La pauta salarial del 40% insumirá $1,2 billones del presupuesto 2026. El gobernador ordenó una reducción del gasto del 10% para cada ministerio.
Martín Llaryora espera que los siete gremios de trabajadores estatales de Córdoba que aún no han cerrado su paritaria acepten una recomposición del 40% para el año administrativo. Tal referencia es la que acordó, con matices, con la Unión de Educadores de la Provincia (UEPC), tras una negociación que se extendió más de lo esperado.
Esa misma referencia, que incluye cláusulas de revisión atadas a la evolución de la inflación, implica tres veces más de lo que el proyecto de presupuesto incluyó originalmente. Siguiendo los lineamientos que se desprenden del presupuesto nacional, el gobierno de Córdoba estimaba en 15 puntos la cifra testigo en las discusiones con los gremios.
La Gobernación, que confía en un desenlace positivo en corto plazo, calcula en $1,25 billones que el acuerdo del 40% para todos los estatales tendría en sus arcas. La cifra representa casi un 10% de lo que el presupuesto provincial estimaba en gastos, unos $11,4 billones.
Para afrontar el monto extra, en el Panal, sede del gobierno, prevén que será suficiente un ajuste de cinturón equivalente, un 10% por cada ministerio, por sólo tres meses.
Este cálculo arroja pistas sobre la situación de las finanzas provinciales, pero también refleja que el gobierno del peronismo de Córdoba no analiza un colapso inminente en la economía en la era de Javier Milei.
Este lunes comenzó oficialmente la negociación con el Sindicato de Empleados Públicos (SEP), el segundo gremio en cantidad de afiliados de la órbita estatal.
La discusión, precedida por un reclamo del gremio ante la demora en la convocatoria, comenzó con un mojón ineludible: el 40% obtenido por los docentes. Aunque el SEP plantea también otros temas en la discusión, como el cumplimiento de la recategorización para el personal sanitario, fuentes oficiales dan por allanado el camino a la aceptación. Cuanto menos, que los pasos hasta entonces no emulen la tortuosa procesión de la paritaria con UEPC.
Cerradas ambas discusiones, el gobernador habrá resuelto la puja con las dos principales agremiaciones de trabajadores estatales. Las mismas que imaginara como aliadas en la discusión por la reforma jubilatoria que elevó los aportes de la mitad de quienes tributan a la Caja de Jubilaciones. El fracaso de tal estrategia es una de las razones (no la única, tampoco la principal) que mantiene sólido el frente sindical abierto para resistir la ley sancionada en diciembre.
Cada acuerdo puede incluir revisiones, con similar periodicidad, en función de la evolución de la inflación. La previsión del 10% con que el gobierno nacional presentara su ley de presupuesto ha quedado rápidamente caduca. En su reciente informe el FMI habla ya de una proyección del 30% para el año en curso.
Sin considerar ese asterisco, el gobierno provincial calcula que deberá erogar $1,2 billón por encima de los $11,4 billones con que se aprobó el presupuesto para 2026. Tal incremento implica que los gastos podrían superar a los ingresos, previstos en $11,8 billones.
Claro que la evaluación no es lineal. El cálculo incluye, necesariamente, una mejora en la recaudación, que registra una preocupante caída cercana a los 10 puntos durante el primer trimestre.
“Dependemos de la evolución de los ingresos. Si la recaudación se recupera no habrá problemas. Si se sigue hundiendo, todo entraría en crisis. Córdoba sería la última en acusar el impacto, porque tenemos orden económico y administrativo”, analiza una voz calificada.
La evaluación, enfatizan, no se sustenta sobre el pesimismo. “No vemos que vaya a colapsar la economía argentina”, sostienen.
El recálculo sobre los gastos presupuestarios equivale a casi un 10% del total. Ese porcentual es lo que deberá reducir, también en concepto de gastos, cada ministerio para afrontar el nuevo escenario.
Este ajuste implicará una nueva vuelta al torniquete que ya se verifica en varias dependencias. Un reciente informe de La Voz del Interior corrobora que los ministerios de Cooperativas, Comunicación e Infraestructura y Servicios Públicos son aquellos que menos porcentaje de sus partidas han ejecutado.
El riguroso control afecta varias partidas, pero no toca aún a determinadas áreas clave de las carteras de Salud, Educación y (parcialmente) Seguridad. Tampoco a los programas que dependen del ministerio de Desarrollo Social y Promoción del Empleo que Llaryora ha mantenido y sirven para ofrecer un contraste a la administración de Milei.
En el caso de la obra pública la interpretación requiere pinzas. Aunque el gobierno provincial ha advertido que el cumplimiento del acuerdo con los docentes impactará en el dinero destinado a proyectos, el gobernador sabe que no puede descuidar uno de los sellos distintivos de las gestiones cordobesistas.
“La obra pública no se va a detener. Será muy importante para la gestión de Martín”, afirman en el llaryorismo. Por si acaso, relativizando previsiones optimistas, el Gobierno ha accedido a mil millones de dólares en deuda externa. El destino principal de esos fondos será precisamente la continuidad de proyectos clave, como la autovía ruta 19 o la circunvalación de Río Cuarto.
El mismo recaudo vale para el plazo originariamente considerado para que los ministros ajusten sus cinturones. Tres meses parece exiguo frente a la dimensión alcanzada por el conflicto docente, el más prolongado de la gestión Llaryora. Tres meses parece, en simultáneo, optimista frente a indicadores en caída, atados a la actividad económica. Quizás la respuesta haya que buscarla por fuera de la provincia, dentro del ministerio de Economía de la Nación.
