Noelia Sosa llevó sus sospechas contra oficialistas y opositores a la Fiscalía de Investigaciones. El gobernador ordenó que nadie se suba al ring.
La diputada de La Pampa por el ultravernismo, Noelia Sosa, en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, junto a su abogado Alejandro Gigena.
El gobernador de La Pampa Sergio Ziliotto le puso la firma al trámite más engorroso y más importante de su gestión y la licitación del área petrolera Medanito ya está en marcha. Eso no significa que se haya apaciguado la interna empetrolada que sacude todo el proceso, que ahora sumó otro capítulo.
Muy dispuesto a tirar de la cuerda, el ultravernismo ni siquiera esperó a la semana siguiente para dar un paso que pretende embarrarle la cancha al gobierno provincial. La diputada Noelia Sosa llevó sus sospechas a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y pidió que se indague la conducta de los funcionarios intervinientes y de la oposición que dio el acuerdo.
El trámite licitatorio que Ziliotto puso en marcha había conseguido una amplísima mayoría en la Comisión de Precalificación y Pre adjudicación que se armó específicamente. Sosa fue en ese órgano la única voz discordante. Se sumó otra ausencia, pero incluso las referencias opositoras dieron aval para que avance la convocatoria.
La comisión dio firme respaldo al pliego. El martes resolvió ir para adelante. Ziliotto recibió la documentación y este jueves ordenó la convocatoria a la licitación. Se publica el 9 de diciembre y se calcula que la apertura de los sobres será el 9 de febrero.
Además, el gobernador bajó línea en su equipo y ordenó no salir a responder las acusaciones del ultravernismo. La orden es “no subir a nadie al ring”. El ziliottismo interpreta que la licitación es irreprochable y que los cuestionamientos “se hacen desde el barro”.
El dictamen fue aprobado por una amplia mayoría en la comisión. Lo avalaron Matías Toso (Secretaría de Energía y Minería), Gonzalo Sondón y Cristian Buss (Subsecretaría de Hidrocarburos y Minería), Griselda Ostertag (Asesoría Letrada de Gobierno), Guido Bisterfeld (Ministerio de Hacienda y Finanzas), Vanina Basso (Secretaría de Ambiente y Cambio Climático), Leonel Emanuel Monsalve Herrera (Municipalidad de 25 de Mayo), María de los Ángeles Roveda (Pampetrol S.A.P.E.M.), el diputado radical Julián Aguilar y Enrique Juan del PRO (Legislatura Provincial).
Sosa votó en contra, estuvo ausente la diputada María Luz Alonso (La Cámpora) y tampoco votó a favor el dirigente radical Nicolás Romano, director en Pampetrol por la oposición, quien se autoexcluyó del proceso “por razones políticas, legales y técnicas”.
La producción de Medanito está virtualmente paralizada porque la empresa Petroquímica Comodoro Rivadavia, que tiene la concesión extendida, no hace inversiones hasta no saber si tendrá más tiempo para explotar la zona.
Esa situación de parálisis puso en una misma vereda a los sindicatos y al intendente Leonel Monsalve para apurar una licitación. En el proceso hubo manifestaciones masivas y presiones de todo tipo. Desde la otra vereda se agitaron sospechas.
Sosa completó su recorrido con una presentación en la fiscalía. El ultravernismo había tironeado durante el debate legislativo. Votó a favor de hacer la licitación después de múltiples enfrentamientos. Lo hizo en un año electoral y bajo la advertencia de que pretendía incidir en la redacción del pliego.
Ahora Sosa dice que la forma de computar regalías establecida “tiene como efecto transferir ilegalmente ganancias al futuro operador del área -como mínimo un 5% de regalías- sobre toda producción extra, pues no tiene en cuenta si ésta proviene o no de inversiones acreditadas; es decir, se violenta groseramente el texto legal al que debe ajustarse el futuro contrato”.
La puja empetrolada dividió en dos a la Legislatura. Fue un proceso conflictivo y picante. La discusión en su momento también partió al radicalismo y al PRO. Pero la grieta sacude sobre todo al PJ pampeano. En torno al negocio del petróleo hay una vieja disputa entre el actual gobierno y las huestes del exgobernador Carlos Verna. Desde el arranque de la gestión de Ziliotto la cuestión energética puso de punta a los actores principales de ambas facciones.
Para que no la tilden de traidora, Sosa avisa desde hace rato. En la comisión sostenía hace largo tiempo que el pliego licitatorio vulnera la voluntad legislativa que se le quiso dar, y además abre la puerta a que se perjudiquen los intereses de la provincia.
Pero este nuevo paso es una bomba porque llevó la situación a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas que, en manos de Juan Carlos Carola, es el organismo que investiga hechos de corrupción y violaciones a la ley por parte de autoridades públicas.
El sub-bloque ultravernista lo integran, además de Sosa, Daniel Lovera, mano derecha de Verna, Hernán Pérez Araujo, Juan Barrionuevo, Silvia Larreta y Carolina Giussi.
Sosa, la diputada que torpedea la licitación, es oriunda de Colonia 25 de Mayo, el territorio de Medanito. Tiene un enfrentamiento feroz con el intendente Monsalve, que llegó al cargo como parte del PRO pero se declara “independiente”, se acercó al gobierno de Ziliotto en el último año y trama la conformación de un partido con el poderoso sindicalista Marcelo Rucci.
Monsalve dice que los planteos de Sosa “suenan a extorsión”. La diputada del ultravernismo pretende marcarle la cancha al gobernador, sobre todo después de que el 26 de octubre el líder del espacio tirara dardazos contra el secretario General de la Gobernación José Vanini y contra el senador Daniel Pablo Bensusán, que el ziliottismo aceita como el candidato natural a la sucesión en 2027.
La legisladora protagonizó sola esta movida, pero con lógico aval del ultravernismo. La acompañó en su presentación el abogado Alejandro Gigena, un histórico del sector, que fue funcionario provincial e incluso tuvo una silla en el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) en representación del Congreso Nacional.
Cumple su primer mandato como diputada y tiene experiencia en materia petrolera ya que fue funcionaria de la empresa con mayoría estatal Pampetrol.