El gobernador y la ministra dejaron de lado las diferencias de los últimos meses por anuncios de seguridad. Esquirlas por el fracaso de la ley ómnibus.
Patricia Bullrich y Maximiliano Pullaro, en la conferencia de prensa por la crisis en seguridad.
El aire se cortaba con un cuchillo en la sede del gobierno de Santa Fe. Maximiliano Pullaro y Patricia Bullrich anunciaron un nuevo desembarco de fuerzas federales para contener al "narcoterrorismo" que azota a Rosario en una conferencia atravesada por las tensiones de los desencuentros de los últimos meses acalladas por las circunstancias.
Los agentes de la policía provincial se multiplicaron desde temprano en la zona. Pero, sin dudas, el despliegue más espectacular fue el de la comitiva que acompañó a la ministra, que contó con más de veinte vehículos que paralizaron el tránsito de la zona. Paradójicamente, Bullrich llegó en vuelo de línea, donde siempre es más difícil garantizar su seguridad para la custodia.
La conferencia fue montada para una foto que transmitiese unidad y control: al gobernador y la ministra los acompañaron el intendente rosarino Pablo Javkin, el ministro de Defensa Luis Petri, la vicegobernadora Gisela Scaglia, el ministro de Seguridad provincial Pablo Cococcioni y la jefa del Ministerio Público de la Acusación María Cecilia Vranicich. En primera fila acompañaba la presidenta de la Cámara de Diputados y Diputadas, Clara García.
Si bien discursivamente no hubo fisuras, en los gestos se pudo advertir cierta frialdad en el vínculo entre las autoridades provinciales y nacionales. No hubo frases en voz baja ni conversaciones entre ellos, al menos frente al público. Pullaro hizo un gesto de aprobación a los dichos de Bullrich: asintió cuando la ministra dijo que “el policía que tenga miedo es un peligro, no puede estar en la calle”.
La relación entre las carteras de seguridad no venía muy aceitada hasta ahora. La negativa de Nación a la oferta del gobierno provincial de hacerse cargo de la cárcel federal de Coronda era una de ls piedras en la relación. Tampoco cayeron bien entre los dirigentes de Unidos para Cambiar Santa Fe los anuncios de Bullrich diez días atrás sobre "el éxito" del Plan Bandera y lo que realmente se aportó desde Nación: se mencionan tan solo diez patrulleros. La provincia aportó móviles para las tareas de las fuerzas federales y combustible.
El nexo entre ambos gobiernos es el subsecretario de Intervención Federal Federico Angelini. Su relación política con el gobierno provincial no viene siendo la mejor: está en una interna abierta con la vicegobernadora por el control del PRO en la provincia. Al margen de eso, desde el jueves a la noche participa en el comité de crisis que creó Pullaro.
Rodeado por un enjambre de medios mayor al habitual, el gobierno acusó el golpe y procuró mostrarse empático con el dolor y el miedo que reina hoy en Rosario, una ciudad donde este lunes se vio afectado hasta el reparto de mercadería para almacenes y supermercados.
Mientras los discursos de Javkin y Pullaro fueron aplomados, como si supiesen que con la muerte de inocentes se cruzó un límite que requiere medidas más drásticas, Bullrich y Petri apostaron por una prédica más de campaña, resaltando los resultados del Plan Bandera y usando latiguillos efectistas propios de la estrategia comunicacional del gobierno nacional. Quedó flotando en el salón Rodolfo Walsh la sensación de que los dirigentes nacionales no dimensionan la situación.
Esa sensación se profundizó con los anuncios. El desembarco de 450 agentes federales tuvo gusto a poco. “Algo más de 100 por turno”, calculó una fuente. No por nada Pullaro anunció una convocatoria a oficiales retirados y apuró una camada de casi mil policías cerca de recibirse para que salgan a la calle y descarguen en ellos tareas menos críticas.
Si bien forzado por las circunstancias, Pullaro tendió una tregua tácita con actores a los que en el pasado les había demandado más compromiso y cambios en la forma de trabajar e investigar. Sentó cerca suyo a Vranicich, jefa del MInisterio Público de la Acusación, y tuvo palabras de agradecimiento para con el Poder Judicial.
Esa tregua no evitó un contrapunto en plena conferencia por la obsesión del gobierno nacional con la ley ómnibus. Bullrich al referirse a una ley antimafia que enviará al Congreso tiró un palo tan inconducente como fuera de contexto: "Lamentablemente el Congreso no nos acompañó para tener hoy una emergencia en seguridad”. A su turno, Pullaro -apuntado en su momento por el gobierno nacional como uno de los “traidores”- no la dejó pasar y en tono sereno le avisó: “Va a haber un acompañamiento, Patricia, como lo tuvimos en la ley bases”. Como si dijera "no mezclemos, no era ése el problema".
Los escarceos, aunque acallados, no se superan de un día para el otro. Lo mismo sucedió a escala local: se pudo ver antes de la conferencia cómo el secretario de gobierno Sebastián Chale y el concejal Federico Lifschitz dejaban un par de sillas de distancia entre sí cuando el auditorio estaba aún vacío. Lifschitz es referente de Pullaro en la política municipal de Rosario.
La conferencia fue el corolario de un fin de semana agitado. Pullaro, Javkin y sus funcionarios se la pasaron en el OJO, la central de videovigilancia del ministerio de Seguridad, repartiendo su atención entre la investigación de los homicidios, la prevención de más hechos de violencia y la necesidad de calmar la psicosis de una ciudad que se paralizó por el miedo: un funcionario municipal tuvo que desmentir que haya habido una recomendación a los médicos para evitar circular por la calle con el ambo para no llamar la atención.
El gobernador se recostó en su núcleo duro. Además de los encargados de la seguridad, lo acompañaron el secretario general Juan Cruz Cándido y el ministro de Desarrollo Productivo Gustavo Puccini, entre otros. La orden a todo su gabinete fue no mostrarse en público en actividades ajenas a la crisis. Por ejemplo, un ministro autorizó a funcionarios de segunda línea a participar de un evento en una pequeña localidad pero sin fotos. Si bien no se trataba de figuras relacionadas con la seguridad, lo que importó fue otra cosa: no perturbar lo que el gobierno considera su misión principal.