El borrador de la Casa Rosada convalida la independencia de los repartidores como monotributistas. El PJ piensa un esquema similar al del empleo en casas particulares.
Una de las claves de la reforma laboral de Javier Milei: los trabajadores de las aplicaciones.
La situación de los trabajadores de plataformas digitales y repartidores de aplicaciones será uno de los ejes en el debate por la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei y generará un choque entre la Casa Rosada y el peronismo, que impulsan dos modelos antagónicos de regulación.
Si bien la administración libertaria todavía no dio a conocer su proyecto oficial, el borrador que circula entre integrantes del Consejo de Mayo consagra específicamente la “independencia de los repartidores” y convalida su inscripción en el régimen de monotributo, a contramano de la proclama sobre la necesidad de crear empleo formal.
En tanto, la CGT y el peronismo promueven el reconocimiento de la relación laboral, con características específicas, baja de aportes y una promoción de la formalización similar a lo que se hizo durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner con las empleadas de casas particulares.
El texto elaborado por el oficialismo, al que tuvo acceso Letra P, dedica un título específico a los servicios de “transporte, reparto y mensajería utilizando plataformas tecnológicas” – tales como Rappi, Pedidos Ya, Uber, Cabify y Didi- y señala que tiene como objeto “establecer reglas adecuadas para promover el desarrollo de la economía de plataformas tecnológicas en el país”.
El proyecto deja una serie de definiciones sobre, por ejemplo, qué se entiende por mensajería urbana, repartidor, contrato de prestación del servicio y plataforma tecnológica y enfatiza en diferentes pasajes la calificación del trabajador como “independiente”, sin vínculo laboral con la plataforma para la cual presta servicios.
“Las partes podrán acordar libremente las formas de contrato”, dice el texto, como si se tratara de una relación civil y comercial, que escapa a las normas del derecho laboral. Para las plataformas establece obligaciones específicas mínimas vinculadas con la seguridad, que excluyen la provisión de todo tipo de material de trabajo.
En materia de derechos, se establece que podrán “acceder a un seguro de accidentes personales proporcionado por las plataformas”, pero aclara específicamente que la responsabilidad de la provisión del seguro y los gastos derivados del mismo “será objeto de acuerdo” entre las partes involucradas “sin establecer un indicio de relación laboral o dependencia entre las plataformas y repartidores”.
Aunque todavía el texto no está cerrado, la CGT ya le hizo saber al Gobierno que se opone “íntegramente” al régimen que propone para trabajadores de plataformas y que llegará al Congreso para su discusión durante el período de sesiones extraordinarias.
En la central obrera tienen en carpeta un proyecto propio que se trabajó durante el gobierno de Alberto Fernández, aunque nunca llegó a debatirse en el ámbito legislativo. El texto promueve una simplificación de la inscripción de los trabajadores de plataforma ante el ARCA – en ese momento, AFIP-, determina un plazo máximo de jornada laboral, remuneración mínima, vacaciones pagas y obligación de las empresas de proveer elementos de trabajo como medios de locomoción y teléfonos celulares.
Además, establece todos los derechos que se derivan de las relaciones laborales convencionales, beneficios de seguridad social, asignaciones familiares, obra social, jubilación y seguro de riesgo de trabajo. En esa línea se inscribe el proyecto que presentó a principios de noviembre el diputado de Unión por la Patria y secretario general de la CTA, Hugo Yasky.
La situación de los trabajadores de plataformas fue uno de los ejes de discusión del encuentro que los líderes de la CGT tuvieron con los diputados sindicales el 18 de noviembre. Durante esa reunión, Huguito Moyano, que asumió su banca este miércoles, propuso impulsar un régimen similar al que se implementó a partir de 2013 con las trabajadoras de casas particulares, que promovió la formalización de muchas relaciones laborales a partir de un registro simplificado e incentivos fiscales. Eso les garantizó a las trabajadoras aportes jubilatorios y el acceso a una obra social.
En el marco de una serie de reuniones con diferentes sectores, la plana mayor de la CGT se reunió el lunes con Sergio Massa. El líder del Frente Renovador fue acompañado por el diputado Guillermo Michel, extitular de la Aduana, con quien plantearon propuestas sobre el tema laboral.
Massa le pidió a la CGT que aborde la discusión de la reforma de manera propositiva, con propuestas concretas y que no rechacen nada “a libro cerrado”. “Hay que reconstruir el vínculo entre peronismo y los trabajadores”, les dijo. En ese marco se habló de la situación de las plataformas digitales.
La Fundación Encuentro, que funciona como think tank del massismo, publicó un trabajo en el que calculó cuántos pedidos necesita hacer un repartidor para llegar a fin de mes. De acuerdo con el índice APP (Coeficiente de Alcance del Pedido Promedio), un hogar tipo, de cuatro integrantes, necesita 461 pedidos para cubrir la canasta básica total.
“El pedido promedio es de $2.553,6 (sin propina), según ingresos reales de PedidosYa y Rappi y para alcanzar el ingreso promedio individual en Argentina hacen falta 344 pedidos”, dice el informe. Además, explica que, para cubrir el costo de monotributo, el trabajador debe hacer 15 pedidos.
“Pensar una reforma laboral sin pensar una economía que crezca no va a generar un solo puesto de trabajo. No se puede pensar una reforma laboral sin pensar el costo tributario”, dice Michel, que trabaja en diferentes iniciativas para incentivar la formalización de trabajadores, en particular en pymes y micropymes.