Desituida en diciembre pasado, la acción judicial no impide su campaña a diputada nacional. Camionetas de lujo y contrataciones publicitarias, en detalle.
Gloria Ruiz, la exvicegobernadora de Neuquén imputada por enriquecimiento ilícito y fraude a la adeministración pública.
La fiscalía de Delitos Económicos de Neuquén imputó este viernes a la exvicegobernadora Gloria Ruiz por los delitos de enriquecimiento ilícito y administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública, en una causa que investiga maniobras por un monto estimado en 180 millones de pesos.
La exintendenta de Plottier, que en diciembre pasado había sido destituida por “inhabilidad moral”, no quedó impedida de competir por una banca en la Cámara de Diputados el próximo 26 de octubre, elecciones a las que se presenta como candidata del partido Desarrollo Ciudadano.
La mujer que en 2023 acompañó al gobernador Rolando Figueroa en la boleta ganadora no realizó declaraciones en la sala, aunque luego de la audiencia denunció “persecución política”. A través de un video posteado en la red social X, prometió que sus detractores “no se la van a llevar de arriba” y que seguirá “dando pelea”.
De acuerdo con la acusación de la Fiscalía, la exvicegobernadora no pudo justificar la compra de una camioneta Toyota SW4 4x4 automática, con una valuación actual de 110 millones de pesos, luego de su llegada al poder provincial, ni el gasto de 67 millones, actualizados a la fecha, en la contratación directa de la empresa Big Sur Marketing para una campaña de promoción personal.
Junto con la exfuncionaria fue imputado su hermano, Pablo Ruiz, también por administración fraudulenta. Al exadministrador de la Casa de las Leyes se lo acusa de haber firmado contratos con la empresa Pedro Sauer por 67 millones de pesos, al valor de hoy, para la impresión de banners publicitarios.
También fueron imputadas las exfuncionarias legislativas María Isabel Richini y Élida Noemí Sánchez, señaladas como partícipes necesarias en las maniobras por haber intervenido en los trámites administrativos.
El juez de Garantías Lucas Yancarelli dio por formulados los cargos, hizo lugar a la inhibición general de bienes de los imputados por $246 millones y otorgó a la fiscalía un plazo de cuatro meses para completar la investigación.
Durante su gestión en esa provincia de la Patagonia, Ruiz “utilizó fondos de la Legislatura, lo que implica una defraudación al Estado. También se notó un considerable aumento de su patrimonio por la compra de una camioneta que no pudo justificar, y ahí se encuadra el delito de enriquecimiento ilícito”, expresó el fiscal Juan Manuel Narváez.
Por su parte, las defensas solicitaron informes a la Legislatura sobre todas las contrataciones directas realizadas entre 2019 y 2023, cuando el cuerpo fue presidido por Marcos Koopmann.
Alberto Balladini, abogado defensor de Ruiz, criticó además el proceso de destitución consumado en diciembre de 2024, al que calificó como “un atropello a las instituciones” y sostuvo que “se soslayó el debido proceso”.
“Hay que estar en el rol de imputado. Gloria Ruiz sufrió el ultraje que esta Legislatura le ha producido con la destitución”, argumentó el ex juez, y denunció que en aquel entonces los integrantes de la comisión investigadora “fueron al recinto, se acoplaron al cuerpo de diputados y la destituyeron”.
Sobre la entonces vicegobernadora había sido suspendida del cargo en noviembre de 2024, acusada de manejos de fondos públicos para beneficio personal, de designaciones irregulares y nepotismo. Un mes más tarde, luego de una extensa interpelación fue inhabilitada de manera definitiva con los votos de una abrumadora mayoría: de las 35 bancas de la Legislatura, 30 votaron a favor de su salida.