El Colegio de Abogados puso el foco en la autonomía del paciente, la intervención ante emergencias y la relación entre el sistema sanitario y judicial.
El Colegio de Abogados de Córdoba debatió sobre la nueva ley de salud mental
La reforma de la ley de salud mental que impulsa Javier Milei abrió un debate sobre cómo garantizar los derechos y la autonomía de las personas sin impedir respuestas sanitarias oportunas ante situaciones de crisis. El tema fue analizado por especialistas de la psiquiatría, la medicina y el Derecho en el Colegio de Abogados de Córdoba, que preside Eduardo Bittar.
La conferencia, titulada “Salud Mental: Reforma, aspectos prácticos y legales”, reunió a profesionales de los ámbitos sanitario y judicial. El encuentro permitió analizar las posibles consecuencias de los cambios normativos sobre pacientes, familias y equipos profesionales.
Uno de los principales ejes fue la necesidad de precisar qué responsabilidad corresponde a cada integrante de los equipos interdisciplinarios que intervienen en la atención de personas con problemas de salud mental.
El médico psiquiatra y docente universitario Leandro Daniel Dionisio planteó que una eventual modificación debe “dejar claras las responsabilidades profesionales dentro del equipo interdisciplinario”. También señaló como uno de los principales desafíos la búsqueda de un equilibrio entre “los derechos a la libertad, la autonomía, la seguridad y la atención oportuna de nuestros pacientes”.
La discusión se concentró así en uno de los puntos más sensibles de la aplicación de la normativa. El desafío consiste en determinar cómo debe actuar el sistema cuando una persona atraviesa una situación que requiere una respuesta inmediata, sin que esa intervención implique desconocer sus derechos.
El encuentro también puso el foco en las consecuencias que las decisiones sanitarias y judiciales tienen sobre las familias y el entorno de las personas que atraviesan una crisis. Las distintas exposiciones plantearon la necesidad de coordinar criterios entre quienes intervienen ante esas situaciones.
La abogada Jimena Parrotta, funcionaria judicial con 15 años de experiencia en la Defensa Pública, integró el panel junto con Leandro Daniel Dionisio, el médico especialista en Psiquiatría y presidente de la Asociación de Clínicas Psiquiátricas de la Provincia de Córdoba, León Morra, y el presidente del Comité de Contralor de Psiquiatría del Consejo de Médicos de Córdoba, Horacio López.
La actividad fue organizada por el Área Académica y la Secretaría Académica del Colegio de Abogados, junto con las salas de Derecho a la Salud y Bioética y de Derecho de Salud Mental y Adicciones del Instituto de Estudios Jurídicos de la institución.
Al abrir el encuentro, la directora de la Sala de Derecho a la Salud y Bioética, Viviana Graciela Perracini, propuso abordar los interrogantes que persisten en la práctica cotidiana y poner en diálogo las distintas experiencias profesionales.
“Detrás de cada norma, detrás de cada proyecto, de cada decisión médica o judicial, hay una persona, hay una familia, hay una historia que merece ser escuchada y respetada”, sostuvo Perracini.
La jornada permitió poner en común las miradas médica y jurídica sobre las intervenciones profesionales, las garantías de los pacientes y la articulación entre el sistema sanitario y el Poder Judicial. La discusión también incorporó el lugar de las familias ante las situaciones que requerían respuestas inmediatas.
El planteo central quedó vinculado con la posibilidad de transformar los cambios normativos en herramientas concretas para intervenir a tiempo, definir responsabilidades y preservar las garantías y la autonomía de quienes necesitaban atención.
El desafío expuesto durante la actividad no quedó limitado al campo jurídico ni al ámbito médico. También involucró a las familias y a los distintos actores que participaban de una situación de crisis, con la necesidad de establecer criterios claros para una respuesta coordinada.
