Verónica Campo, designada en el STJ, junto al gobernador de La Pampa Sergio Ziliotto: es por ahora la única mujer que integrará el máximo organismo judicial de la provincia.
Verónica Campo es actual fiscala penal en General Pico, la segunda ciudad de La Pampa: hace 10 años que ingresó al Poder Judicial y antes estuvo en la Fiscalía de Estado y como asesora en reparticiones públicas.
El actual STJ de La Pampa: José Sappa, Elena Fresco (que deja el cargo), Hugo Díaz, Fabricio Losi y Eduardo Fernández Mendía.
Verónica Campo es cuestionada por "hija de": su padre es Luis Campo, exgobernador del peronismo de La Pampa; su madre María Cristina Garello, exministra de Educación.
El gobernador peronista Sergio Ziliotto plantó la semilla de una renovación en el Superior Tribunal de Justicia de La Pampa con una decisión que levanta polvareda, politiza la discusión sobre el funcionamiento del Poder Judicial y anuncia un nuevo tiempo: designó ministra del máximo organismo judicial a Verónica Campo, mujer, de 45 años, muy vinculada al peronismo e históricamente fustigada por parte de la oposición.
El paso significa un cambio de aire para el STJ de la provincia, generalmente ocupado por personas más mayores, hombres y figuras provenientes de la carrera judicial de los jueces. Verónica Campo viene de otro palo: su desempeño durante una década fue en el Ministerio Público Fiscal y reivindica el perfil que le dio esa pertenencia al ala acusatoria.
Además su designación se da en el contexto del acuerdo político que se huele desde hace un par de semanas entre Ziliotto y su antecesor en el cargo, Carlos Verna, exgobernador y líder de la mayoritaria Línea Plural, con quien el actual jefe del Ejecutivo mantiene una relación tirante, con espasmódicas tensiones y sucesivos pactos. Ziliotto prepara, además, más novedades: trama para cuando reasuma el 10 de diciembre una profunda renovación del gabinete del Ejecutivo.
A la salida de las PASO, traumáticas para el PJ pampeano porque el oficialismo quedó en tercer lugar, Ziliotto y Verna tiraron paredes entre sí, con la idea de dar un ejemplo para que el peronismo se sacuda de verdad la modorra previa al 13A y juegue a fondo para que Sergio Massa llegue a la segunda vuelta. Ziliotto le puso su cara a los afiches de campaña, que advierten: “Cuidemos el futuro. Defendamos La Pampa”.
Después de la aparición en la que Verna se quejó porque “ahora nos cagó Massa”, en referencia a una obra hídrica que perjudica a la provincia, hubo conversaciones y hasta un cruce de flores entre Ziliotto y Verna, respecto de una pelea judicial que a La Pampa le salió bien: la Corte Suprema de Justicia avaló la liquidación de unos 20 mil millones de pesos, como consecuencia de la demanda por fondos coparticipables retaceados por la Nación. Ese reclamo lo empezó Verna y Ziliotto le dio sistemática continuidad para que fuera un éxito.
Verónica Campo es hija de Luis “Cacho” Campo, exvicegobernador de la provincia y exintendente de General Pico, la segunda ciudad de la provincia e histórico bastión electoral peronista. Su madre es María del Carmen Garello, otra dirigente de altísimo perfil, que fue ministra de Educación y sigue metiendo la cuchara en las políticas del sector.
Es la primera ministra del STJ que Ziliotto puede nombrar, a partir de la jubilación de Victoria Elena Fresco, quien estuvo 39 años en el Poder Judicial y era integrante del organismo desde 2010, designada por el entonces gobernador Rubén Hugo Marín antes de dejar el cargo.
Todo indica que se vienen más cambios y que Verónica Campo es la primera aparición de una serie: las próximas vacantes las dejarán Eduardo Fernández Mendía (72 años), quien es ministro también desde la época marinista (fue designado en el ’94) y Hugo Díaz, que ya cumplió 40 años en el Poder Judicial. En cambio tienen hilo en el carretel dos nombrados de Verna cuando empezó a moldear el STJ según su mirada: Fabricio Losi y, sobre todo, José Sappa, posiblemente el funcionario judicial más poderoso de la provincia, que pasó por un organismo de contralor neurálgico como el Tribunal de Cuentas y no gambetea las funciones políticas de su cargo.
Campo se reunió con el gobernador y a la salida transparentó las exigencias: “Planteó la necesidad de una gestión más dinámica, abierta y comunicacional”. Ziliotto es en el poder político el hijo de una generación de líderes fuertes, de altísimo carisma, caciques personalistas. Se autopercibe como la cara del trasvasamiento generacional que debe imponer otro estilo de conducción y eso mismo pretende derramar hacia el Poder Judicial.
Ante la necesidad de acuerdo legislativo, Verónica Campo ya abre el paraguas y avisa: “Normalmente no fui aprobada por unanimidad y tampoco creo que lo sea ahora. Supongo que se van a repetir las críticas, porque sigo siendo 'la hija de', pero he trabajado, soy una mujer adulta que trabaja, y mucho, y a lo largo de mi carrera nunca he recibido una crítica de mi trabajo. Sí por ser la hija del exgobernador, pero eso no lo puedo cambiar".
Su pertenencia a la familia del peronismo vernáculo le costó a Campo severos cuestionamientos cuando en 2015 la designaron para el cargo que ocupa actualmente, una fiscalía penal en General Pico. Especialmente desde el radicalismo le llovieron acusaciones, porque las otras fuerzas opositoras levantaron la mano para respaldar su pliego: el PRO, el Frente Renovador, Comunidad Organizada y Pueblo Nuevo.
El entonces diputado Hugo Pérez (UCR) fue vocero de los reproches más severos. “No reúne las características esenciales para ese cargo y carece también de antecedentes. Llama la atención que en la selección del Consejo de la Magistratura haya obtenido 4,20 puntos sobre un total de 30 en el rubro antecedentes y sin embargo por su coloquio quedó como una de las mejores. No está provista de idoneidad, honestidad ni trasparencia ética", disparó. Le reprochó un paso por la empresa petrolera estatal: le endilgó que "cobraba sueldo como síndico de Pampetrol y también facturaba a una UTE”; le pidió “que se capacite” y aseguró que “se siguen creyendo que por ser hijos del poder les basta".
No por casualidad salió a defenderla en esa sesión un tridente de escuderos ultravernistas, que en ese entonces eran legisladores: pusieron el cuerpo Daniel Lovera, después senador y siempre sindicalista del Comercio; Fernanda Alonso, ahora reelecta como intendenta de General Pico; y Patricia Lavín, actual intendenta de la norteña Ingeniero Luiggi.
Campo hizo su secundaria en Pico, se graduó de abogada en la Universidad Torcuato Di Tella y es master en Derecho Administrativo. Se desempeñó en la Fiscalía de Estado que depende del Ejecutivo, fue asesora de distintas reparticiones públicas y ejerció la docencia. En el Poder Judicial fue Jefa de Oficina Judicial y desde 2015 ejerce como fiscal.
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