Emparentados con el perfil refundacional que Javier Milei quiere imponerle a su gestión, los gobernadores de San Luis, Santa Fe, La Rioja, Tucumán, Catamarca y Tierra del Fuego decidieron encarar reformas constitucionales que concentran sus energías en la política doméstica. Entre el aggiornamiento y el signo de los tiempos, la ola reformista descubre también un debate por la concentración del poder.
Con el Presidente centralizando la discusión política del país, el peronismo que no logra levantar cabeza luego del golpe al mentón que representó la derrota electoral del año pasado, el PRO sumergido en una interna descarnada y el radicalismo que no logra consensuar su rumbo, los gobernadores vuelven a concentrarse en sus provincias y, en defensa propia, le corren el cuerpo a la proyección nacional que parece ser el movimiento lógico para los jefes provinciales.
Allí hay un primer punto en común que comparten cinco de los seis caudillos que quieren cambiar sus constituciones. Siempre partiendo de las actuales normativas, sólo Claudio Poggi podría aspirar a un segundo mandato. El resto no tiene reelección.
¿El tercer tiempo de los gobernadores?
Al igual que a nivel nacional, ninguna provincia argentina permitía dos mandataos consecutivos a los gobernadores en 1983, el año en que la Argentina recuperó su tiempo democrático. También en espejo con el país, todos los que pudieron hacerlo se valieron de reformas para conseguirlo desde entonces.
Por esa experiencia acumulada, detrás de cada una de las reformas sobrevuela la posibilidad que se abre a partir de una nueva constitución. Ninguno de los proyectos en danza hoy considera la chance de una reelección indefinida o plantea ampliar la cantidad de periodos consecutivos para estar al mando, pero la jura sobre un nuevo texto aparece como una especie de fantasma y, a la vez, de salvoconducto en cada uno de los debates.
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Maximiliano Pullaro es uno de los dos gobernadores del país que no tiene la posibilidad de ser reelecto. El otro es Alfredo Cornejo, de Mendoza.
A nivel municipal, el ejemplo más cercano en el tiempo es el del intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, que modificó su Carta Orgánica en 2022 y se basó en una interpretación jurídica extendida para ser elegido por tercera vez. ¿Cómo? No se contempló su primer mandato, ya que se produjo sobre un texto anterior a la nueva constitución. El tema aparece, entonces, como uno de los aspectos centrales sobre los cuales debe dar respuestas Melella cada vez que se refiere a su actual proyecto de reforma.
Un caso particular sucede en Santa Fe, cuya Constitución fue proclamada en 1962 y no contempla la posibilidad de reelegir. En los últimos años, los socialistas Antonio Bonfatti y Miguel Lifschitz intentaron avanzar, sin suerte, con reformas que se quedaron a mitad de camino.
La discusión por el poder en las provincias
Pullaro deja que los proyectos avancen, aunque como sus antecesores sabe que la posibilidad de sumar mandatos es una especie de necesidad compartida por toda la clase política provincial que convive con gobernadores cuyo poder empieza a disolverse desde el momento mismo de la asunción.
No pasa lo mismo con los integrantes de la Legislatura provincial que, al igual que en Tierra del Fuego y San Luis no encuentran inconvenientes para continuar en sus cargos indefinidamente si la ciudadanía así lo decide.
Allí hay otro punto que atañe a la discusión sobre el poder en las provincias, que se desvirtúa a partir de algunas figuras que ven pasar a los gobernadores desde sus bancas, construyendo una suerte de referencia paralela tanto en lo que concierne a las estructuras partidarias como a la territorialización política.
Después de asegurarse su reelección en 2023, Jalil impulsó una reforma en Catamarca que limitó la reelección para todos los cargos representativos, incluso el suyo. Quintela, que jurará la nueva Constitución este lunes, ya aprobó los cambios que habilitan hasta dos periodos consecutivos, el mismo sistema que rige para Tucumán.
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La Rioja tiene una nueva Constitución. Otros cinco gobernadores discuten en su distritos.
La Rioja también avanzó en un viejo sueño del kirchnerismo y puso un límite de diez años para el ejercicio de jueces y juezas, aunque con la posibilidad de revalidar cargos. El mismo tema aparece como uno de los aspectos más controversiales de la discusión que pretende impulsar Jaldo en Tucumán.
En ese marco, las reformas estructurales que plantean los gobernadores también apuntan a una revisión general del sistema y podría alcanzar a las orgánicas municipales, que por lo general impactan en los grandes centros urbanos donde el reparto de poder suele tener la misma lógica que se aplica a nivel provincial.
A lo Javier Milei: el gasto como excusa
Otra de las formas en que los jefes provinciales suelen recortar el poder que se construye desde los aparatos legislativos consiste en reducir las chances de ingresar a esas estructuras. La mejor forma para avanzar en esa dirección parece ser la adopción de sistemas unicamerales. En la actualidad, apenas ocho provincias cuentan con dos cámaras, entre ellas San Luis y Catamarca.
En su discurso de asunción, Poggi dio cuenta de algunos de los que considera aspectos centrales para su proyecto de reforma e incluyó la propuesta de cambiar el sistema. “Debemos estudiar su efectividad, razonabilidad y aplicarlo a nuestro orden constitucional, lo que devendría en menores gastos, con mejor eficiencia legislativa”, dijo ante la asamblea legislativa puntana.
En ese discurso, el único puntano electo gobernador que no lleva el apellido Rodríguez Saá desde 1983, también avanzó con otra propuesta que divide el mapa argentino en dos: la eliminación de las elecciones de medio término. Algo que sucede en 11 de los 24 distritos del país.
“Esto lleva a que año por medio todas las fuerzas políticas destinemos una porción importante de nuestras energías y recursos para las elecciones, relegando muchas veces las necesidades de la gente, además de complicarle la vida”, dijo Poggi en aquel discurso. Entre líneas, todo el universo político sabe que las elecciones de medio término suelen ser aprovechadas por la oposición para “medirse” y copar la discusión poniendo a los oficialismos a la defensiva.
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Jalil ya había expresado sus intenciones de avanzar en la misma dirección en la previa de la reforma electoral que terminó efectivizando sobre el filo de su primera gestión. Ahora dependerá de las conversaciones que comenzará a tener con los sectores opositores en el marco de su ya convocado Pacto Catamarqueño.
El argumento del gasto también aparece en las reformas de los mecanismos electorales que tienen a Tucumán y San Luis en el centro, buscando dejar atrás el sistema de acoples y la Ley de Lemas. Aunque no se descarta que las reformas con las que busca avanzar la Casa Rosada a nivel nacional también tengan su impacto en las discusiones provinciales, sobre todo en lo que concierne a la eliminación de las primarias y la adopción de la boleta única.