Un cardenal lidera el rechazo eclesiástico al retiro del Estado en las periferias. Alarma por pobreza, narcotráfico y desalojos. El fantasma de las topadoras.
Barrios populares: quiénes son los cruzados de la Iglesia que chocan con Javier Milei
La Voz de San José Javier Milei y Federico Sturzenegger planean dónde aplicar más motosierra
La frase del cardenal Ángel Rossi sobre un “sadismo de Estado institucional” sintetizó el creciente choque entre la Iglesia y Javier Milei por el impacto social del ajuste en los barrios populares. Desde Córdoba y Mendoza hasta el conurbano bonaerense y Neuquén, distintos obispos endurecieron sus críticas frente al repliegue estatal y la paralización de políticas de integración urbana.
El arzobispo cordobés se convirtió en una de las voces más duras del episcopado argentino. “Favorecer a los opulentos y restringir la ayuda a los discapacitados, a los jubilados y a los vulnerados es signo de decadencia”, sostuvo Rossi. Luego fue más allá y habló de un “cierto sadismo de Estado institucional”, una definición que atravesó la discusión pública y expuso la distancia doctrinal con el ideario libertario.
La declaración no apareció en el vacío. Formó parte de una conferencia organizada por la Mesa de Barrios Populares de Córdoba junto a la Iglesia local, en la que también participaron referentes territoriales y organizaciones sociales preocupadas por el proyecto oficial para modificar la ley 27.453 de integración socio urbana.
El principal temor eclesiástico se concentró en el posible avance de desalojos masivos en villas y asentamientos. El proyecto impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, buscó eliminar herramientas centrales de protección para los barrios registrados en el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap).
El titular de Cáritas Argentina, arzobispo Gustavo Carrara, emergió como otro de los principales opositores al plan libertario. Ante el Senado, advirtió que la iniciativa oficial implicaba “un retroceso” en las políticas públicas de acceso a la vivienda y alertó sobre la posibilidad de desalojos forzosos para millones de personas.
Carrara sostuvo que “los barrios populares no son fenómenos transitorios”, sino la consecuencia de décadas de déficit habitacional y falta de acceso a la tierra. El arzobispo platense defendió la integración urbana como política de Estado y recordó que más de cinco millones de personas viven en 6.467 barrios registrados en todo el país.
La preocupación no quedó limitada a los despachos eclesiásticos. En el territorio, sacerdotes y obispos advirtieron que el repliegue estatal abrió espacio para el avance del narcotráfico y las economías ilegales en zonas vulnerables.
Uno de los diagnósticos más contundentes surgió desde La Matanza. Allí, el sacerdote Tano Angelotti resumió la mirada de buena parte de los curas villeros: “Las villas y barrios populares se integran o se entregan”. Para el referente territorial, el Gobierno decidió correrse de la integración urbana y dejó un vacío que comenzó a ocupar el narcotráfico.
La misma preocupación atravesó a los obispos del conurbano bonaerense vinculados al universo bergogliano. Eduardo García, en San Justo; Jorge Lugones, en Lomas de Zamora; Carlos Tissera, en Quilmes; y Jorge Torres Carbonell, en Gregorio de Laferrere, reforzaron durante los últimos meses sus mensajes sobre pobreza, adicciones y violencia social.
Lugones incluso encabezó una campaña para reclamar financiamiento estatal para centros de recuperación de adicciones y advirtió que “si el Estado se corre, entra el narcotráfico”. La frase se repitió como un mantra dentro de la pastoral social ligada al legado de Jorge Bergoglio.
En Neuquén, el obispo Fernando Croxatto también expresó preocupación por el deterioro social y la fragmentación económica. En la misma línea se pronunciaron el arzobispo mendocino Marcelo Colombo, titular de la Conferencia Episcopal Argentina; el arzobispo de Santiago del Estero, cardenal Vicente Bokalic; el arzobispo porteño, Jorge García Cuerva; y el obispo de Posadas, Juan Martínez, quien planteó una diferencia conceptual de fondo con el pensamiento libertario.
Martínez sostuvo que la doctrina social de la Iglesia no propone “un Estado omnipresente”, pero tampoco uno ausente. “Hablamos de un Estado subsidiario”, explicó el obispo misionero, al reclamar presencia pública en salud, educación, discapacidad e infraestructura básica.
La definición expuso la distancia filosófica entre el pensamiento social católico y la prédica antiestado de Milei. El Presidente definió reiteradamente al Estado como una “organización criminal” y calificó a la justicia social como “un robo”. La Iglesia, en cambio, reivindica la intervención estatal como herramienta de equilibrio y contención frente a la desigualdad.
El trasfondo del conflicto excede la coyuntura económica. Para buena parte del episcopado, el problema central no es únicamente el ajuste fiscal, sino la erosión de la idea de comunidad organizada y bien común que históricamente defendió el catolicismo argentino.
Esa tensión se profundizó después de la exposición de Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (ODSA-UCA), durante la asamblea plenaria episcopal de abril. “Nos dejó bastante preocupados”, admitieron obispos presentes tras escuchar el diagnóstico sobre empobrecimiento estructural, fragmentación social y deterioro de la clase media.
Dentro de la Iglesia comenzó a instalarse otra preocupación: la posibilidad de una reedición de las políticas de erradicación de villas impulsadas durante la dictadura por el exintendente porteño Osvaldo Cacciatore.
El recuerdo de las topadoras que destruyeron asentamientos enteros en la Ciudad de Buenos Aires reapareció frente al proyecto oficial de “inviolabilidad de la propiedad privada”, que habilitaba desalojos rápidos y eliminaba garantías establecidas por la legislación vigente.
En ámbitos eclesiásticos y organizaciones como Techo hablaron directamente de un posible “Cacciatore 2”. El temor no surgió sólo por el contenido jurídico del proyecto, sino también por el cambio de paradigma: abandonar la integración urbana para priorizar una lógica estrictamente patrimonial.
La resistencia política logró, por ahora, frenar parcialmente la avanzada oficial en el Senado. La UCR y otros bloques dialoguistas obligaron al oficialismo a retirar los artículos vinculados con barrios populares y limitar la reforma impulsada por Sturzenegger.
Sin embargo, el conflicto permanece abierto. En la Iglesia interpretan que el intento dejó al descubierto una concepción que considera a las villas un problema inmobiliario antes que una cuestión social y humana.
El debate también encontró ecos en la administración de Jorge Macri en la Ciudad de Buenos Aires. La decisión porteña de frenar programas de vivienda e integración urbana fue observada con inquietud por sectores eclesiásticos que históricamente acompañaron esos procesos desde los tiempos de Bergoglio como arzobispo porteño.
Detrás de la discusión presupuestaria aparece una disputa más profunda. Para los obispos enfrentados con el modelo libertario, el retiro estatal en los barrios populares no dejó un vacío neutral. Allí donde desaparecieron las obras, la asistencia y la contención comunitaria, comenzaron a ganar terreno el narcotráfico, la violencia y la exclusión.