Discapacidad: UP quiere apoyar el acuerdo de Martín Menem con aliados para presionar a la Casa Rosada
Herrera Ahuad entregó cinco modificaciones por escrito. El riojano las aceptó y la oposición evalúa acompañar para incomodar a Javier Milei. Maratónica sesión.
Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, que negocia con la Casa Rosada.
El bloque Unión Por la Patria (UP) de la Cámara de Diputados negocia sumarse al acuerdo entre La Libertad Avanza (LLA) y los aliados para aprobar un proyecto sobre discapacidad. Martín Menem aceptó los cambios pedidos por Oscar Herrera Ahuad (Alternativa Federal) luego de una fuerte tensión con la Casa Rosada.
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El peronismo impulsó este debate para pedir la prórroga de la emergencia, pero una parte de los bloques que acompañaron la citación a comisiones negociaron luego con el Gobierno un proyecto superador. Hubo un dictamen hace 20 días y este martes, los aliados presentaron sus últimas propuestas.
"Hay alguna propuesta de modificación. Se está analizando y hay final abierto. Vemos con buenos ojos los planteos, pero queremos verlos por escrito", respondió con cautela Menem. Los manuscritos son siempre revisados por María Ibarzabal Murphy, la secretaria legal y técnica, cercana a Santiago Caputo.
Es la negociación más áspera, pero en el oficialismo aseguran que habrá un texto aprobado al final de la jornada. La lleva adelante la diputada Giselle Castelnuovo, cercana a Lule Menem. Fuentes del bloque oficialista aseguraron a Letra P que la revisión del Ejecutivo finalizó.
Herrera Ahuad lideró las gestiones, en contacto con los colectivos de discapacidad. El último debate fue en la reunión de labor parlamentaria, cuando se juntan todos los jefes de bloque y el misionero dejó clara su postura. Las autoridades de UP presentes quedaron en abrir el debate interno.
Fuentes de UP confirmaron a Letra P que la negociación para sumarse a un acuerdo está avanzada y participan también figuras de LLA. Tiene sentido: una aprobación unanimidad restaría margen político para un veto.
Los diputados de UP mantuvieron contacto con organizaciones de discapacidad para repasar el último texto, con las correcciones de Ahuad. Hay resistencia en el artículo 13, que suspende preventivamente las pensiones. El resto del texto no tiene resistencias en el peronismo.
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Al salir de la reunión de labor parlamentaria, Herrera Ahuad confirmó los cinco cambios que propuso al dictamen de mayoría. Uno es sobre los requisitos a las pensiones por discapacidad, que se componen del 70% del salario mínimo. El despacho oficial queda sujeto a una reglamentación.
El misionero pide enumerar las condiciones de los beneficiarios, que deben ser las mismas que la emergencia. La principal es que no perciban más de dos salarios mínimos. La posibilidad de una suspensión preventiva fue incorporada por el oficialismo y no pasa el filtro del peronismo.
También se sumó un artículo con las partidas específicas para financiar al sector en el Presupuesto 2027 y otro que obliga al Gobierno a fijar un cronograma de pagos de las compensaciones a los prestadores por las pérdidas de 2024. Otra aclaración es sobre la cobertura de salud: queda garantizada para las personas con discapacidad sin obra social o prepaga.
El despacho del oficialismo causó un cimbronazo en el Gobierno porque su contenido es opuesto al proyecto que Javier Milei envió al Senado y fue replicado en un capítulo del Presupuesto 2027. Ratifica el sistema de prestaciones que rige desde hace tres décadas. También las pensiones para las personas que tengan Certificado de Discapacidad (CUD), que las propuestas de Milei buscaron borrar.
El dictamen fue un desafío del bloque LLA a la Casa Rosada. Sus referentes buscaron no repetir la experiencia de 2026, cuando un capítulo del presupuesto fue rechazado por la oposición porque se ajustaba al sector.
La sesión comenzó con el cuórum aportado por el oficialismo y los aliados. Se estima que habrá 17 horas de debate. El primer tema que se trataba es el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada aprobado en el Senado. En el dictamen firmado la semana pasada el oficialismo incorporó la ley de tierras de 2011, que había sido derogada en el DNU 70/23.
El debate de la cámara alta dejó sólo tres capítulos de la versión original: restricciones a las expropiaciones (deben ser a valor real y con lucro cesante), juicios sumarísimos por desalojos y modernización del Registro de la Propiedad.
El temario de la sesión continuaba con el proyecto sobre trazabilidad de alto riesgo. La libertaria Silvana Giudici logró consenso para aprobarlo casi por unanimidad. Se trata de un control de la ruta de sustancias como el fentanilo. El año pasado hubo fallecidos en centros de salud por consumir ese opioide contaminado.
Herrera Ahuad pidió tratar los proyectos sobre discapacidad en ese momento y no dejarlo para el final. Depende de si se llega a un acuerdo. Se tratarán también cambios al código penal por delitos de vandalismo rural. El último tema es el endeudamiento familiar. Hay tres dictámenes y no hay consenso.