El gobernador quiere un nuevo texto para 2027. Dos mandatos máximo, unicameralidad y ley antinepotismo para que no se repita la experiencia Rodríguez Saá.
Claudio Poggi, gobernador de San Luis.
San Luis tiene todo listo para empezar a discutir una reforma constitucional que cumpla parte de los objetivos que Claudio Poggi se propuso para su gestión. El gobernador ya trazó un mapa de acción que tiene como horizonte 2027, para cuando el actual texto constitucional, promulgado en 1987, cumpla 40 años sin ser revisado.
En abril, cuando abrió las sesiones ordinarias de la Legislatura, el gobernador retomó uno de los ejes destacados en su discurso de asunción y se comprometió a “recuperar y fortalecer la institucionalidad en San Luis”. Allí anunció un proyecto para crear una comisión de análisis que semanas atrás fue aprobada por el Senado provincial y espera ser tratada por la cámara baja.
La Constitución vigente en San Luis tuvo una última revisión integral en 1986, durante el primero de los cinco períodos de gobierno encabezados por Adolfo Rodríguez Saá. Por eso, uno de sus hijos políticos quiere cambiar el texto que tiene, entre sus puntos centrales, los aspectos relacionados con el régimen electoral, la representación y la organización institucional de la provincia.
Entre esos destacados, Poggi lanza un audaz proyecto que busca limitar las reelecciones a sólo dos mandatos, sin posibilidad de regreso, y una ley de consanguinidad para evitar que familiares intercalen sus turnos en el poder.
Las intenciones de Poggi contemplan aspectos neurálgicos en el régimen electoral de San Luis, que tienen a la derogación de la Ley de Lemas entre ceja y ceja. El sistema de doble voto simultáneo estuvo vigente en la provincia entre 1986 y 2004, pero Alberto Rodríguez Saá la retomó cuando eliminó las primarias, que no eran obligatorias en territorio puntano, para las elecciones del año pasado.
El consenso para avanzar en esa dirección parece estar mucho más afianzado que con otras reformas estructurales que se propone Poggi, como la reconversión del sistema legislativo. El gobernador quiere ir hacia la unicameralidad, pero también pretende distanciar los procesos electorales, renovando la totalidad de la cámara cada cuatro años.
Además de limitar las reelecciones para todos los cargos electivos, en una de sus apuestas más fuertes, Poggi busca incorporar una cláusula de consanguinidad que evite lo sucedido con los Rodríguez Saá: entre los dos hermanos gobernaron durante 34 de los 40 años que cuentan desde el regreso democrático.
Poggi es, de hecho, el único gobernador electo que accedió al poder en todo ese tiempo sin relaciones familiares con Adolfo y Alberto, aunque sí políticas. Fue el candidato del peronismo en el 2011 y, aprovechando la disputa familiar, se abrazó con el mayor de los hermanos en la contienda de 2023.
El gobernador pretende que ningún familiar, cuyo grado de parentesco deberá definirse en la discusión, pueda aspirar a convertirse en el sucesor inmediato del gobernador en funciones. En caso de un eventual deseo por ocupar el mismo cargo, deberá esperar al menos un periodo.
Como propuso el Frente de Todos a comienzos de la gestión de Alberto Fernández, el gobernador de San Luis quiere establecer un sistema de capitales alternas, ampliar el período de sesiones ordinarias, que actualmente comienzan el 1 de abril, y avanzar sobre el sistema para la designación de magistrados.
La Comisión de Análisis y Conveniencia de una Reforma de la Constitución estará formada por diez diputados y cuatro senadores, además de representantes del Ejecutivo. A ese cuerpo también se sumarán representantes de fuerzas partidarias y del Poder Judicial y legisladores nacionales. Para ampliar el campo de participación, también se sumarían intendentes, colegios profesionales y representantes de las universidades.
La idea es realizar un trabajo en el que se establezcan parámetros mínimos para la discusión y, en el mejor de los casos, llegar a un núcleo de coincidencias que puedan servir para abordar la discusión y fijar las pautas para la convocatoria a elecciones constituyentes en 2025.
El oficialismo confía en que no habrá grandes problemas para avanzar en la discusión, ya que la oposición no se expresó orgánicamente en contra del proyecto, que a lo largo del próximo mes espera ser tratado en Diputados.
Como contó Letra P, al menos seis gobernadores impulsan proyectos de revisión en sus constituciones provinciales que tienen a los sistemas electorales como aspectos centrales del debate. Ricardo Quintela juró el nuevo texto riojano a comienzos de esta semana y el caso de San Luis parece ahora ser el más avanzado. También, el más arriesgado.
En los tinglados del oficialismo provincial saben que, más allá del aggiornamiento, Poggi avanza sobre cuestiones relacionadas con la construcción de poder que marcaron a fuego la historia reciente de la provincia. También, que San Luis no es la única marcada por los intentos de perpetuidad y las leyes electorales controversiales.
Por esa razón, lo que pueda debatirse en territorio puntano será observado con atención por parte del universo de gobernadores que analiza qué posición asumir ante los discursos de época que cuestionan la concentración de poder y el gasto público para sostener costosos modelos electorales y estructuras legislativas cuya relación con el día a día de la ciudadanía parece demasiado distante.