Las modificaciones en el proyecto de la ley ómnibus que el presidente Javier Milei envió al Congreso obligarían, de aprobarse la iniciativa, a que el ministro de Economía, Toto Caputo apurara un plan B para alcanzar el déficit financiero cero o el superávit del 2% que le prometió al Fondo Monetario Internacional (FMI). Tal cual está diseñado en el cálculo oficial, implicará rever un 1,4% del PBI previsto para corregir. Como lo advirtió el propio jefe del Palacio de Hacienda, significará "medidas más duras" y "más sufrimiento" para la población.
Entre los cambios que introdujo la Casa Rosada al texto de la norma y que afectan al plan para mejorar las cuentas fiscales están: el mantenimiento de una fórmula jubilatoria diferente a la actual; la eliminación de los derechos de exportación para las economías regionales y la imposibilidad de subir las retenciones de parte del Poder Ejecutivo; la supresión de las jubilaciones de privilegio; la modificación del artículo sobre el Impuesto a los Bienes Personales y las condiciones del blanqueo de capitales.
El plan original
El plan original del Palacio de Hacienda implica hacer un ajuste fiscal del 5,2% del PBI de los cuales, un 57,69% representa un recorte del gasto público y el 42,30% compensación con ingresos relacionados al aumento de impuestos. Caputo pactó en la negociación con el FMI alcanzar un superávit primario del 2%, antes del pago de deuda. Sin embargo, como contó Letra P, cerca del Presidente se contentan con que el producto final preserve el objetivo del equilibrio presupuestario para fin de año.
Este medio consultó a Economía acerca de la recalibración de las cuentas fiscales para alcanzar los objetivos de gestión si el proyecto pasa los dos recintos del Congreso. Al cierre de esta nota, aún no hubo respuesta. Un informe de la consultora LCG sobre por dónde puede pasar la tijera del gasto para llegar a equilibrar las cuentas, puntualiza: "La obra pública, los giros a las provincias y las transferencias a empresas públicas serán, según el discurso del presidente electo, las principales variables de ajuste del gasto". "En conjunto representan 17 por ciento del total (equivalente a 3,3 por ciento del PBI). Aun cuando se avance en su completa eliminación, no será suficiente para la dimensión del ajuste propuesto", indicaron analistas.
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Jubilaciones
El texto inicial de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos proponía eliminar la fórmula de Movilidad Jubilatoria que establece actualizaciones trimestrales para los titulares de haberes previsionales y otorgar al Ejecutivo la facultad de realizar aumentos por decreto. La nueva propuesta del Ejecutivo prevé mantener el cálculo hasta abril y desde entonces "el índice de movilidad se obtendrá mensualmente conforme al último dato de inflación mensual disponible al momento de comenzar el ciclo de pago de cada mes".
En la hoja de ruta de la cartera económica, el "ahorro" de las jubilaciones significaba un 0,4% del producto. Si se aprueba la ley y el Gobierno no le da continuidad a la política de otorgar bonos para alcanzar la inflación, los haberes previsionales quedarán congelados durante los próximos dos meses. Al momento de actualizarse en abril, la fórmula podría aportar entre un 30% o 35% de aumento, perdiendo en términos reales contra una inflación que trimestralmente se estima entre 75 y 80%.
A pedido del plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) analizó un informe acerca del impacto fiscal de las modificaciones de la fórmula para calcular los haberes. Una de esas hipótesis fue, justamente, un escenario en el que todas las asignaciones se ajustan por evolución de los precios, sin la necesidad de otorgar bonos.
"Las prestaciones de la Seguridad Social deberían crecer 1 punto porcentual en términos del PBI, aunque el no otorgamiento de bonos reduciría las transferencias corrientes en 0,5 puntos porcentuales. En términos netos, el déficit actual del 0,3% se incrementaría hasta alcanzar el 0,8% del PBI", explicó la entidad. Por otro lado, Milei eliminaría las jubilaciones de privilegio para los presidentes y vicepresidentes y subiría la edad jubilatoria de 60 a 65 años.
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Retenciones
El proyecto sube a 15% las retenciones a los productos de exportación que tenían alícuotas menores a ese porcentaje, como el trigo, el maíz, y la carne vacuna y del 31% al 33% para el aceite y harina de soja. Ese incremento rige también para los productos no agropecuarios (industriales). A cambio de mantener esos aumentos, Milei eliminó la aplicación de derechos de exportaciones para las economías regionales y el porcentaje quedará el 0%.
En la calculadora de Caputo, la suba completa significaba un 0,5% del PBI y contar con un aumento de ingresos a las cuentas públicas. Según estimó la OPC, se trata de un 0,42%. "Algunas de las secciones que más podría aportar al aumento de la recaudación ya se encuentran entre las que más derechos pagan”, explicó en un informe.
Bienes personales y blanqueo de capitales
La proyección inicial consideraba que el combo Bienes Personales, moratoria impositiva y blanqueo de capitales aportaría un 0,5% al equilibrio fiscal.
En la nueva redacción del proyecto, la moratoria no sufre cambios. El impuesto al patrimonio suma un beneficio para contribuyentes cumplidores en 2024, 2025 y 2026, lo que implicará una alícuota más flexible y una menor recaudación. Para quienes estén considerados en este universo el porcentaje impositivo pasará del 1,25% y 1,5% al 1% y 1,25%. Además, el Gobierno cobrará un impuesto mucho más fuerte para quienes recién comienzan a tributar y el mínimo no imponible será de $100 millones. En el caso de una “casa-habitación” será de $350 millones.
En el caso del régimen de exteriorización de activos, ahora quienes ingresen al blanqueo no podrán declarar bienes a nombre de terceros; la exclusión para quienes cumplen la función pública y sus parientes tiene el requisito de que se deberían haber desempeñado en los últimos 5 años; los agentes de retención con procesamiento firme quedarán excluidos.
El cambio más importante es que "lo producido del Impuesto Especial de Regularización se destinará a la capitalización del Banco Central de la República Argentina”, puntualiz el texto. Lo que puede implicar que lo recaudado en dólares se destine directamente a engrosar las reservas de la autoridad monetaria.
