Nicolás Mayoraz (LLA), Gabriel Bornoroni (LLA) y José Luis Espert (AL), tuvieron a cargo los plenarios de la Ley Ómnibus.
Después de dos semanas de frenéticas negociaciones, que duraron hasta un minuto antes que finalizara el plenario de comisiones, La Libertad Avanza logró en la madrugada de este miércoles quedarse con el dictamen de mayoría del proyecto denominado ley ómnibus. Tuvo la ayuda del PRO y de fracciones de la UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal (partidos provinciales), que negociaron la letra chica del texto hasta último momento y aceptaron firmar en disidencia parcial.
Con todo, el dictamen de LLA cosechó 55 adhesiones (34 en disidencia), diez más que Unión por la Patria, y será el primero en votarse cuando el proyecto se trate en una sesión, que aún no fue convocada. Hubo otros dos dictámenes de sectores de HCF, la heterogénea bancada conducida por Miguel Pichetto; uno de la Coalición Cívica; y otro del socialismo y Margarita Stolbizer. Por el rechazo, también presentó un despacho Christian Castillo, del Frente de Izquierda.
Para sumar aliados, el presidente Javier Milei volvió a enviar al Congreso a su asesor, Santiago Caputo, quien se reunió con cada bloque aliado para afinar la versión final. Sobre la medianoche, la negociación estuvo a punto de caerse cuando el consultor le negó al bloque de Córdoba incorporar al artículo que habilita la liquidación de los activos del Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS) un compromiso para cubrir el déficit previsional de las provincias.
En la reunión que había mantenido por la tarde con los gobernadores de las bancadas dialoguistas, el ministro del Interior, Guillermo Francos, había asegurado que el capítulo del FGS sería reescrito como pedían. Sin embargo, Caputo desconoció esa promesa ante los diputados y puso en riesgo toda la negociación. Fue necesaria una intervención final de Nicolás Massot, de HCF (que también integran los cordobeses), para salvar el dictamen.
LLA sumó 21 votos de su bloque y aliados, 20 del PRO, cuatro de HCF, dos de IF y ocho de la UCR, que tuvo la misma cantidad de vocales en las comisiones que no quisieron firmar. “Se pueden llevar un dictamen, pero no la ley”, vaticinó Fernando Carbajal, uno de los díscolos, que tienen como referente a Facundo Manes. Los radicales que adhirieron, plantearon una disidencia sobre más de 140 artículos que intentarán cambiar en el recinto.
El plenario empezó a las 21 horas en el anexo del Congreso y, al igual que la semana pasada, funcionó como un teatro de oradores para que pase el tiempo mientras que, en el despacho del presidente de la Cámara baja, Martín Menem y Caputo negociaban con aliados el texto definitivo. Las discusiones eran tensas porque las autoridades opositoras temían que los compromisos asumidos en la Rosada no aparecieran en la versión final del dictamen. Querían ver todo por escrito antes de cruzar a firmar.
La primera sorpresa fue la falta del texto que habían pedido en el capítulo del FGS. También hubo que redactar la restitución del incentivo docente, otro de los pedidos de los gobernadores, que además consiguieron dos modificaciones: quitar la asignación específica del blanqueo (para que sea coparticipable) y sostener el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial (FFDP) y el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FFFIR).
El Gobierno se mantuvo firme para defender el aumento de las retenciones a las exportaciones, pese a que no tiene los votos para aprobarlo en el recinto. Es el eje de su plan fiscal junto al cambio de la fórmula de movilidad jubilatoria, que tal como quedó en el dictamen regirá desde abril y variará cada mes según los datos de Inflación. En la UCR creen que los jubilados perderán con el empalme entre los dos índices y están dispuestos a bajar el artículo en el recinto.
Por si acaso, los radicales también quieren borrar la emergencia previsional y tarifaria, dos de las nueve que quedaron autorizadas en el dictamen. Tampoco votarán a favor del sistema de privatizaciones de empresas públicas (exigen el aval del Congreso) y de la eliminación de los límites para que fondos privados financien campañas políticas.
Todos estos artículos podrían caerse en la sesión, cuando luego de aprobarse el proyecto en general se trate cada uno de ellos por separado y LLA necesite volver a juntar los votos. Tanto era el caos de papeles, que los aliados le sugirieron a Menem demorar la sesión para el martes para ordenarse. “Se van a votar las emergencias y un cascarón”, le advirtieron. Se lo volverán a pedir este miércoles.
Por si fuera poco, LLA tuvo que negociar el dictamen con el PRO, que a priori era un aliado fijo, pero tuvo sus pretensiones. Exigió un compromiso para cumplir el mandato del máximo tribunal y aumentar la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires, Francos garantizó que así será, pero el tema no formó parte del proyecto. “Es un fallo de la Corte, no tiene sentido incorporar que hay que cumplirlo”, explicaban los otros bloques aliados.
El PRO, además, quiere sostener el traspaso de la justicia nacional a la Ciudad. Silvia Lospennato y María Eugenia Vidal desfilaron por el despacho de Menem desde temprano. Tal vez sigan negociando hasta la sesión. Como el resto de los bloques.