Este viernes habrá desfile de aspirantes en la Legislatura porteña. Trayectoria judicial, academia y vínculos con el oficialismo, el peronismo y la Justicia.
La primera camada de jueces y funcionarios del nuevo fuero del Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires entrará este viernes en la recta final. Los postulantes pasarán por la audiencia pública de la Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control de la Legislatura porteña, antes de que sus pliegos lleguen al recinto.
La audiencia de la comisión que preside Matías Lammens incluye las propuestas para cubrir seis cargos de juez de cámara, diez juzgados de primera instancia, un fiscal de cámara, dos fiscales de primera instancia y cargos del Ministerio Público. El trámite completa una etapa que comenzó con los concursos y continuará con el tratamiento en el recinto, donde hasta ahora no aparecen obstáculos para su aprobación.
Los futuros magistrados llegarán, además, a una estructura en construcción. Según la intención del gobierno de Jorge Macri, el fuero del Trabajo se ampliará progresivamente hasta alcanzar 80 juzgados. El Ejecutivo también impulsó la creación de un Código Procesal Laboral propio y de un servicio de conciliación laboral previo al litigio judicial.
La primera integración del fuero expresa un mapa diverso. Hay jueces y funcionarios con trayectoria en la Justicia Nacional del Trabajo, especialistas con reconocimiento académico, cuadros formados en el Poder Judicial porteño y abogados provenientes de la representación sindical o empresaria. Junto a esas trayectorias aparecen también los puentes y cercanías con distintos actores del PRO, el peronismo, el sindicalismo y las redes profesionales de la Justicia de la Ciudad.
Sin embargo, los futuros funcionarios no pueden reducirse a un reparto de casilleros políticos. En la mayoría de los casos se trata de postulantes con antecedentes profesionales propios y reconocimiento dentro del sistema judicial. Eso sí, las referencias políticas, gremiales o académicas facilitan reconstruir de qué mundos provienen y qué redes los acompañaron a lo largo de sus carreras.
Uno de los perfiles más especializados es Diego Tula, designado recientemente como vocal de la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en el marco del aluvión de nombramientos de jueces impulsado por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Por eso, este doctor en Ciencias Jurídicas con extensa trayectoria en derecho laboral, pero también con vínculos políticos con el ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, debería renunciar a su función nacional para asumir en la Ciudad.
Martín Furchi es juez del fuero Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad. Su nombre aparece cercano al universo político y judicial de Juan Manuel Olmos y su incorporación expresa el peso de la estructura judicial porteña en el nuevo fuero.
Patricia Ceriani se desempeñó durante años en el sistema de controladores de faltas porteño y forma parte de una familia judicial. Está casada con Roberto Requejo, uno de los primeros jueces electorales de la Ciudad, vinculado al entramado de Daniel Angelici.
Una referencia sindical aparece con Silvia Inés Gutiérrez Garay, abogada laboralista que trabajó para el Suterh, conducido por Víctor Santa María, y para otras organizaciones gremiales. Su perfil suma experiencia desde la representación de los trabajadores.
Horacio Pitrau llega con un perfil que combina derecho laboral y gestión política. Históricamente ligado al PRO, fue secretario de Trabajo durante el gobierno de Mauricio Macri y antes había ocupado la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales. Trabajó en el equipo de Jorge Triaca y tuvo una impronta clara de intervención estatal sobre los sindicatos.
Gabriela Inés Fernández tiene una trayectoria transversal. Si bien fue secretaria parlamentaria de Graciela Ocaña, también se desempeñó en la Justicia Nacional del Trabajo. Además es docente de la UBA, fue secretaria de la Oficina de Gestión Judicial en las Relaciones de Consumo y cuenta con reconocimiento en la Justicia porteña por su experiencia y capacidad profesional.
María Sol Loredo hizo su carrera en la Justicia Nacional del Trabajo, donde llegó a ser secretaria de cámara, y también es docente de la UBA. Obtuvo una de las mejores calificaciones del concurso y representa a los perfiles cuya principal fortaleza es la experiencia específica en el fuero.
María Paula Nievas Ibáñez es conciliadora laboral y trabajó con sindicatos, empresas y particulares. En el mapa político aparece vinculada al kirchnerismo.
Laura Victoria Bonhote proviene del Ministerio Público Tutelar y aparece vinculada al universo del PRO cercano a Carolina Stanley. Su perfil combina derecho público, experiencia institucional y un buen reconocimiento interno dentro del Poder Judicial porteño.
Laura Alejandra Calogero tiene una larga participación en la abogacía porteña y una referencia histórica en Jorge Rizzo y Gente de Derecho. Actualmente trabaja en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad, con experiencia en gobierno judicial y representación profesional.
Francisco Elissondo, funcionario de Recursos Humanos de la Legislatura, aparece asociado dentro de ese ámbito al secretario administrativo, Cristian Gribaudo, uno de los hombres de confianza de Angelici en el palacio legislativo.
Agustina Bergonzelli desarrolló su carrera en estudios orientados a la representación empresarial, fundó su propio despacho y trabajó como conciliadora laboral.
Sebastián Caset es socio de un estudio especializado en derecho laboral empresario, relaciones sindicales y representación de compañías. También fue apoderado fiscal de la AFIP.
Antonella Stringhini tiene un perfil menos ligado al derecho laboral tradicional y más orientado a la innovación estatal. Es directora de formación académica en inteligencia artificial del Laboratorio de Innovación e Inteligencia Artificial de la Facultad de Derecho de la UBA, que dirige Juan Gustavo Corvalán, un cuadro profesional vinculado al PRO. Además es titular del área de Innovación e Inteligencia Artificial del Ministerio Público Fiscal porteño.
Itatí Canido desarrolló parte de su carrera en el Consejo de la Magistratura y en organismos vinculados a niñez y adolescencia. En ese recorrido aparece una referencia institucional cercana a la presidenta del Consejo, Karina Leguizamón.
Pablo Andrés Liste proviene de la Justicia de la Ciudad y tiene una referencia profesional y académica definida en Carlos Balbín. Trabaja en la Cámara Contencioso Administrativa y participa de su cátedra universitaria.
Mariana Paula Mansilla es una de las candidatas a Fiscal de Primera Instancia del Trabajo. Está ligada al dirigente sindical Alejandro Amor. Fue su asesora y lo acompañó durante su paso por la Defensoría del Pueblo. Actualmente trabaja en Legal y Técnica de ObSBA, la obra social del personal del gobierno porteño.
Damián Corti, seleccionado como asesor de Cámara, tiene referencias dentro del peronismo, en particular con Juan Manuel Olmos. También es hermano del vicepresidente del Consejo de la Magistratura, Horacio Corti, aunque quienes lo conocen aseguran que su principal rasgo dentro del Poder Judicial es la transversalidad y la interlocución con distintos sectores del sistema judicial porteño.
Aspirante a asesor tutelar ante los Juzgados de Primera Instancia, Federico Kaimakamian Carrau desarrolló su carrera en el Ministerio Público Tutelar y en la estructura judicial porteña. Hasta ahora no aparece asociado a una terminal partidaria definida.
La primera camada de la justicia laboral combina referencias del PRO, el peronismo, el sindicalismo y distintas familias de la Justicia porteña, pero también reúne abogados y funcionarios con trayectoria propia. El nuevo fuero nace, así, del cruce entre los equilibrios políticos de la Ciudad y la experiencia acumulada de quienes deberán ponerlo en marcha.
