Cambios en indemnizaciones para desalentar juicios y el fin de la ultraactividad de los convenios colectivos, sobre la mesa. Qué pasará con Ingresos Brutos.
Coloquio de IDEA: cómo son las reformas laboral y tributaria que el Círculo Rojo negocia con el Gobierno
MAR DEL PLATA (Enviado) Los detalles de las reformas laboral y tributaria que el Círculo Rojo negocia con el gobierno de Javier Milei siguen guardados, pero Letra P pudo reconstruir los lineamientos de los cambios normativos que el empresariado que participó del 61° Coloquio de IDEA para después del 10 de diciembre.
En una entrevista reciente con Luis Majul en LN+, Milei dijo que el Gobierno planea avanzar primero con la reforma tributaria y luego con la laboral.
"Primero, reforma tributaria para poder bajar impuestos. Eso le va a liberar recursos al sector privado y va a permitir que se generen empleos. Eso nos va a habilitar para hacer la reforma laboral sin que caiga el salario real, sin que se pierdan puestos de trabajo”, afirmó.
Sin embargo, los funcionarios que participaron del Coloquio hicieron más hincapié en la reforma laboral que en la tributaria.
“Vamos a encarar una reforma tributaria que va a implicar la eliminación de muchos impuestos, la baja de otros, la simplificación del régimen tributario, diría también, y una cosa que para mí es muy importante: que va a haber importantes incentivos para desarrollar el ahorro interno”, dijo Toto Caputo en IDEA, con un mensaje grabado, este jueves.
Más allá de la cantidad de impuestos a eliminar, el empresariado espera que haya un avance contundente contra los tributos distorsivos que más ingresos generan. Enumeraron el impuesto al Cheque, derechos de exportación, algunos aranceles y, a nivel subnacional, Ingresos Brutos y las tasas municipales.
Eso supondrá un esfuerzo de la administración libertaria para lograr un consenso fiscal, con “palo y zanahoria”, dijo uno de los expertos tributarios más escuchados por las grandes empresas. Que las provincias se comprometan a una baja gradual de Ingresos Brutos, como ocurrió con el gobierno de Mauricio Macri, pero que se expongan a sanciones por incumplimiento.
Una alternativa que transmitieron desde despachos oficiales a una persona al tanto de las gestiones es la eliminación del impuesto a los Bienes Personales a nivel nacional para darle margen a las provincias para que cobren más impuestos patrimoniales (automotor, inmobiliario o un “Bienes Personales” provincial) que permitan reducir las alícuotas de Ingresos Brutos, el impuesto regresivo por excelencia que afecta a cada eslabón de la cadena productiva y representa más del 70% de las recaudaciones provinciales.
La contra es que el gobierno nacional ya bajó alícuotas de Bienes Personales y, con un régimen de recaudación anticipada, garantizó estabilidad fiscal para contribuyentes que adelantaron el pago. En nueve meses de 2025, la recaudación de este impuesto cayó 6,6% nominal, según la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
La idea de un “súper IVA” que absorba Ingresos Brutos luce difícil. Según Matías Surt, director de la consultora Invecq, la alícuota del impuesto al valor agregado debería ir al 33% y, aún así, las provincias perderían ingresos porque el IVA no es “en cascada”, sino que cada eslabón de la cadena va descontando el impuesto que fue pagando en la instancia anterior del proceso.
Surt expuso que la presión tributaria, corregida por evasión, alcanza al 45% del PBI. Traducido: como hay una evasión del 40%, la economía en blanco soporta una carga impositiva mayor. Mejorar los controles para bajar la evasión del IVA supondría mejorar los ingresos en un 4% del PBI.
“La evasión es un problema y el Gobierno no parece por que el 40% de la economía esté fuera del sistema”, dijo Surt a Letra P. Para cambiarlo, Milei “deberá girar en términos ideológicos”, añadió. Recordó que Milei consideraba que “el que evade es un héroe”.
Santiago Bulat, director de Invecq y economista de IDEA, mostró una reforma laboral “de hecho”. En los últimos 13 años, el empleo asalariado formal privado creció 3% y el monotributo trepó 42%.
“Si no empezamos a debatir la reforma laboral, la reforma laboral se hace sola. Ya está ocurriendo a una velocidad cada vez más acelerada”, dijo Bulat.
El empresariado hace énfasis en un régimen que tabule de manera más estricta el pago de indemnizaciones, más allá de la discusión sobre el fondo de cese que promueve el Gobierno, que parece tener escasa recepción. En un video institucional, IDEA relevó que una empresa puede pagar un juicio hasta seis veces más caro que otra en función del juez y de la provincia en la que ocurra el litigio.
El secretario de Trabajo, Julio Cordero, dijo en IDEA que el Consejo de Mayo recibe todas las propuestas para la reforma con el objetivo de llegar a un proyecto de consenso el 14 de diciembre, o tal vez antes.
Hay más. El empresariado quiere terminar con la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo. Esto supone que un convenio se prorroga automáticamente a su vencimiento, si no se renegocia. El resultado es la vigencia de convenios firmados hace décadas, a pesar de los cambios tecnológicos y sociales.
Cordero, exabogado de la Unión Industrial Argentina (UIA) y de Techint, busca conciliar con los gremios. “Vamos a seguir apostando al diálogo entre un empresariado potente y un sindicalismo que comprende que el beneficio del trabajador está en mejorar las condiciones de trabajo real y no en condiciones que son inaplicables”, dijo. Es una manera elegante de sugerir que haya mayor disposición a negociar la modernización de los convenios.
Pero el secretario de Trabajo cree que esos convenios pueden incorporar cláusulas de negociación salarial “dinámicas”, que eviten que la paritaria sea un “techo”.
Roberto Murchison, del Grupo Murchison, le pidió al funcionario un esquema impositivo que permita descontar el pago de cargas sociales del IVA. Cordero le replicó que lo acerque a la mesa del Consejo de Mayo.
Otro empresario que forma parte de las discusiones con el Gobierno y los gremios añadió que buscan modificar también el derecho de huelga, de manera similar a lo que intentó el Ejecutivo con el capítulo laboral del DNU 70/2023, trabado en la Justicia. “Tenemos que tener la gobernanza para aumentar la productividad”, argumentó.
Federico Sturzenegger, el ministro de Desregulación, dio otra pista. “En el DNU 70 habíamos puesto una norma que dice que el convenio inferior prevalece sobre el superior, que permitiría a las empresas negociar libremente con trabajadores y evitar distorsiones. Eso generaría un aumento del empleo en el norte del país”, afirmó. La negociación por empresa o por zona geográfica permitiría pagar salarios distintos a los de la rama de actividad.