Grieta en la Justicia. Los fiscales contribuirán con el 1,5% de sus sueldos para la emergencia alimentaria. El Superior Tribunal calesitea y no define.
El Superior Tribunal de Justicia de La Pampa: Verónica Campo, Eduardo Fernández Mendía, José Sappa, Hugo Díaz y Luis Losi.
El “aporte solidario” que ideó el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, abrió una grieta en los tribunales y dejó a los jueces en la mira. La ley de Atención Prioritaria de Grupos Vulnerables que sancionó la Legislatura abre la puerta a la contribución voluntaria del funcionariado de los tres poderes. Los fiscales primerearon.
La agrupación que nuclea a los fiscales jugó al anticipo y se despachó con el anuncio: aportarán el 1,5% de sus sueldos al fondo solidario creado para sostener la asistencia alimentaria. Por su lado, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) le puso suspenso a la definición y no resuelve qué hará.
“Son diferentes cabezas. Otra forma de pensar. Somos gente con otra apertura”. Un fiscal intenta explicar de ese modo, en los pasillos de la ciudad Judicial de Santa Rosa, la diferencia con los jueces pampeanos, que ahora quedan expuestos a la mirada del resto de la comunidad, golpeada por los efectos de la crisis propiciada por Javier Milei.
La ley fue sancionada en la Legislatura provincial tras medio año de polémicas, bloqueo opositor, recortes al proyecto original, idas y vueltas. La norma ni siquiera está reglamentada aún. Ni lerdos ni perezosos, los fiscales dieron el paso al frente.
En términos futboleros, el equipo de los fiscales dejó en offside a los jueces. Sus jugadores no aguardaron a que el Superior Tribunal de Justicia dictaminara si aceptará el convite y de qué forma lo hará. Se cortaron solos y comunicaron que están dispuestos a colaborar, pusieron un número y avisaron que si se decide que sea más, está todo ok.
Los jueces quedaron en una posición incómoda. Ya habían intentado gambetear el desafío. El 26 de junio pasado, cuando el proyecto todavía estaba empantanado, el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial manifestó su “profunda y grave preocupación” por la posibilidad de que les metieran la mano en el bolsillo.
En el mensaje, plantearon que sería ilegal que se les impusiera una contribución, con el mismo argumento que utilizan para no pagar impuesto a las Ganancias: la Constitución garantiza la “intangibilidad” de sus sueldos. En realidad, la ley sancionada no los obliga: sólo invita a colaborar a los representantes de los tres poderes.
La recesión y el recorte del gobierno nacional de los fondos comprometidos a las provincias provocaron que los recursos del refuerzo alimentario –una ayuda extra a la tarjeta alimentaria- se extinguiera en agosto. Por eso, y por la demora en aprobar la ley, 10 mil familias vulnerables percibieron el refuerzo alimentario con dos semanas de retraso.
La pelota ahora está en el campo de juego de los jueces. El presidente del STJ, José Sappa, dijo después del último acuerdo que todavía no trataron el tema y que podrían llegar a abordarlo antes del 22 de este mes, cuando se liquidan las remuneraciones. Como excusa para quitarle el cuerpo a la definición, sacaron a relucir una curiosa condición.
“Preguntamos en concreto qué modalidades y porcentajes va a tomar el Ejecutivo y cómo van a liquidar. Son precisiones técnicas contables que pedimos para después tomar la decisión", contó Sappa. O sea: antes de decidir, quieren que los demás muestren las cartas y saber cuánto y de qué forma aportarán. Para que no se les vaya la mano o para no quedarse cortos.
El Ejecutivo y los diputados y las diputadas aportarán como responsables de la ley que se sancionó también con los votos de la mayor parte de la oposición. La incógnita reside en los jueces: se han ganado fama de tacaños porque es histórica la resistencia que han protagonizado ante la posibilidad de perder el beneficio de no pagar Ganancias.
“Si no van a hacer el aporte, después que no se ofendan si parte de la sociedad considera que son un sector privilegiado", los zamarreó Espartaco Marín, el presidente del bloque oficialista. El ministro de Gobierno, Pascual Fernández, metió más presión. “Todos debemos dar el ejemplo de alguna manera, debemos hacer el esfuerzo”, dijo.
La forma en la que se despegaron los fiscales fue un dedo en la llaga de los jueces. Sorprendió, pero no tanto. Hace siete años ya habían protagonizado un cisma, cuando los representantes del Ministerio Público se fueron de la asociación del resto de los magistrados y fundaron su propia agrupación, con el fundamento de representar intereses y necesidades diferentes.
Las disidencias habían arrancado años antes, cuando una reforma judicial cambió el rol de los fiscales: dejaron de ser meros acusadores en los juicios para tener un rol más activo. Llevan adelante las investigaciones con la policía como auxiliares, algo que antes dependía de jueces que, a partir de ahí, sólo controlan, sentencian o dirimen apelaciones.
“Uno de los objetos fundamentales de la creación de la asociación era defender los intereses de la sociedad, pero también hacer algún aporte a la comunidad”, advierte el presidente de la organización, el fiscal Oscar Cazenave. Recuerda que durante la pandemia usaron fondos de sus socios para apoyar a hospitales y comisarías, comprar barbijos y alcohol en gel.
La otra cara visible del espacio es Armando Agüero, fiscal de la zona noroeste de la provincia, afincado en General Pico, siempre de alto perfil y decidido a jugar políticamente.
La decisión de poner su granito de arena para el aporte solidario, dicen los fiscales, no fue repentina y surgió después de varios debates internos desde marzo de este año. “Decidimos con la comisión, que ya lo veníamos hablando, aportar a ese fondo común para ayudar a las familias”, dice Cazenave. También es una cuestión de imagen.
A la familia judicial le llueven reclamos para que dé muestras de empatía con el resto de la sociedad. Sin embargo, una semana antes de la sanción de la ley del aporte, el STJ sacó una acordada para establecer que sólo los funcionarios judiciales que ingresen al sistema este año pagarán Ganancias sobre el sueldo completo. En cambio, la mayoría siguen sin pagar.
En 2017 se estableció que sólo los funcionarios judiciales que ingresaran a partir de esa fecha deben tributar Ganancias. El resto, exceptuado. Los nuevos tributaban sobre parte del sueldo, no incluía adicionales. Una nueva ley ordenó que el cálculo abarque el bruto. El STJ, entonces, dispuso el 23 de agosto que ese tipo de descuento sólo se aplicará a quienes designaran a partir de ahora.
Los sueldos de magistrados y del funcionariado judicial no son bajos en relación al resto. Alcanzan en la pirámide jerárquica alrededor de 7 millones de pesos mensuales. Los ministros del STJ perciben $3.837.000, pero a eso se suman otros rubros que elevan muy por encima esa cifra. El gobernador, según la escala oficial, percibe $2.659,368.
Con este antecedente, el desmarque de los fiscales y una historia a cuestas, los jueces de La Pampa tendrán que apelar a su buen criterio y saber para tomar una decisión justa en los próximos días.