Se trata de un recurso inédito, que subirá la tensión con la tropa de Luis Juez en el Tribunal de Cuentas. ¿Corrupción o política electoral? ¿Quién miente?
Martín Llaryora, gobernador de Córdoba
El gobernador Martín Llaryora tiene algunas alternativas para resolver el conflicto con el Tribunal de Cuentas que controla Beltrán Corvalán, adlátere del senador Luis Juez. La licitación de drones y tecnología para la Policía de Córdoba quedó frustrada, en medio de fuertes contrapuntos de las partes. Una, que denuncia corrupción. La otra, que habla de obstrucción política de la gestión.
Fuentes del Panal, como se conoce al Centro Cívico de la provincia, confiaron a Letra P que el gobernador podría transferir el costo político de la pelea con el juecismo y dejar a Córdoba sin esta tecnología de punta para prevenir el delito. De las opciones, parece la menos probable y madura. Por lo tanto, las acciones políticas y legales son las que están sobre la mesa para superar del incordio que no puede dejar de verse bajo la lógica del precalentamiento electoral.
Un acuerdo de ministros es una de las salidas bajo análisis para llevar adelante la licitación por $10.000 millones para la compra de tecnología y la contratación de capacitaciones. Se trata de una salida inédita, que requiere de la firma de todos los funcionarios jerárquicos del gabinete y que permitiría hacer la compra, pese a la observación del organismo de control.
El juecismo ya sabe de esta movida y anticipa que denunciará al gobierno provincial penalmente si se concreta.
La tropa de Juez sugiere que la compra se reagrupe por rubros, es decir, que los 29 ítems se liciten por separado. Esto, supuestamente, alentaría la participación de más empresas. “Fue un proceso hecho a medida para un solo oferente”, dijo Corvalán con respecto a la unión transitoria de empresas conformada por Vantac y Uno.
Ciertamente, la multiplicidad de ofertas puede generar un beneficio para las arcas públicas y alimenta la confianza, como justificó Federico Sturzenegger la caída de la firma Techint, en un giro argumental muy a tono con el discurso libertario con el que comulga la oposición a Llaryora.
Sin embargo, el clima anticipado de campaña que parece instalarse obliga al oficialismo a defenderse de acusaciones serias, pero también exige a esa oposición que mira el sillón provincial a cumplir el rol que la sociedad le asignó, sin excederlo.
Es precisamente a estas presuntas extralimitaciones a las que apunta el oficialismo en su defensa. El gobierno de Córdoba analiza la pata legal del problema porque entiende que hubo una afectación a la Constitución provincial con la resolución del Tribunal que, como se sabe, quedó en manos del juecismo producto del resultado casi paritario de las elecciones de 2023.
Cuando se repasa los argumentos de la mayoría para objetar la licitación se cuela la política y se abre un debate entre los alcances del control, precisamente, en las tensiones entre legalidad vs. oportunidad.
De acuerdo con la Constitución Provincial (artículo 127) y la ley 10.930 (artículo 23), la facultad del Tribunal de Cuentas de Córdoba se limita exclusivamente al control de juridicidad de los procesos. Esto implica que el organismo puede aprobar o desaprobar la inversión de fondos públicos basándose en la legalidad del procedimiento, pero tiene expresamente vedado evaluar criterios de oportunidad, mérito o conveniencia, que son competencia exclusiva del Poder Ejecutivo.
En los argumentos formales del juecismo hay algunos límites difusos, según la mirada del equipo legal de Llaryora que pretende demostrar que hubo exceso de competencia, más allá de las consideraciones políticas que formuló Juez que en un extenso hilo en redes sociales donde explica por qué sería un "fraude".
El terreno será el de las formalidades. El presidente del Tribunal y la vocal por la mayoría, la también juecista Fernanda Leiva, sostienen que la respuesta a la observación de la licitación no lleva la firma del ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros. El equipo asesor del Panal plantea que este argumento no invalida per se el procedimiento porque, por el principio de delegación administrativa, cualquier funcionario competente del área puede hacerlo.
Con respecto a la modalidad de renglón único que “impidió la concurrencia de otros proveedores”, los responsables de la licitación afirman que se encuentra permitida por la normativa de contrataciones, siempre que esté debidamente fundada. Esta observación del juecismo seguiría, entienden, el criterio de conveniencia, no de legalidad del gasto.
En el argumento del bochazo hay consideraciones de tipo políticas como “monumental erogación”, “contexto de ajuste” o “podar sueldos y jubilaciones”. Allí es donde el llaryorismo ve el punto de quiebre jurídico más grave, porque introduce un juicio de oportunidad del gasto y se valoran las prioridades de la gestión cordobesista.
Por otro lado, al emitir opiniones sobre la "sofisticación", el "grado militar" o la "gradualidad" con la que debería aplicarse la tecnología, el Tribunal avanzaría contra la esfera exclusiva del Poder Ejecutivo. Esto implicaría que el organismo de control intentó definir cómo debe implementarse una política pública y juzgar la estrategia de seguridad provincial.
Como quedó expuesto en la defensa oficial a cargo de Quinteros y su par de Vinculación, Miguel Siciliano, en el Panal creen que si el conflicto decanta en la Justicia hay puntos de su lado para argumentar que el genuino control legal mutó a uno de tipo político y técnico.
¿Quién miente? La pregunta que queda planteada tras la polémica y la semana abrió con posicionamientos de bandos. Una curiosidad política: La Libertad Avanza elige mirar la batalla clásica entre el cordobesismo y el juecismo, y en la que metieron la cuchara algunos alfiles de Rodrigo de Loredo.
"No vamos a opinar", dejan saber en el entorno directo de Gabriel Bornoroni.