El intendente de Santa Rosa afrontó costos, pero tuvo premio. Cruce inédito en el bloque amarillo. Dudas en el propio oficialismo. El apriete de la empresa.
El intendente de la capital de La Pampa, Luciano di Nápoli, junto al director de Asuntos Corporativos de Carrefour, Francisco Zoroza. Atrás, el sindicalista Rodrigo Genoni. FOTO: www.radiokermes.com
El Concejo Deliberante de la capital de La Pampa estuvo rápido para los mandados que le encomendó el intendente peronista Luciano di Nápoli. Este jueves aprobó de manera exprés una doble excepción al Código Urbanístico que garantiza el desembarco del Maxi Carrefour.
La iniciativa es clave en la nueva agenda de “modernización y desarrollo” que el excamporista le quiere imprimir a su gestión. También se presenta como una respuesta frente al modelo nacional de recesión, exclusión y pérdida de fuentes de trabajo que entiende representa Javier Milei.
La multinacional y el jefe comunal de Santa Rosa habían hecho el anuncio la semana pasada, bajo la promesa de generar 100 puestos fijos de trabajo, una inversión de 15 millones de dólares y terminar con el monopolio que en el rubro mayorista tiene Diarco.
Di Nápoli apretó el acelerador y decidió afrontar los costos políticos, que sigue pagando con cuestionamientos opositores y de entidades visibles de la ciudad, pero cerró ese frente, al menos transitoriamente, con una mano del PRO.
Además del bloque oficialista, la concejala macrista Fernanda Oddi avaló la habilitación del hipermercado, a contramano de su compañero de bloque Marcelo Guerrero, que votó en contra, y del resto de la oposición, que ni siquiera dio cuórum.
Una de las instituciones paradigmáticas que sí respaldó la movida de Di Nápoli fue la Asociación Agrícola Ganadera, que está involucrada en el negocio. La entidad que en La Pampa representa a la Sociedad Rural es la dueña del predio donde se instalará el hipermercado, en una zona muy cercana al centro de la ciudad y donde el Código Urbanístico prohibía la construcción del tamaño que se prevé para este emprendimiento.
Ese Código Urbanístico de la capital de La Pampa tiene apenas un año y medio de antigüedad. Permite actualmente construcciones de 1.800 metros cuadrados. La obra prevista para el hipermercado implica 3.300 metros cuadrados. También se habilita como excepción el trazado de una nueva calle.
Carrefour hará la construcción en el predio de la avenida Spinetto y Neuquén, que le alquilará a la Agrícola por 15.000 dólares mensuales durante 20 años, con opción a diez más. Después la gremial de la patronal rural se quedará con esa construcción.
El plan de la empresa fue presentado al presidente Milei en noviembre del año pasado. Se anticipó la instalación de 27 Maxi en distintos puntos del país, con una inversión calculada en un total de 300 millones de dólares.
Cuando la situación parecía empantanada, Di Nápoli consiguió una salida rápida con una ayuda del PRO.
Oddi levantó su mano en defensa de “la libertad de mercado, porque las sociedades que se desarrollan y creen son las que tienen libre competencia”, aunque pidió garantías de que, por ejemplo, se realicen estudios de impacto ambiental. “No es un cheque en blanco”, advirtió.
Una de las inquietudes que se plantea es cómo soportará esa zona de la ciudad el desarrollo del nuevo emprendimiento, que estaría listo antes de fin de año. El estacionamiento, el tránsito, pero también el sistema cloacal y de agua potable generan dudas, en una ciudad que sigue declarada en emergencia sanitaria.
Cuando aparecieron intrigas, Carrefour mantuvo contacto con el Concejo y no anduvo con cortesías. Advirtió sin medias tintas, cuando terminaba la semana anterior, que si este jueves no había una aprobación al proyecto, la multinacional se buscaría otro destino para su inversión.
La oposición se sintió apretada. El propio Guerrero, del bloque del PRO, sacó a la luz esas presiones y dijo que por eso votó en contra. La decisión de dar cuórum implicó la intervención de la dirigencia provincial, incluso de Marita Mac Allister, la mujer fuerte del PRO de La Pampa. Es la primera vez que el bloque amarillo vota dividido en Santa Rosa.
“Me sentí avasallado por un privado que vino a decir que si no lo aprobábamos se iba”, lamentó Guerrero, único voto en contra. Por las mismas razones, ni siquiera ocuparon sus bancas Nancy Castañiera, la concejala tiernista de Comunidad Organizada, y el bloque de la UCR que integran Diego Camargo, Luján Mazzuco y Romina Paci.
El espacio boinablanca fue durísimo en su oposición. "La ordenanza es impulsada por el intendente en nombre de intereses privados. No seremos cómplices de privilegios a medida del poder económico, ni del atropello a los vecinos ni de los negocios del Ejecutivo”.
En la ronda de consultas en el Concejo Deliberante, el oficialismo tuvo que soportar el embate de comerciantes locales de la zona, que reniegan contra el privilegio de la multinacional y que advierten que el desembarco de semejante estructura los puede condenar a la desaparición Es un debate similar al que en Santa Rosa ya se dio durante el neoliberalismo de los ’90, cuando se produjo el arribo del gigante de la Patagonia, La Anónima.
Sin ir a fondo contra la idea de la Municipalidad, la Cámara de Comercio sostuvo algunos de esos argumentos. Los sindicatos, de los que el intendente esperaba un apoyo rotundo, la miraron casi de afuera. No intervinieron en el debate legislativo porque plantearon que la discusión de fondo no los involucraba.
El Centro de Empleados de Comercio, si bien compartió el anuncio y celebró la inversión, dijo que no tenía opinión para dar respecto de lo que estaba en juego en este tramo del proceso, que era avalar o no la “excepcionalidad” a favor de Carrefour. Lo mismo argumentó la Unión de Obreros de la Construcción (UOCRA).
Aunque rondó el fantasma de algún voto oficialista en contra, el bloque que preside Francisco Bompadre no sacó los pies del plato y avaló sin chistar, rápido para los mandados, la excepción que aceita la llegada del Maxi Carrefour.
Todas las miradas estaban sobre Mariano Alfageme, concejal de Patria Grande. Admitió las tensiones y la incomodidad, “por el sector político del que provengo”. “Lo discutí, y vamos a votar por los puestos de trabajo”, decidió.
El Colegio de Arquitectos también fustigó con fuerza la propuesta. Dijo que la excepción para beneficiar a Carrefour no tenía base en ningún “interés comunitario”. El vocero de esa organización, Pablo Frencia, afirmó: “Para los que estamos obligados a cumplir con el Código, esto es lo más parecido a una estafa. Nos hacen respetar tiempos, nadie gestiona por nosotros y viene una empresa extranjera y logra que el municipio sea prácticamente la parte actora del desarrollo”.