El juecismo bloqueó la compra de drones para la policía de Córdoba. Desempolva el método de la denuncia por corrupción. La respuesta oficial.
Luis Juez y su tropa en el Tribunal de Cuentas bochó una licitación para la compra de drones de la Policía de Córdoba
En Córdoba, la guerra de drones marca otro puntapié en la previa electoral de 2027. Mientras que el Tribunal de Cuentas, donde la oposición liderada por el Frente Cívico (FC) de Luis Juez, impuso su mayoría para frenar la compra de equipamiento tecnológico para las fuerzas de seguridad, el gobierno de Martín Llaryora denuncia un "bloqueo institucional".
El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, y el de Vinculación y Gestión Institucional, Miguel Siciliano, fueron los alfiles encargados de la contraofensiva mediática. Es que lo que debía ser un trámite administrativo -licitación mediante- para dotar de tecnología a la Policía de Córdoba se ha transformado en la primera gran batalla política del año. El Centro Cívico no tardó en reaccionar.
El rechazo del Tribunal de Cuentas no se limitó a una observación técnica. Los representantes juecistas, Beltrán Corvalán y Fernanda Leiva, argumentaron que la licitación parecía un "traje a medida" para un único oferente, agitando nuevamente el fantasma de la corrupción.
Lejos de minimizar el golpe, Llaryora ordenó salir a jugar fuerte, en redes y ante los medios de comunicación criticando esta posición.
Quinteros, exjuecista, aseguró que el proceso cumplió con "más de 70 pasos administrativos" y contó con el aval de las áreas técnicas del propio organismo de control antes del veto político.
Para el oficialismo, la jugada del juecismo excedió el rol de contralor. "No cuestionan el precio ni la calidad, cuestionan la decisión de gobernar", disparó Siciliano durante la conferencia de prensa en el Centro Cívico, este lunes por la mañana.
“Control sí, obstrucción para gobernar no”, repitió como mantra en varias oportunidades el funcionario cordobesista quien apuntó a la oposición de aplicar “politiquería como método” evitando avanzar en políticas y obras.
Así como criticó a los gremios por no reclamar a la Nación los fondos de la Caja de Jubilaciones, Siciliano tomó el mismo camino con el Frente Cívico: “No cuestionan al Gobierno nacional cuando compra aviones por miles de millones de dólares mediante compra directa, pero en Córdoba bloquean una licitación pública y transparente destinada a combatir el narcotráfico”, señaló haciendo alusión a los F-16 que se presentaron en Las Higueras.
La táctica del FC remite inevitablemente a la vieja escuela del juecismo: la denuncia como herramienta de construcción política. Tal como sucedía en la época de la Fiscalía Anticorrupción, donde Juez cimentó su carrera denunciando al delasotismo, hoy el Tribunal de Cuentas se erige como el búnker desde donde se judicializa la gestión.
Desde este organismo de control el senador Juez, alineado con La Libertad Avanza (LLA) podría haber encontrado una nueva trinchera para desgastar la gestión provincial, bloqueando expedientes sensibles bajo la bandera de la transparencia.
El titular de ese organismo, Beltrán Corvalán, aseguró en las radios de los SRT, que el proceso impulsado por el Gobierno provincial es una “licitación a medida” con un solo oferente y un presupuesto superior a los 7 millones de dólares.
Planteó que el proceso podría haberse fragmentado por rubros, permitiendo la participación de empresas locales de software, universidades y consultoras, que hoy quedarían supuestamente excluidas por no cumplir con todos los requisitos integrados en un solo pliego.
En los despachos principales del Centro Cívico, la lectura política es lapidaria: no se trata de un control administrativo aislado, sino de una estrategia coordinada donde "los libertarios activaron el Tribunal de Cuentas para entorpecer la gestión".
Advierten que el bloqueo excede la seguridad. Siciliano, indicaron desde el Panal, tiene bajo el brazo -y detalló en su cuenta de X- una lista de expedientes paralizados en diversas áreas que confirman el modus operandi. Algunas de acciones oficiales frenadas, detallan, fueron la creación de los juzgados y de las fiscalías antinarcotráfico, la creación de las guardias locales, la dotación de presupuesto a la Universidad Provincial para construir 16 Universidades Públicas y la de dar presupuesto para construir la ruta Nacional 19 con fondos provinciales.
El escenario que trazan cerca de Llaryora es de suma gravedad operativa. "Es probable que la Policía de Córdoba se quede sin esta tecnología", admiten con resignación. Detallan que la caída de la compra impactará directamente en la prevención de incendios, inundaciones, búsqueda de personas y combate al delito. En el Ejecutivo trasladan la presión a la vereda de enfrente: la única salida viable es que los vocales opositores "reflexionen" y desbloqueen el trámite rápidamente. De lo contrario, el costo de dejar a la fuerza sin herramientas recaerá, según el relato oficial, sobre la intransigencia opositora.
Pese a la embestida, el Gobierno ha decidido no morder el anzuelo de la excepcionalidad. "No vamos a hacer compra directa", sentencian tajantes desde el Panal y descartan el atajo administrativo para no alimentar la narrativa de opacidad que intenta instalar el juecismo.
Sin embargo, la advertencia técnica es clara: iniciar una nueva licitación demandaría un año entero, un tiempo muerto que "no tiene sentido" en el contexto de urgencia actual. O se destraba la licitación vigente, o el Gobierno de la provincia se quedará sin drones, exponiendo la maniobra del Tribunal como un bloqueo liso y llano.