La guerra por la caja disparó en La Pampa el enfrentamiento menos pensando y en un momento poco oportuno: el intendente de Santa Rosa, Luciano di Nápoli, se paró de manos frente al proyecto del gobernador Sergio Ziliotto, que intenta darle solución a las asimetrías en la repartija de los fondos coparticipables.
La pelea por los recursos de gestión no sólo explota en plena campaña antes de las PASO, sino en el tramo final de las gestiones de dos de los dirigentes más importantes del peronismo pampeano: ambos fueron reelectos con lo justo en las elecciones de mayo y hasta ahora habían formado, pese a sus diferencias, un tándem sólido y de ida y vuelta.
La desilusión de un “parche”
Di Nápoli esperaba que Ziliotto atendiera las demandas de Santa Rosa, desde hace tiempo perjudicada por los índices que determinan la distribución de fondos coparticipables, pero el gobernador eligió un “parche”, según el jefe comunal y figura de La Cámpora, quien respondió con un faltazo a la reunión que el gobierno convocó con todas las intendencias y con un posicionamiento público crítico como pocas veces se vio antes.
En los alrededores de esa disputa, asoma la sucesión: Ziliotto no tiene otra reelección posible porque la Constitución lo impide y “Copete” di Nápoli es uno de los varios peronistas que se ilusiona con probarse ese traje. Sabe que para mantener vivo ese sueño tiene que rendir decorosamente el examen de la gestión, y para eso hace falta plata.
Di Nápoli tiene plafón porque es el primer peronista que logra la reelección en el siglo en la capital: el último había sido Oscar Mario Jorge, en el ’99. Después llegó a ser gobernador. La gestión de "Copete" fue reconocida por el voto popular en el mes de mayo y su capital político se ensancha a partir de que gobierna la ciudad más importante, tomó decisiones audaces y por ahora exitosas (la estatización del transporte público es la más importante) y sus 43 años lo dejan en cualquier línea de largada.
En 2019 llegó a la intendencia tras ganarle una interna al caballo del comisario, y para 2023 fue candidato de la “unidad”: hizo algunos pactos con sectores que le eran refractarios, pero no ahuyentó todos los ruidos.
Perfil alto y enemigos íntimos
A Di Nápoli tampoco le faltan enemigos. Desde que gobierna, el intendente nunca sacó los pies del plato del PJ pampeano, pero hay sectores internos que lo ningunean y lo miran de reojo. Tiene especiales obstáculos en el PJ más tradicional: el vernismo y el marinismo, en general, no lo quieren ver ni en figuritas. También porque su familia es de cuna radical: su padre, Emir “Copete” di Nápoli, fue diputado y candidato a gobernador por la UCR en los ’90.
Después de la elección provincial y en plena rosca peronista, Di Nápoli, que también es presidente del Consejo Local de Unidades Básicas, armó más polémica: se fue un mes de vacaciones a Europa. Participó de un encuentro con el papa Francisco y a su regreso participó de la inauguración del Gasoducto Néstor Kirchner y empezó a preparar el nuevo escenario. Aceptó la candidatura presidencial de Sergio Massa con un “es lo que hay”, mientras funcionarios de su gestión fogonean sin disimulo su preferencia por Juan Grabois.
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A la vez, sostiene una puja de liderazgos dentro de La Cámpora: es cada vez más tenso el vínculo con María Luz “Luchy” Alonso, secretaria Administrativa del Senado, mano derecha de Cristina Fernández de Kirchner, vicepresidenta del PJ pampeano y diputada provincial electa.
Por más que quiera subir su perfil, a “Copete” parecen habérsele acelerado los tiempos de un enfrentamiento tan a la luz del día con Ziliotto. Aunque el intendente aclara su buena relación y respeto por el gobernador y agradece la generosa obra pública en Santa Rosa, en la práctica salió con los tapones de punta: dice que en el panorama nacional La Pampa es la única que tiene semejante “inequidad distributiva”. Di Nápoli afirma que no le queda otra que distanciarse de la provincia porque tiene que “defender el interés de vecinos y vecinas" que lo votaron.
Esa postura le granjea nuevos adversarios: las intendencias del resto de la provincia en general aplaudieron la medida de Ziliotto, incluyendo a jefes comunales opositores. Fernanda Alonso, reelecta intendenta de la segunda ciudad de la provincia, General Pico, y a la vez una posible rival en la puja por la sucesión, bancó a Ziliotto: salió a decir este viernes que vio "con buenos ojos que se agrande la torta coparticipable".
La manta corta
Desde los tiempos de Carlos Verna, dos veces gobernador (2003-2007 y 2015-2019) la coparticipación provincial sufrió transformaciones en beneficio de las localidades más pequeñas: la descentralización, el reparto de regalías y el premio por mayor recaudación facilitaron esa lógica, en la que además algunas comunas empezaron a formar empresas, desde panaderías hasta estaciones de servicios, cuando comprobaron que incrementar ingresos por esa vía las adelantaba en el ranking con el que después la provincia reparte sus fondos.
No hay actor del sistema político pampeano, oficialista u opositor, que no coincida en el análisis de que el reparto se desequilibró hasta tergiversarse, perjudicando a las ciudades más habitadas y en especial a Santa Rosa y General Pico. Di Nápoli esperaba que ZIliotto elaborara un proyecto alternativo que salvara esa asimetría, pero el gobernador no quiso problemas y eligió otra estrategia.
Para evitar los reproches de algunas de las más de 80 comunas pampeanas, Ziliotto resolvió que ningún municipio perciba menos dinero, no modificó la ley de las “injusticias” y armó un nuevo fondo específico, con recursos provinciales, para compensar con una distribución “por población” a las comunas que salen más perdidosas en la actualidad.
Con todo, la manta es corta: a Santa Rosa ese fondo, que tendrá un monto total de $3.500 millones, no le alcanza y esperaba más ventajas. La versión provincial es que “con la nueva coparticipación todos ganan”. Así lo dijo Ziliotto. Su ministro de Hacienda, Guido Bisterfeld, interpretó que la más beneficiada es Santa Rosa y le puso números: recibirá unos $1.200 millones más al año. La capital calcula que con el actual régimen pierde unos $3.000 millones al año: le toca en la actualidad un índice coparticipable de 0,245 cuando hace una década, mientras gobernaba el radical Francisco Torroba, era de 0,29.