La emergencia alimentaria se impuso como prioridad para el gobernador Ziliotto. Palos opositores en la rueda y polémico índice propio. Castas a la defensiva.
La pobreza se volvió el tema central de la agenda política en La Pampa: el gobernador Sergio Ziliotto impuso como prioridad la emergencia alimentaria.
La gobernación del peronista Sergio Ziliotto en La Pampa se ve forzada por primera vez en mucho tiempo a poner a la pobreza como prioridad absoluta y excluyente, después de que la indigencia tocara su récord y de las amenazas para lo que viene que representan las políticas públicas de Javier Milei.
Las necesidades básicas insatisfechas copan la agenda política en una provincia que a la luz de su fama de bien administrada supo sacar chapa de “isla”.
Hubo un tiempo que fue hermoso: La Pampa miraba la pobreza como si fuera asunto de otro territorio. La relativa bonanza nacional resaltaba en una región con alto empleo público, productora de alimentos, sin deudas y donde, dice el refrán, “somos pocos y nos conocemos mucho”. En 2015, cuando Cristina Fernández de Kirchner se despedía de la Presidencia, el peronismo de Carlos Verna hacía campaña con la expectativa de “crear más empleo privado sustentable y decente”.
No es la realidad de esta hora, luego de años en que hasta se modificó la postal urbana de Santa Rosa, una ciudad de histórico movimiento comercial donde hoy como novedad florecen asentamientos barriales que antes sólo se veían por televisión. Llegó el peor de los derrames: en el mismo ritmo que en el resto del país, los índices negativos se multiplican de tal modo que el gobierno provincial decidió armar su propia estadística, midiendo el flagelo no sólo en el conglomerado de la capital Santa Rosa-Toay, sino en otros municipios.
Ziliotto puso a la pobreza en el centro de su acción de gobierno: gobernar ya no es dar trabajo, sino alimentar a los sectores más vulnerables. Para afrontar la emergencia alimentaria, ideó un “impuesto a la riqueza” que quedó rengo, que demora su efectivización y que significó costos políticos. Como si a la “isla” de La Pampa le hubieran preparado una bienvenida sin alfombra roja a la Argentina del Topo.
Además viene en franco crecimiento el índice primo de la pobreza. La desocupación y el desempleo vuelven a ser tema de conversación en la calle y en el barrio. La última cifra oficial fue del 7,8%, pero ese número es falso, según el propio secretario de Trabajo de la provincia, Marcelo Pedehontaá. El funcionario dice que si se toma en cuenta el mercado informal esa cifra es mucho más alta y no ve un horizonte positivo: “la tragedia empieza a sentirse”, redondea.
El año pasado, La Pampa celebró con pompa la instalación de la fábrica de calzados Calzatex: se incorporó maquinaria, se crearon decenas de fuentes de trabajo donde se habían generado los despidos de la firma Calzar y se abrió un horizonte de más puestos laborales.
Ese optimismo se derrumbó. Este mes, por primera vez, las quincenas se pagan con atraso. El dueño de la empresa, Gustavo Moreno, dice que la situación es tan difícil que el objetivo inmediato es no caer en despidos. A la vuelta de la esquina de esas angustias, lo que asoma es la pobreza.
En ese contexto oscuro, a La Pampa le queda un premio consuelo, de dudoso alivio: es la provincia con el menor índice de pobreza del país. Según el último informe de la Universidad Católica Argentina, difundido el mes pasado, para el primer trimestre de 2024 indicó un 36,2% de pobreza en la provincia, contra un promedio nacional del 54,9%.
El proceso se viene cocinando desde hace tiempo y por eso el gobierno provincial fue abriendo el paraguas. Cuando durante la gestión presidencial de Alberto Fernández la indigencia tocó un techo record, La Pampa decidió crear su propia medición.
Esto valió cuestionamientos opositores. Mientras se impuso de modo despectivo la figura del “INDEC paralelo”, el entonces candidato a la gobernación por el radicalismo, Martín Berhongaray, interpretó que se trataba de una herramienta “de gravedad institucional”.
El Índice de Vulnerabilidad Social (IVS) que se generó en febrero de 2023 no sólo tiene un fin estadístico, sino para la concreta aplicación de una política pública que también es hija de este tiempo de carencias. El Refuerzo Alimentario Focalizado Extraordinario (RAFE) es un aporte que a través de la Tarjeta Alimentaria efectiviza el acceso de las familias más vulnerables a la canasta básica alimentaria.
La medición se hace en Santa Rosa-Toay y también en otras de las ciudades más grandes: General Pico y Eduardo Castex en el norte, General Acha y Jacinto Aráuz en el sur, 25 de Mayo y Victorica en el oeste.
Los fondos del RAFE entraron en crisis este año porque se agotó el presupuesto y hubo una demora en el pago del mes anterior, que disparó la bronca también sobre las municipalidades. Los beneficiarios de bolsillos vacíos golpearon las puertas comunales frente a la demora legislativa en la sanción del “aporte solidario obligatorio” que Ziliotto ideó como remedio.
Desde el 1 de marzo el gobierno provincial anunció su necesidad de buscar fondos para atender la alimentación en la emergencia, que estableció como prioridad. La oposición prefirió hacerse fuerte en el rechazo: al otro lado de la grieta, la UCR, el PRO y Comunidad Organizada aprovecharon la volada para unirse legislativamente en el desencanto y bajo el argumento de no crear un nuevo impuesto le fueron poniendo palos en la rueda a la medida.
Esa postura intransigente generó sesiones sin cuórum, algo que nunca había ocurrido en La Pampa. El ánimo de las intendencias de esos espacios opositores fue diferente. En carne propia y en el fragor del Ejecutivo percibieron la necesidad del aporte, que finalmente salió tarde y corregido. Esas posturas ensancharon nuevas hendiduras en la oposición al peronismo.
Los dimes y diretes dejaron a salvo del “impuesto transitorio” a los dueños de cinco inmuebles urbanos y de autos de alta gama. Ahora, con la ley ya sancionada, la oposición exige en defensa de la casta financiera que la normativa se derogue: la amenaza del Banco Nación, que se niega a pagar un aumento en Ingresos Brutos, es utilizada como argumento para esa pretensión.
La inacabable novela del “aporte” también tiene impacto político en el Poder Judicial, donde el acuerdo del Superior Tribunal para imponer el diezmo obligatorio generó una rebelión en la casta de sus señorías y reactivó la guerra del máximo organismo con el Colegio de Magistrados y Funcionarios, que patalea y no quiere que le metan la mano en el bolsillo.
Mientras tanto, la pobreza sigue ahí: fea, sucia y mala, refrescando día a día, con dolor, que La Pampa no es una isla.