El Sanatorio Sudeste cierra por la crisis. El jefe de delegación, Leonardo Scaffino, no tiene respuestas para 5.000 personas. El PJ de Córdoba presiona.
Leonardo Scaffino es el jefe de la delegación de PAMI en Marcos Juárez
Más de 5.500 personas afiliadas al PAMI en Marcos Juárez están a la deriva como consecuencia del cierre del sanatorio donde reciben atención. Fuentes locales de la obra social que depende del gobierno de Javier Milei sostienen que encontrarán una solución, pero no llegaron a acordar con el sector privado de salud y el Hospital Regional del sudeste de Córdoba.
El escenario para los jubilados de la ciudad es, por estas horas, pesimista. Son cada vez más quienes se acercan a la oficina local en busca de una respuesta. Sucede que la situación que se planteaba como posibilidad un año atrás hoy es una realidad que preocupa a toda la sociedad marcosjuarense. El contexto potencia la situación: el 6 de septiembre serán las elecciones municipales donde la intendenta Sara Majorel intentará buscar la reelección y explora una potencia alianza con La Libertad Avanza.
Hace apenas unos días, el cierre fue confirmado por las autoridades del Sanatorio Sudeste. El 31 de marzo es el último día de vigencia del acuerdo entre la sociedad y la obra social de los jubilados. Desde la delegación de PAMI local, Leonardo Scaffino, referente de Gabriel Bornoroni en el departamento Marcos Juárez, mantiene negociaciones abiertas en diferentes espacios para lograr una continuidad.
La crisis tuvo su impacto. Fuentes allegadas al establecimiento de salud que el sistema de pago per cápita "no se actualizó en proporción al incremento de costos médicos, insumos, tecnología y salarios".
Según pudo averiguar Letra P, la respuesta había sido que la obra social no cuenta con un fondo extra para estos casos que se presentan y la respuesta al pedido apenas alcanzaba el 1% de mejora.
Para los integrantes de la sociedad fue esta respuesta la que derivó en la decisión de no solicitar una renovación del convenio con PAMI ya que al mismo tiempo atraviesan un conflicto con los propietarios del edificio donde se encuentra el sanatorio. Una estructura difícil de sostener sin lograr una mejora en los ingresos.
El cierre de la clínica es casi un hecho, más allá de la continuidad de la prestación, por lo que los afiliados esperan un nuevo convenio en la ciudad para continuar con su atención. Sin embargo, las respuestas que consiguen en la delegación local no son concretas y generan mayor incertidumbre.
Los pacientes que tiene un tratamiento en curso, que están con internación o con cirugías programadas para después del 31 de marzo son los que plantean la mayor preocupación.
Una de las negociaciones que intentaron los representantes de la obra social fue con representantes del Ministerio de Salud del gobierno de Martín Llaryora para trasladar la atención al Hospital Regional Abel Ayerza. Sin embargo, la respuesta de la cartera que comanda Ricardo Pieckenstainer fue contundente: el establecimiento no está preparado para absorber de golpe esa cantidad de pacientes.
Desde el nosocomio aseguran que se trata de una cuestión de infraestructura edilicia y de recursos humanos. Esto genera preocupación por ser un espacio de atención pública y, de no encontrarse una solución, será el punto de recepción inmediato de los pacientes. El giro abona el relato cordobesista que advierte, cada vez que puede, que los desmanejos del gobierno libertario terminan incrementando la presión sobre los servicios y recursos que salen de la provincia.
Por otra parte, la posibilidad de acordar con un centro de salud privado de la ciudad quedó desestimada casi al instante del inicio. No existe hoy un establecimiento de salud que cuente con la posibilidad de agregar esa demanda a su capacidad. Cabe destacar que se trata de atención de consultorio, de consultas con profesionales de diferentes áreas, internaciones en terapia y hasta prácticas en quirófanos.
Si bien no se anunció oficialmente una de las negociaciones más avanzadas es la que se mantiene con una clínica de Villa María, ciudad que se encuentra a 120 kilómetros de Marcos Juárez. Los pacientes serían trasladados en ambulancia o lo harían de manera particular quienes necesiten una gestión menor.
A priori, se presenta como una solución que traería más complejidad a la situación ya que hay pacientes que requieren una atención inmediata. "No es viable que una persona que presenta un cuadro complejo de urgencia deba esperar una ambulancia, luego ser trasladada y recibir atención en otra localidad", remarcó un profesional de la salud que trabaja en encontrar una solución.
En el marco de la última sesión de la Unicameral se presentó una declaración que plantea la completa situación de Marcos Juárez ante los legisladores de todo el territorio de la Provincia.
El texto presentado por Julieta Rinaldi, vicepresidenta del recinto y referente del departamento, señala que "la insuficiencia de prestadores en la zona genera un riesgo sanitario inmediato: ante la falta de respuesta de la red del Instituto, tiende a trasladarse la demanda hacia el Hospital Regional Dr. Abel Ayerza".
Y agrega que el sistema hospitalario público provincial "ya se encuentra sometido a una presión creciente, con incremento de la demanda asistencial y de internaciones durante el último año. En este contexto, resulta particularmente preocupante cualquier escenario que implique el eventual cierre o discontinuidad operativa de prestadores privados de PAMI en el sudeste, con la consecuente migración masiva de pacientes hacia el Hospital Regional y demás efectores públicos".
"Que PAMI omita cumplir en debida forma con sus obligaciones, no en la formalidad de una planilla u hoja de cálculo sino desde la realidad sustancial de cada región a nivel nacional, implica que sea el estado provincial quien deba suplir esas deficiencias con una adecuada gestión", indican el texto ingresado a la Legislatura.