Afirmó que el proceso para cubrir la vacante del histórico secretario saliente del máximo tribunal provincial no respetó la Constitución reformada en 2025.
El Colegio de Abogados de Rosario cargó contra el concurso para remplazar a Bordas, el exsecretario de Gobierno de la Corte Suprema de Santa Fe, ahora jubilado.
El Colegio de Abogados de Rosario cuestionó el concurso para cubrir la vacante que dejó Eduardo Bordas, el histórico secretario de Gobierno de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe. La entidad sostuvo que el procedimiento no respetó la Constitución provincial reformada en 2025 y pidió modificar el reglamento, además de extender el plazo de inscripción.
La discusión se produjo en medio del recambio de la estructura de conducción del máximo tribunal tras la jubilación de Bordas, quien durante más de tres décadas concentró buena parte de la administración de áreas estratégicas del Poder Judicial. Su salida abrió una etapa de reorganización interna y redistribución del poder dentro de la Corte.
En un documento institucional, el Colegio de Abogados de Rosario sostuvo que la elección del nuevo secretario de Gobierno debía adecuarse al "nuevo marco de legalidad" establecido por la Constitución reformada. También advirtió que los actuales mecanismos de evaluación vulneraban los principios de transparencia, igualdad e idoneidad para el acceso a la función pública.
La entidad afirmó que el reglamento vigente para cubrir cargos de funcionarios mantenía un esquema cerrado que favorecía a quienes ya integraban el Poder Judicial. Según el planteo, los criterios de evaluación otorgaban ventajas automáticas a los postulantes de carrera mediante puntajes por antigüedad, cargos desempeñados, asistencia, puntualidad y formaciones dictadas por el propio Centro de Capacitación Judicial.
Para el Colegio, ese sistema convertía el concurso en una promoción interna antes que en una convocatoria abierta, ya que colocaba en desventaja a los abogados que ejercían de manera independiente, aun cuando acreditaran antecedentes académicos y profesionales relevantes.
Además, sostuvo que el reglamento anulaba "en los hechos la equivalencia de méritos y trayectorias" y desnaturalizaba el mandato constitucional de realizar concursos públicos abiertos al restringir la competencia efectiva entre los aspirantes.
Frente a ese escenario, el Colegio de Abogados de Rosario solicitó formalmente a la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe una modificación integral del reglamento para adecuarlo a la Constitución reformada. En el documento sostuvo que "un concurso diseñado por y para la corporación judicial no es un concurso constitucionalmente válido" y advirtió que ese esquema resultaba difícil de justificar ante la sociedad.
La entidad también pidió extender el plazo de inscripción para el cargo de secretario de Gobierno con el objetivo de garantizar una mayor difusión de la convocatoria y permitir que los abogados de la matrícula independiente reunieran y presentaran la documentación requerida.
El planteo coincidió con un momento de fuerte reconfiguración institucional dentro de la Corte. La salida de Bordas modificó el esquema administrativo del máximo tribunal y abrió una nueva etapa de disputas por la conducción interna del Poder Judicial, un proceso que continuaría con las renuncias anticipadas públicamente por el presidente de la Corte, Rafael Gutiérrez, y del ministro Roberto Falistocco hacia fines de este año.
Como contó Gabriela Albanesi en Letra P, la vacante que dejó Bordas representó mucho más que un reemplazo administrativo. La salida del histórico secretario de Gobierno puso fin a un esquema de conducción que durante más de tres décadas concentró en una sola oficina buena parte de las decisiones administrativas, presupuestarias y operativas del Poder Judicial.
En reemplazo de ese modelo, el máximo tribunal de Justicia resolvió distribuir las funciones de la Secretaría de Gobierno entre Pablo Gómez, responsable de las circunscripciones de Santa Fe, Rafaela y Reconquista, y Carlos Crespo, a cargo de Rosario y Venado Tuerto. La decisión buscó descentralizar la gestión y redistribuir atribuciones que hasta entonces permanecían concentradas en la capital provincial.
La reorganización también dejó al descubierto interrogantes sobre la estructura administrativa y los mecanismos internos de funcionamiento del tribunal. En ese contexto, la descentralización apareció como una respuesta institucional al esquema que caracterizó la gestión de Bordas y como parte del proceso de renovación que atravesó la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe.