El gobernador integró a los camaristas a la mesa política. Lógica de resultados y cómo evitar que las causas por menudeo naufraguen en el pasamanos judicial.
Encuentro. El Ejecutivo sentó en la mesa política a los camaristas rosarinos.
El gobernador Maximiliano Pullaro ejecutó una maniobra de pacificación institucional para alinear a los camaristas penales de Rosario con la política de seguridad. Convocó a los magistrados para integrarlos a una "lógica de resultados" y evitar que las causas de microtráfico se pierdan en el laberinto federal por discusiones de competencia.
El encuentro llegó tras semanas de reproches públicos entre jueces y fiscales y luego de una reunión con el MPA. Como contó Letra P, el conflicto que escaló semanas atrás cuando el fiscal regional Matías Merlo advirtió que los jueces "deberían hacerse cargo" si el freno a las causas de microtráfico derivaba en más balaceras, encontró su cauce tras una reunión en la Casa Gris a la que el camarista Gustavo Salvador definió como de "madurez institucional".
Lo que para el manual del Derecho es una discusión técnica sobre competencias, para el Ejecutivo provincial es la piedra angular de su compromiso con el electorado. En este escenario, Pullaro incluyó a los jueces de Rosario en la guerra contra el búnker, transformando una disputa de fueros en un acuerdo de gestión con la menor cantidad de fisuras posibles.
Del encuentro participaron también el intendente de Rosario, Pablo Javkin; el ministro de Seguridad y Justicia, Pablo Cococcioni; el secretario de Vinculación Institucional, Julián Galdeano; las juezas Carolina Hernández y Gabriela Sansó y los jueces Gustavo Salvador, Javier Beltramone, Nicolás Foppiani, Guillermo Llaudet e Ismael Manfrín. Estos últimos, por primera vez sentados en la mesa política, reconocieron que la "buena predisposición" es necesaria para que las causas no caigan en saco roto. Para ello, se abocarán a coordinar con los jueces federales -como Eduardo Rodríguez Da Cruz y Román Lanzón- los pasos que agilicen la definición de competencias y que sean consistentes con las pruebas obtenidas por los investigadores.
Entre los fiscales provinciales y los federales se está tramitando un protocolo con una delimitación de trabajo que fije, concretamente, pautas para el abordaje de la investigación y la definición de hasta dónde llegar en función de las competencias. En el 95 por ciento de las causas la justicia provincial termina siendo competente porque se identifican como casos de microtráfico.
Los camaristas, en cambio, no quieren un protocolo con pautas rígidas. Avanzan con criterios individuales y soberanía según las características específicas de cada caso que les llega, pero aceptan sí unificar con los jueces federales los pasos a seguir cuando se define el fuero en el que recae el caso. Uno de los puntos más sensibles es qué pasa, por ejemplo, con las medidas privativas de libertad si cambia el fuero inicial.
Es en esa instancia donde está el punto oscuro y algunas causas se detienen, porque cuando hay conflicto de competencias la definición tiene que llegar a la Corte Suprema de la Nación, los tiempos son extremadamente lentos, se resienten las investigaciones y los acusados corren con ventajas.
Gran parte de la discusión operativa pasa por la complejidad de las bandas que se investigan: “Una causa que arrancó con un búnker, pero que después se muestra que intervenían más de tres personas, que había lavado de activos y tenían un montón de terminales, ya no es un caso de microtráfico. Ahí hay una organización narco”, graficó otro de los asistentes a la reunión.
Tras las declaraciones de guerra del fiscal regional Merlo, los camaristas le pusieron números al conflicto. "Desde 2024 hasta la fecha se remitieron 358 casos de recursos relacionados con el fenómeno del microtráfico y sólo siete de ellos se han remitido a la Justicia Federal", detallaron en el comunicado. La contraparte alega, sin embargo, que se trataba de investigaciones altamente sensibles en el marco del crimen narco en Santa Fe.
Para el Ejecutivo, el discurso tiene que ser monolítico contra el crimen organizado y para eso hay que achicar la brecha entre criterios técnicos. Para blindar la guerra contra el narcotráfico, una de las estrategia es alinear las piezas del tablero judicial y comprometer a todos los sectores con el esquema de seguridad.
"Históricamente los fiscales se tiraban las causas entre los fueros. Ahora se las quieren quedar. Los camaristas tienen que entrar en esa sintonía", plantean desde el gobierno. “Con 80 por ciento de homicidios menos, 60 por ciento de delitos menos, y con registros por debajo de la media nacional cuando antes las cuadruplican, nadie discute el plan de seguridad en Santa Fe”, dijeron tras el encuentro en la Casa Gris.