Juntos por el Cambio (JxC) consiguió este miércoles en la Cámara de Diputados aprobar una reforma a la ley de alquileres luego de un fallido intento por derogarla, que no fue posible por la resistencia de los aliados del gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti. Aun así, el bloque liberal de Javier Milei exigió como condición para bajar al recinto que, al menos, se votara (sin éxito) un proyecto para borrar la norma por completo.
Tras ese paso de baile, el ganador de las primarias y sus dos aliadas (Victoria Villarruel y Carolina Píparo) rechazaron la modificación impulsada por JxC. "No se necesita una nueva ley de alquileres. Hay que eliminarla y dejar de interferir en contratos privados pulverizando el derecho de propiedad. Lo único que harán es perjudicar a los más vulnerables con menos propiedades, de menor calidad y a precios más caros", protestó el diputado, en un comunicado emitido segundos después de la sesión.
El proyecto aprobado, que aún debe pasar el filtro del Senado, elimina el índice de actualización anual de los alquileres que rige con la ley actual y combina el aumento de precios (IPC) y de salarios (Ripte). Sólo hace referencia a esos indicadores y otros (precios mayoristas) como una opción que pueda acordarse entre las partes. Además, se vuelve a los contratos por dos años, con posibilidad de aumentos por intervalos de cuatro y a 12 meses. El dictamen original decía tres, pero se redujo a pedido del rionegrino Agustín Domingo y Graciela Camaño.
También se incorporan beneficios fiscales, como una reforma del régimen de monotributo para quienes tengan tres unidades de explotación, la eximición de bienes personales a los inmuebles destinados a alquiler y la exención del impuesto al cheque a quienes registren los contratos, una obligación que tiene la ley actual y, según las estadísticas que se exhibieron en los debates en comisión, los propietarios son reacios a cumplir.
La sesión había sido convocada el 5 de julio por todos los bloques de la oposición, cuando la victoria de Milei en las primarias no estaba en los planes de nadie. Con su triunfo, referentes de JxC negociaron modificar el dictamen que firmaron el año pasado para convertirlo en una derogación total.
No fue posible porque el interbloque federal se negó a seguir tras los rastros del libertario, quien cuando supo que el resto de la oposición no tenía los votos para la derogación hizo el juego que más le gusta: diferenciarse de JxC y acusarlos de ser parte de la "casta".
Píparo y Villarruel irrumpieron en la reunión de labor parlamentaria con una exigencia: si no aparecían en el temario de la sesión proyectos que refieran a una derogación de la ley, ellas y Milei no ocuparían sus bancas y el cuórum no sería posible.
Referentes de JxC se lo garantizaron, pero aclararon que el único expediente en condiciones de incorporarse era el de Hernán Lombardi, del PRO, que como no tenía dictamen necesitaba dos tercios para prosperar y el oficialismo no lo permitiría. Alcanzó para que aportaran los votos que faltaban para abrir la sesión y animar el escenario electoral.
Píparo celebró en el recinto. "Siempre JxC supo que no estaba la posibilidad de derogar, que no tienen los acuerdos. No sólo con las demás fuerzas, sino entre ellos. ¿Entonces a qué nos trajeron? ¿En serio les parece bien hacer un show para la gente?. Esta ley no funcionó porque el Estado no se tiene que meter", dijo antes de terminar el debate.
Recinto partido
JxC logró aprobar su dictamen con 125 votos a favor y 121 en contra. Lo acompañaron cuatro federales (los cordobeses Carlos Gutiérrez y Ignacio García Aresca; y Florencio Randazzo y Graciela Camaño, de Buenos Aires), el misionero Carlos Fernández y los monobloques de Felipe Álvarez (La Rioja) y Claudio Vidal (Santa Cruz).
Por el rechazo se unieron los oficialistas, los liberales, la izquierda y dos del interbloque federal: el bonaerense Topo Rodríguez y la cordobesa Natalia De la Sota, quienes insistieron hasta último momento en mantener algún índice para regular las actualización. Los socialistas Mónica Fein y Enrique Estevez, que habían dado cuórum, se abstuvieron.
La ley de alquileres se convirtió en una de las telenovelas más complejas del Congreso: fue aprobada en noviembre de 2019 en Diputados con respaldo de todas las fuerzas; y sancionada ocho meses después en el Senado, ya sin JxC en sus bancas.
La norma se puso en práctica cuando los precios se liberaron tras la pandemia y la inflación se disparó. La misma oposición que la había votado comenzó a responsabilizar a la ley por las subas. Sin embargo, hay asociaciones de inquilinos que la defienden porque consideran que el precio subirá más sin regulaciones y la norma tiene aspectos positivos. Destacan las nuevas opciones de garantías (aval bancario y seguro de caución) y la posibilidad de devolver los depósitos a valor actualizado. Para la mayor parte de la oposición, esos beneficios desalientan la oferta.
"La ley ni siquiera se había aplicado y ya había lobby para derogarla", sostuvo Germán Martínez, el jefe del bloque Frente de Todos, quien defendió la reforma impulsada por el oficialismo. Consiste en sostener las actualizaciones con el índice actual y los contratos a tres años, pero además aplicar un incentivo fiscal para sumar oferta. Obtuvo 109 votos a favor y 131 en contra.
Con el mismo objetivo de sumar oferta, la oficialista Paula Penacca presentó un proyecto para regular los alquileres temporarios. La iniciativa plantea que ese tipo de alquiler no exceda los tres meses, se registren en una plataforma y se cobren en pesos. JxC no permitió su tratamiento y sus voceros reiteraron que les hubiera gustado la derogación total de la ley, como pedía Milei.
"Cuando había 300 mil familias que ya tenían cinco meses de deuda, algunos advertimos que esta ley era un obstáculo para la poca resolución que tenía el tema", hizo la autocrítica la diputada Karina Banfi, de la UCR, una de las que más peleó por borrar las regulaciones. "Queríamos derogar totalmente la ley. No habiendo podido lograr el número, vamos a derogar los dos artículos conflictivos", anunció. Los liberales estaban en el recinto. Listos para votar en contra.
