Las alarmas de Jorge Bergoglio y los obispos se actualizan. Connivencia institucional, financiamiento y permeabilidad de las campañas a capitales ilegales.
La Iglesia, José Luis Espert y el poder bajo sospecha
AGLPLas autoridades de la Iglesia evitaron pronunciarse sobre el Narcogate que compromete a José Luis Espert y tensiona la gobernabilidad de Javier Milei en plena campaña hacia las elecciones del 26 de octubre. El silencio eclesiástico revela que el problema del narcotráfico trasciende a un dirigente o un partido y expone la fragilidad del Estado frente al poder paralelo.
En la sombra del escándalo, volvió a resonar la voz de Jorge Bergoglio. Sus advertencias sobre la complicidad del poder con el crimen organizado, repetidas tanto en su etapa como arzobispo de Buenos Aires como en sus 12 años de papado en el Vaticano, adquirieron un nuevo espesor en un contexto marcado por el triple crimen en el conurbano bonaerense y la sospecha sobre vínculos narco en la política nacional.
La pregunta de fondo quedó instalada: ¿quién gobierna los territorios donde el Estado no llega y el narcotráfico impone sus reglas?
El único que habló de este escándalo fue el arzobispo porteño Jorge García Cuerva, quien expresó: "Como ciudadano puedo tener mi opinión. Cualquiera que esté ligado a una circunstancia como esta es terrible. Yo creo que no está bueno. No quiero puntualizar en este caso, pero no está bueno".
"Los argentinos nos merecemos algo mucho mejor, poder desligarnos de esta problemática del narcotráfico, que ven lo mal que le hace a nuestra gente. Tenemos que ser una clase dirigente muy transparente, muy comprometida y muy honesta", opinó en declaraciones a Radio Mitre.
En un video grabado para la población de la ciudad de Rosario en marzo de 2024, entonces marcada por la violencia y la muerte, el papa Francisco sostuvo que “sin complicidades de un sector del poder político, policial, judicial, económico y financiero no sería posible llegar a la situación actual”.
El diagnóstico fue lapidario: no alcanza con fuerzas federales, sino que se requiere una respuesta integral que combine prevención, asistencia y reconstrucción comunitaria.
“El silencio del Estado naturaliza el consumo y la comercialización de drogas”, advirtió. Ese silencio, traducido en desinterés político o falta de decisión, abre espacio a poderes de facto que se convierten en reguladores de la vida cotidiana en barrios marcados por la violencia.
En esos tiempos de inició de la gestión libertaria, el gobierno de Milei recogió el guante con frialdad. El vocero presidencial Manuel Adorni respondió que “en un montón de puntos probablemente no estemos jamás de acuerdo con el papa”.
La línea libertaria insiste en blindar a sus candidatos y en presentar los señalamientos como parte de una ofensiva opositora. Pero el contrapunto no deja de exhibir el contraste entre una Iglesia que reclama recuperar la política como “vocación altísima” y un oficialismo que se parapeta en la lógica del mercado y el ajuste.
La tormenta política se desató al conocerse los vínculos de Espert con el empresario Fred Machado, acusado en Estados Unidos de liderar una red de narcotráfico. El diputado libertario admitió haber recibido u$s 200.000 por un contrato de consultoría, aunque aseguró desconocer las actividades ilícitas de su contratista. “Pude haber pecado de ingenuo, pero de delincuente jamás”, intentó defenderse.
Milei denunció una operación del kirchnerismo. Sin embargo, la causa en la Justicia sigue abierta y coloca al legislador en una posición incómoda. El impacto político es mayor porque la sospecha no recae en un funcionario menor, sino en una figura clave del armado oficialista en el Congreso.
La discusión trasciende la defensa personal: el episodio reactiva el debate sobre el financiamiento político y la permeabilidad de las campañas a capitales ilegales. La Iglesia, que hace tiempo viene marcando esta preocupación, encuentra en este caso un ejemplo concreto de cómo los narcodólares pueden condicionar la democracia.
La conmoción social por el asesinato de Lara Gutiérrez, Morena Verdi y Brenda del Castillo en el conurbano bonaerense terminó de instalar el tema en la agenda pública. El principal sospechoso, Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, se convirtió en símbolo del poder narco en los barrios.
“El triple crimen es apenas la punta del iceberg”, advirtió Eduardo García, obispo de San Justo. Para el diocesano matancero, la tragedia refleja un “cóctel explosivo” de pobreza estructural, falta de políticas de inclusión, adicciones y connivencia institucional.
“Nada pasa sin que no se sepa”, lanzó, apuntando directamente a sectores políticos, judiciales y policiales. Frente a la expansión narco, García insistió en la necesidad de reconstruir comunidad desde abajo, con las tres “C” -colegio, club y capilla- como trincheras de contención social.
Este enfoque pastoral contrasta con la lógica del mercado de drogas, que ofrece la trampa del dinero fácil a personas jóvenes sin horizonte.
El discurso eclesial no es nuevo. En 2013, poco después de la elección de Bergoglio como papa, la Conferencia Episcopal Argentina alertó sobre la “complicidad y corrupción de algunos dirigentes” y advirtió que el país corría riesgo de un “punto de difícil retorno”.
Una década después, el documento “Las heridas del narcotráfico”, publicado en 2023 por la Comisión Episcopal de Pastoral Social, reforzó el mismo diagnóstico: la penetración narco avanza porque existe tolerancia o indiferencia de parte de las élites políticas.
La novedad de esta coyuntura es que las advertencias se producen en medio de una campaña electoral sacudida por sospechas concretas y por un crimen que golpeó la sensibilidad social.
En palabras de un obispo del conurbano consultado por Letra P: “Lo que antes era advertencia ahora se convirtió en experiencia palpable”.
El caso Espert y la tragedia de la adolescente y las dos jóvenes en un supuesto ajuste de cuentas narco confluyen en una misma conclusión: la existencia de un Estado paralelo en vastas zonas del país. Allí, las organizaciones criminales regulan la vida social, proveen ingresos, dictan castigos y, en muchos casos, ofrecen más presencia que el Estado mismo.
La Iglesia pone el dedo en esa llaga: si las elecciones no incorporan la discusión sobre adicciones, salud mental y narcotráfico, la democracia continuará cediendo terreno ante estructuras mafiosas. No se trata sólo de seguridad, sino de soberanía política.
La advertencia es doble: el narco no sólo mata en los barrios, también condiciona la agenda pública, financia campañas y erosiona instituciones. Para el entonces papa Francisco, la única alternativa es fortalecer el tejido comunitario y recuperar la política como servicio al bien común. Si eso no ocurre, la verdadera autoridad en los territorios será ejercida por las redes criminales.