y Comunas, la Junta Electoral Municipal cuenta con un plazo de dos días hábiles, desde la notificación de la resolución de la Cámara, para convocar a las elecciones que definirán, por sí o por no, la continuidad de Arning.
En caso de triunfar la opción que promueve la revocatoria, deberá convocarse a un nuevo proceso comicial para consagrar su sucesión, que debería completar los dos años que restan de mandato.
Dada la mala imagen con que cuenta la dirigente, parece muy difícil que la ciudadanía renueve su confianza en ella. Según los datos del último ranking de intendentes, la de Mendiolaza cuenta la peor imagen del departamento Colón.
Sin embargo, en el macrismo no manifiestan inquietud extrema por un desenlace potencialmente inminente, dado que el fallo no tiene efecto suspensivo. Confían, antes, en el resultado de una apelación que presentarían al Tribunal Superior de Justicia este viernes. “Era una posibilidad. No estamos preocupados. Ahora pasa al TSJ, que será más serio en el tratamiento”, dicen a Letra P.
Simultáneamente, plantan dudas sobre los distintos actores que han dado curso al proceso de revocatoria. “Tenemos muchas dudas. Desde las causas aducidas para iniciar el proceso hasta el comportamiento de la jueza de paz de la ciudad, todo ha sido improlijo”, remarcan.
La resolución de la Cámara en lo Contencioso Administrativo corona una semana compleja para el macrismo de Córdoba. Hace sólo 48 horas la Cámara Nacional Electoral había determinado que “debe declararse la invalidez de la intervención al PRO del distrito Córdoba” que había sido dispuesta en octubre del pasado año por el Consejo Directivo del partido que comanda Macri.
Ambas decisiones convergen para complicar el rearmado de la fuerza, hoy tironeada en al menos tres direcciones. Mientras el macrismo mantiene diálogos sin apuros con la UCR, Encuentro Vecinal y La Libertad Avanza, el bullrichismo apura una fusión con el partido de Javier Milei. A distancia de ellos, otros se acercan sigilosamente al proyecto de Partido Cordobés que amasa Martín Llaryora.
Las dudas se potencian ante la falta de certezas sobre la autoridad encargada de promover o validar acuerdos. Aunque formalmente Henry Blas Leis, nombre cercano a Soher El Sukaria, diga que le corresponde la tarea en tanto interventor designado por la conducción partidaria, un revitalizado Oscar Agost Carreño blande la consigna del federalismo para atraer a quienes rechazan decisiones tomadas desde Buenos Aires.
Hasta hace pocas semanas muchas voces auguraban un mejor desenlace para Arning. Algunas apuntaban a lo sucedido en Anisacate, donde la Justicia Electoral del municipio rechazó, por vicios formales, el pedido de revocatoria impulsado contra Natalia Contini, una dirigente de origen PRO que rápidamente sintonizó su gestión a la frecuencia libertaria.
Otros rumores apuntaban que el gobierno provincial no permitiría “la caída” de Adela. Tomaban como insumo de sus presunciones la continuidad de la asistencia que llega desde el Panal, por las distintas vías abiertas desde el Ministerio de Gobierno, así como la provisión de bienes muebles y financiamiento para obras a través del Ente Metropolitano.
Distinta fue la mirada de los más de 1400 ciudadanos y ciudadanas (poco más del 10% del padrón) que estamparon su adhesión al pedido de remoción. Desde un inicio han sostenido una mala calificación para la intendenta, quien tomara el poder tras 24 años de Daniel Salibi.
Esos mismos vecinos que iniciaron la revocatoria no pueden digerir los modos de la vicepresidenta de la Asamblea del PRO, a quien achacan que ni siquiera haya intentado una salida política a una crisis que, además, eyectó de su cargo a asesores cercanos y funcionarias que realizaron un sólido trabajo de instalación de su figura como antítesis del antiguo barón.
