Ingresó a la Legislatura un proyecto para provincializar el sistema y redistribuir causas. Rosario, con 650 juicios atrasados, el talón de Aquiles.
Maximiliano Pullaro junto a la renovada Corte Suprema de Santa Fe.
Maximiliano Pullaro volvió a acelerar su agenda de reformas estructurales y ahora puso la mira en la Justicia penal. En paralelo al paquete de leyes de seguridad que ingresó a la Legislatura semanas atrás, el gobernador envió un proyecto clave que ya genera debates, dudas y repercusiones dentro del Poder Judicial.
El corazón político y operativo de la iniciativa en materia penal tiene el foco en Rosario. Con 650 juicios atrasados, falta de salas y una carga laboral muy superior a la del resto de la provincia, lo que sucede en esa ciudad aparece como el principal argumento que utiliza el gobierno para impulsar cambios que permitan redistribuir expedientes y “sumar jueces al sistema”, según explicaron fuentes oficiales.
El diagnóstico, en este aspecto, es igual en ambos poderes.
“Lo que se busca es agilizar el funcionamiento de la justicia penal”, resumieron en el Ejecutivo. La idea es que jueces de otras jurisdicciones puedan intervenir en etapas preliminares de causas rosarinas para descomprimir el esquema actual.
El juicio oral, de todos modos, seguiría siendo realizado por magistrados de la circunscripción donde ocurrió el hecho.
En el gobierno aseguran además que la reforma apunta a aprovechar mejor recursos que hoy están distribuidos de manera muy desigual.
“Todos los jueces cobran lo mismo y hay lugares donde la carga de trabajo es incomparablemente menor”, adhieren jueces del fuero rosarino.
En la Casa Gris hablan de “eficiencia”, “equilibrio” y “modernización”, y confían en que las modificaciones se aprobarán sin demasiada resistencia, aunque en los tribunales ya aparecen puntos que generan incertidumbre.
"Así como está, no", respondieron magistrados a la consulta de Letra P sobre si servirá para agilizar los procesos.
La iniciativa modifica la ley 13.018 y parte del Código Procesal Penal. Entre otras cosas, crea un único Colegio de Jueces Penales de Primera Instancia y otro de Revisión para toda la provincia, eliminando la lógica territorial rígida que hoy organiza el trabajo judicial.
Así, por ejemplo, un juez de Vera, Rafaela o Reconquista podría intervenir en determinadas etapas procesales -y en forma virtual- en una causa de Rosario.
La discusión ya había sido planteada desde adentro del propio Poder Judicial ante la enorme disparidad de carga laboral entre jurisdicciones.
Luego de un choque frontal entre jueces, fiscales y el Gobierno por las causas por Microtráfico, el diálogo se había retomado con una mesa en la que estaban representadas todas las partes.
“No es que el gobierno descubrió el problema ahora. Nosotros mismos veníamos exponiendo las diferencias”, aclaró a Letra P un magistrado con peso dentro del sistema.
En Tribunales describen escenarios completamente distintos entre regiones: mientras en Rosario algunos magistrados tienen entre cuatro y cinco audiencias por día, en otras jurisdicciones afrontan “una audiencia diaria o tres por semana”.
Esa desigualdad fue una de las razones por las que la Corte Suprema, a través de una acordada, dispuso recientemente que jueces del sistema interdistrital -que incluye a localidades como Casilda, Cañada de Gómez, San Lorenzo, entre otras- colaboren con juicios rosarinos.
Dentro del Ejecutivo, donde ven que el proyecto va por el mismo carril, sostienen que justamente esa experiencia previa mostró que el sistema puede funcionar con mayor flexibilidad territorial sin afectar las garantías procesales.
Incluso remarcan que buena parte de las intervenciones previstas por la ley se concentrarían en audiencias remotas o etapas preparatorias, mediante herramientas virtuales ya utilizadas en el sistema judicial.
El principal cuello de botella, coinciden jueces y camaristas, ya no pasa tanto por la cantidad de fiscales sino por la falta de defensores públicos y la infraestructura edilicia disponible.
“La predisposición de la judicatura está”, señalaron en el fuero penal rosarino. Sin embargo, el Centro de Justicia Penal ya no da abasto y, según anticiparon a este medio, varias audiencias volverán a realizarse en las viejas salas de los Tribunales provinciales ubicadas en Balcarce y Pellegrini para intentar descomprimir la agenda.
Fuentes judiciales describen un escenario de saturación permanente. Hay dificultades para coordinar agendas entre jueces, defensores, testigos y fiscales. Además, faltan salas disponibles para sostener el ritmo de audiencias.
Hasta hace poco, admiten, se había generado lo que denominan como una “ficción” administrativa con juicios agendados de manera sucesiva aunque materialmente imposibles de realizar.
“Estaban todos programados, pero si se hacía el primero ya no había lugar ni gente para hacer el resto”, describieron.
Uno de los puntos más sensibles del proyecto es la reorganización de la Oficina de Gestión Judicial (OGJ), encargada de administrar audiencias, agendas y distribución de causas.
La idea de avanzar hacia una estructura unificada venía siendo impulsada desde hace tiempo dentro de la Corte Suprema, particularmente por dos de sus miembros: Daniel Erbetta y Jorge Baclini.
Sin embargo, el texto enviado por el Ejecutivo incluso abrió dudas incluso entre magistrados que acompañan la filosofía general de la reforma.
“No está tan claro el proyecto. Hay partes confusas”, admitió un juez penal. “Estamos en una nebulosa”, sumó otro. El texto unifica las OGJ provinciales de primera instancia por un lado y las de segunda por otro, aunque originalmente algunos sectores pretendían una única cabeza administrativa integral.
La preocupación central pasa por la gestión de semejante estructura. “Acá ya se generan conflictos manejando sólo Rosario. Imaginate una sola oficina para toda la provincia”, resumieron.
Otro punto sensible es que la nueva lógica permitiría eventualmente mover recursos administrativos y humanos entre distintas instancias, según las necesidades.
Para algunos magistrados eso puede aportar flexibilidad; para otros, en cambio, abre interrogantes sobre cómo se controlará la carga de trabajo sin discrecionalidades.
El proyecto también genera algunos interrogantes respecto de los criterios judiciales. “El razonamiento no es el mismo entre un juez de Rosario y uno de Vera”, resumió un integrante del fuero penal, aunque las opiniones son dispares en ese aspecto.
En ciudades con mucho menor volumen de violencia y narcocriminalidad, sostienen algunos, las dinámicas judiciales son completamente distintas.
Otro punto observado es el capítulo referido a la ejecución penal y la supervisión carcelaria. Algunos jueces interpretan que el texto podría concentrar funciones en la Cámara de Ejecución Penal. Otros creen que se trata simplemente de una redacción confusa a subsanarse durante el debate legislativo. “Sería materialmente imposible que tres jueces se hagan cargo de todo”, resaltan.
Por lo pronto, el tema ya empezó a moverse dentro de tribunales. Está previsto que este lunes se encuentren magistrados y la Corte Suprema para analizar el alcance de la iniciativa.
En paralelo, algunos jueces sopesan pedir encuentros con legisladores y con funcionarios del Ejecutivo, como Fabián Bastia y Pablo Cococcioni, ministros de Gobierno y de Seguridad y Justicia, respectivamente.