El “aporte solidario” no pasó la Legislatura: UCR, PRO y Comunidad Organizada no dieron cuórum, en alianza con la Sociedad Rural y la corporación judicial.
La oposición le declaró la guerra al gobierno de Sergio Ziliotto en La Pampa: pegó el faltazo y dejó sin cuórum la esperadísima sesión legislativa en la que el peronismo pensaba aprobar el mentado impuesto a la riqueza. El llamado “aporte solidario obligatorio” también era una especie de alfombra roja de bienvenida al bonaerense Axel Kiciloff, quien llega este viernes en el marco de su recorrida por distintas provincias.
En la única cámara local, el PJ pampeano tiene 15 bancas, igual que la oposición acumulada. Si había empate, la situación quedaba salvada a favor del nuevo impuesto con el voto de la vicegobernadora Alicia Mayoral.
Pero el radicalismo, el PRO y Comunidad Organizada hicieron causa común, frustraron la sesión y prefirieron pagar el costo político de no dar cuórum antes de permitir la sanción, incluso con variantes, del proyecto oficialista que, ante la abultada deuda del gobierno nacional, busca recaudar fondos extraordinarios para destinarlos a la emergencia alimentaria.
Desde el minuto uno y bajo el eslogan de campaña de que no hay lugar para “nuevos impuestos”, la oposición se plantó contra la propuesta pampeana que impacta sobre el sector financiero, los autos de alta gama, los juegos de azar, los propietarios de cinco o más inmuebles urbanos y los sueldos del funcionariado.
En el proceso hubo vaivenes, negociaciones y acercamientos. Ziliotto anunció su proyecto el 1 de marzo y desde entonces hubo numerosos encuentros en comisiones, con presencias ministeriales. La oposición hizo propuestas que fueron atendidas, como incluir al Casino local y exceptuar del pago a los trabajadores de salarios más altos. En todo momento se dejó establecido que el “aporte solidario” no afectaría a sectores productivos.
Pero la UCR terminó presentando un proyecto espejo que sugería distribuir los mismos recursos para la alimentación de sectores vulnerables en el fondo que la provincia reparte entre los municipios y que no se coparticipan automáticamente, sino que el Ejecutivo maneja de manera discrecional.
El oficialismo llegó al retardado día de la sesión clave con alguna ilusión de que, si bien no habría acompañamiento, tampoco habría palos en la rueda. No: hizo la sesión en minoría, con el único objetivo de darle marco a algunos discursos del oficialismo, pero sin decisiones que tomar.
La oposición ya había negado el cuórum en el inicio del período legislativo, cuando comenzó el tratamiento de un proyecto mediante el cual la provincia decidió hacerse cargo de determinada obra pública que quedó trunca por la motosierra de Javier Milei.
Retacear el cuórum tiene costo político porque en La Pampa nunca se hizo: desde el regreso de la democracia, en la mayoría de los gobiernos el peronismo tuvo mayoría propia, pero, aun en condiciones de mayor paridad, la oposición nunca hizo uso de esa herramienta, hasta este período.
Por eso, la decisión opositora es una declaración de guerra y un anticipo de las reglas del juego que vendrán. “¿Se van a quedar en los despachos hasta diciembre?”, chicaneó el jefe del bloque peronista, Espartaco Marín, que le pidió a la oposición “antiperonista” que “se ponga a laburar” y deje de “importar discursos porteños”.
El radicalismo, el PRO y Comunidad Organizada, el espacio que comanda el exintendente y exministro de Seguridad Juan Carlos Tierno, buscaron una explicación legalista para maquillar su definición política: arguyeron que la iniciativa debía tratarse como un proyecto “especial”, que, según el artículo 69 de la Constitución provincial, sólo se sanciona con la mitad más uno de los integrantes de la Legislatura.
El oficialismo sostuvo que es un proyecto general, que simplemente implica un gasto que modifica el presupuesto, que se sanciona con mayoría simple.
Mucho más allá de la pelea técnica, hay una batalla política que tiene una de sus ramificaciones en el escenario nacional: la oposición sostuvo que no debatía el proyecto porque podía ser inconstitucional, pero legisladores nacionales de la UCR y el PRO avalaron iniciativas de Milei aun admitiendo su debilidad en ese sentido y excusándose en que el Poder Judicial determinaría su validez.
También en los sectores aliados salta a la vista cuál es la pelea de fondo: en las últimas horas, los que más presión metieron para que la ley no saliera fueron la Asociación Agrícola, que es la pata local de la Sociedad Rural, y la corporación judicial por medio del Colegio de Magistrados y Funcionarios.
En la otra vereda, el gobierno encontró respaldo de los mismos grupos sindicales que hasta hace tres semanas agitaban un conflicto: los gremios estatales que habían anunciado un paro de actividades en disconformidad con el aumento salarial que ofreció el gobierno suspendieron la medida de fuerza y recibieron con buenos ojos la oferta de hacer realidad el viejo reclamo de las categorizaciones.
Para ello, miraron el panorama completo, con un gobierno nacional que le debe a La Pampa unos $40.000 millones y que, con la Ley Bases y el paquete fiscal, avanza a paso redoblado sobre el federalismo y los bolsillos del sector trabajador.
